Por su contribución al desmantelamiento del sistema autoritario e ilegal del partido del Estado, el 14 de marzo del 2003 debe ser marcado en la historia mexicana con la misma tinta indeleble con que se anota el dos de julio del 2000. No hay hipérbole en la comparación, pues anteayer se probó inequívocamente que el PRI recibió recursos públicos que, consiguientemente, no reportó a la autoridad electoral. Y, a partir de tal verificación, se le ha impuesto una sanción condigna. Por primera vez el PRI ha sido sorprendido con las manos en la masa y deberá pagar por ello.
Siempre se supo que, de muchos modos, el gobierno sostenía a su partido. Estamos ahora ante la primera evidencia corroborada y ante su inicial consecuencia jurídica de que así era. De que así fue al menos en la campaña presidencial del 2000, cuando Pemex canalizó de seguro 500 millones de pesos, y probablemente 140 millones más, a través del sindicato petrolero, al Partido Revolucionario Institucional.
La comisión de fiscalización del consejo general del IFE llegó el martes 11 a esa conclusión. Ese día, el PRI intentó, con presión violenta y tumultuaria interferir en la sesión. Si con su despliegue porril pretendió intimidar a los miembros de esa comisión, se frustró su propósito. Pero quedó constancia del tamaño de su amago. Rafael Ortiz, representante suplente de ese partido en el órgano electoral, lo sintetizó con una fábula sugerida, acompañada de su moraleja: El castigo que se impondría a su partido equivale, dijo, a pisar la cola al león.
Quiso así anunciar la reacción furiosa de su partido. La metáfora es precisa: El león tiene “dientes y uñas muy fuertes y la cola larga”, dice el diccionario. Como dicha bestia, en los tiempos en que la contienda electoral se asemejaba a una jungla, el PRI era el rey de esa selva. Imponía su ley sin contrasta alguno, sin ningún miramiento. Ahora que una autoridad imparcial rige los comicios, todo el león, y no sólo su cola, se ha vuelto vulnerable. Por eso acusó el pisotón inicial en el apéndice mismo, y amenaza con una reacción del animal entero, puesto abruptamente en movimiento. Esa reacción fue controlada o imposible el viernes, cuando el consejo general aprobó el dictamen del comité fiscalizador sin ningún voto en contra (ocho en favor y una abstención). Era previsible una invasión intimidatoria, como la que madracistas practicaron en su propio partido la noche en que su candidato al liderazgo nacional parecía perder la elección interna. No ase cumplió, en buena hora, ese temor. Pero el amago fue formulado y haríamos mal en pasarlo por alto, en desdeñarlo.
Intentará cumplirse, por ahora, poniendo en entredicho al IFE. La maniobra inicial, sin embargo, no fructifica. Varias mediciones, no rigurosas pero sí indicativas, ofrecen un primer saldo favorable a la autoridad electoral. De modo abrumador, la mayor parte de la gente le otorga crédito, y descree de lo que dice el PRI, impulsor de la teoría de una conspiración estatal en la que el IFE haría parte del trabajo sucio. Los hechos abonan la conducta del órgano electoral y apuntalan el descrédito del partido tricolor.
Roberto Madrazo escogió, por afinidad (en el sentido sicológico, no jurídico del término) a Miguel Ángel Yunes no sólo para representar jurídicamente a su partido (con lo que evidencia su idea del derecho), sino para enfrentar la denuncia electoral presentada por el PRD en enero del año pasado, después de que una investigación administrativa y una averiguación penal indicaron que el PRI había recibido dinero de Pemex. Encargada a Yunes, la defensa del PRI ante el IFE ha sido ridículamente ineficaz. Pretendió impugnar a los consejeros responsables de la fiscalización, y el Tribunal electoral confirmó su competencia. Buscó revertir la acusación contra su partido y ofreció un peritaje contable que, por contraste, la corrobora. Es que su argumento central es una falacia: No hay pruebas de que el PRI recibió ese dinero. De no haberlas, el sofisma caería de todas formas por su propio peso: No las hay porque se ocultaron, porque se practicó la simulación, como hace quien procede ilegalmente. Pero las hay, y el sólido dictamen de la comisión fiscalizadora las despliega rotundamente. Por eso recibió apoyo casi unánime, incluido el de algunos partidos, mientras que el PRI quedó solo en su causa, tan mal gestionada que su personero apareció ignorante aun de la reglamentación del debate al que se le mandó como estrella en el lugar de los que sí saben porque hacen la tarea cotidiana.
El dictamen está contenido en 742 páginas. Es posible revisarlas en breve lapso, sin embargo. Y especialmente pudieron hacerlo consejeros y representantes de los partidos, que han tenido acceso al vasto repertorio de antecedentes, que en su mayor parte reseña la abundante correspondencia con que se ha ido engrosando el expediente o reproduce documentos ya conocidos. El mejor ejemplo es la contestación del PRI a la acusación, que ocupa unas 250 páginas del total y que, obligada y atinadamente se inserta en el dictamen.
