Cuantas veces intentaren los miembros de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados impulsar un período extraordinario de sesiones para desaforar al senador Ricardo Aldana, siempre se encontrarán con el muro insuperable de la fracción priista en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Había ocurrido ya una vez, el 18 de junio y aconteció de nuevo el 25.
La Comisión Permanente se integra con 19 diputados y con 18 senadores, escogidos en sus respectivas cámaras. Aunque la ley orgánica del Congreso dispone que sean “designados mediante voto secreto”, en realidad se negocia una planilla entre los grupos parlamentarios, en que cada uno de ellos dispone de un número de bancas en proporción al tamaño de las fracciones. Así, de los 19 diputados, los dos partidos más grandes (PRI y PAN), que están casi empatados en la totalidad (209 contra 205) se reparten 16 escaños, ocho para cada uno. Al PRD le corresponden sólo dos y uno al Verde. No hay lugar para los restantes.
En el Senado el PRI mantiene un grupo mucho más numeroso que el del PAN (60 y 46), por lo que obtiene ventaja, así sea mínima al integrar la Comisión Permanente: ocho contra siete. Y ya sólo queda espacio, como en la representación de San Lázaro, para dos perredistas y una senadora verde.
Para citar a período extraordinario se requiere una mayoría calificada, de dos tercios, es decir 25 legisladores. Si son priistas 16, los 21 restantes no alcanzan aquella cifra. Se requeriría, suponiendo unidad de propósitos y de acción en los no priistas, que cuatro legisladores que sí lo son se indisciplinaran. Ocurrió parcialmente el miércoles pasado, cuando el diputado guerrerense Efrén Leyva dejó en quince la suma de votos priistas pues él se abstuvo.
Pero ni así se llega a la cifra necesaria. Y menos con la veleidad verde. El 18 de junio sus dos representantes se abstuvieron. El 25 anunciaron que votarían en favor del extraordinario, pero cumplieron a medias, ya que uno de sus representantes se ausentó a la hora de votar. El tema les resulta urticante, porque al constituirse la Sección Instructora el año pasado, con sensatez fueron marginados. En rigor estricto, tal sección, que consta de cuatro miembros, debió ser integrada por un representante de cada uno de los cuatro partidos mayores. Pero el PAN y el PRD supieron que si entraba un legislador verde, se asociaría de inmediato con el PRI y quedarían trabadas las deliberaciones de la Instructora. Y resolvieron crear su propio equilibrio: el presidente de la Sección sería un perredista, Ricardo Moreno Bastida y habría dos miembros panistas, Cuauhtémoc Cardona y José Francisco Blake. El cuarto integrante, el priista Eduardo Andrade ha actuado siempre bajo protesta, pues su grupo (como el verde) objetó la integración de la Instructora, en un intento inicial de evitar lo que hasta ahora, meses después, han conseguido evitar.
El resultado neto de esa elemental aritmética parlamentaria se llama impunidad. El senador Aldana seguirá a salvo de la acción penal que se busca iniciar en su contra hasta el 31 de agosto del 2006, pues no es posible saber con certeza, hoy, si en la próxima legislatura persistirá el ánimo político de castigar a quien está probado que fue el transmisor de al menos 500 millones de pesos de Pemex al PRI.
A la impunidad de que hasta entonces disfrutará Aldana corresponde la que beneficiará a Lino Korrodi por su exoneración por lavado de dinero, anunciada ya por la Procuraduría General de la República. Demasiadas señales previas hacían sospechar que tal sería el desenlace de la denuncia presentada, en momentos diferentes, por el consejero electoral Jaime Cárdenas y por Pablo Gómez, que representa al PRD en el IFE y que fue el exitoso promotor de la causa que está costando al tricolor mil millones de pesos. En primer lugar, pasaron por lo menos cinco meses hasta que la oficina correspondiente llamara a Korrodi. Cuando lo tuvo a su disposición, en poco más de dos horas lo dejó ir a su casa. En fuerte contraste, a Eduardo Fernández, que anunció sin cumplirlo, que también responsabilizaría a Korrodi de lavado de dinero, lo mantuvieron arraigado treinta días, al cabo de los cuales debieron dejarlo ir, falto el ministerio público de elementos para demandar la prolongación del arraigo o una orden de aprehensión.
No hay que suponer que la exoneración de Korrodi pone fin al caso de los Amigos de Fox. Están en curso la averiguación previa por delitos electorales, a cargo de la PGR, y la investigación administrativa que lleva adelante el IFE. Aunque no esta semana, es decir antes de la jornada electoral, esas pistas serán recorridas en su totalidad. Puede augurarse que en el IFE se comprobará un importante monto de financiamiento irregular y le será asestada al PAN una multa por el doble de lo no reportado o recibido con violación a la ley vigente.
No sabemos, en cambio, si habrá acción penal contra los Amigos de Fox que resultaran indiciados tras la averiguación previa de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Su titular, María de los Ángeles Fromow, no se caracteriza por la celeridad de sus trámites, salvo si se trata de exonerar al jefe de su jefe. Sin pesquisa alguna, sin que siquiera el caso le fuera presentado, dictaminó que Fox no incurría en responsabilidad alguna al realizar la campaña que suspendió el jueves pasado. Un comentario sin sustento puede hacerlo cualquier persona, en el café. No la responsable de perseguir a los delincuentes electorales.