En resumen, el dictamen prueba, en todo momento a partir de constancias documentales, que llegaron al PRI quinientos millones de pesos procedentes de una cuenta del sindicato petrolero, abierta ex profeso, con recursos que indebidamente fueron aportados por Pemex. Si bien el IFE basó su indagación, principal pero no exclusivamente en la averiguación previa iniciada en diciembre de 2001 por la Procuraduría General de la República, realizó también su propia investigación y sobre todo elaboró a partir de todos los resultados una conclusión tan palmaria como la que permite la identificación de un pato: Si uno ve un animal que camina como pato, grazna como pato, vuela como pato, uno puede llegar a la razonable convicción de que es un pato.
Al fijar la litis, el IFE se propuso determinar si el PRI recibió “fuera del marco de la Constitución y de la ley, recursos provenientes de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) a través del sindicato de trabajadores petroleros de la República Mexicana (STPRM)”. Y también establecer, en consecuencia, si omitió reportar esos recursos, y si sus montos excedieron lo que puede recibir de sus organizaciones adheridas y si sobrepasaron los topes de campaña. La comisión fiscalizadora concluyó, con base en investigaciones y conclusiones de las varias instancias involucradas en el asunto (incluyendo la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Congreso, no del Ejecutivo), que el presunto préstamo de la empresa al sindicato se otorgó mediante un procedimiento plagado de irregularidades, y señaladamente burdo. Su monto era excepcional, por completo desusado, pues los préstamos habituales al sindicato oscilaban alrededor de cinco millones de pesos. Y se pactó que sería cubierto mediante entregas mensuales de veinte millones de pesos, lo que de haber procedido hubiera dejado en la quiebra al sindicato, que recibe mensualmente por concepto de cuotas unos 22 millones de pesos. No fue preciso llegar a ese extremo, pues se disfrazó después el préstamo como pago por prestaciones diferidas durante varios años, pago igualmente ilegal.
Se prueba el carácter de intermediario que asumió el sindicato con la modalidad escogida para el manejo de esa cantidad. Entre el nueve y el 21 de junio del 2000, seis personas retiraron aquella millonaria cantidad de una cuenta abierta por el tesorero del sindicato petrolero, que de modo expreso pidió a Banorte entregara los fondos a esas personas. ¿Eran miembros o empleados del sindicato? ¿Trabajaban para Aldana? ¿Actuaban por su cuenta? No: Cinco de ellos tenían nombramientos en el comité nacional priista. La sexta no estaba en esa condición, pero formaba parte de una asociación civil notoriamente vinculada a la candidatura presidencial de ese partido.
En el momento de sacar el dinero de Banorte y llevarlo a las oficinas priistas, Melitón Antonio Cázarez Castro era secretario técnico de la subsecretaría de Administración y Finanzas de la secretaría de Administración y Finanzas; Alonso Veraza López era coordinador general administrativo de la secretaría de Elecciones; Elpidio López López era secretario técnico de la subsecretaría de Administración y Finanzas; Joel Hortiales Pacheco era coordinador administrativo de la secretaría de Administración y Finanzas; y Gerardo Trejo Mejía era asesor en la secretaría de Administración y Finanzas.
Andrés Heredia Jiménez, el sexto portador del dinero, no tenía nombramiento en el PRI pero sí un contrato con la asociación civil Nuevo Impulso, entidad organizada por colaboradores de Francisco Labastida, que también montaron otra llamada Impulso Democrático. Debido al rigor con que procedió, la comisión fiscalizadora no satisfizo la denuncia en este punto, pues le fue imposible reunir evidencia de que esas agrupaciones recibieron o entregaron fondos de campaña no declarados al PRI. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Conbava), que tan eficaz ha sido en proteger las cuentas de Los Amigos de Fox, hizo también un servicio semejante a los de Labastida. A pesar de la sentencia que otorga poderes de investigación en ese campo al IFE, la Conbava rehusó solicitar a los bancos la documentación correspondiente a esas asociaciones. Queda así una línea de investigación pendiente, que no debilita el dictamen aprobado el viernes, sino que aportará en el futuro nueva evidencia del ilegal manejo del dinero público por el partido antaño oficial.
Nuevo Impulso, la asociación en que Heredia Jiménez cobraba por servicios como llevar efectivo de la cuenta abierta por Aldana a las oficinas del PRI, tenía su domicilio en la misma casa de la avenida Chapultepec donde Labastida tuvo su oficina de campaña. El coordinador de la asociación era Guillermo Ruiz de Teresa, al mismo tiempo secretario general adjunto del PRI y secretario particular del candidato; el secretario técnico de Nuevo Impulso era Jorge Cárdenas Elizondo, que se multiplicaba en tareas: Era también secretario de Administración y Finanzas del comité nacional priista (y jefe, por lo tanto, de cuatro de los portadores mencionados), coordinador de Administración y Finanzas de la campaña; y secretario de Impulso Democrático, la otra asociación civil, también domiciliada en la casa de avenida Chaupultepec, y cuyo presidente era el senador Emilio Gamboa.
Los portadores del dinero registraron sus firmas, para poder retirarlo, autorizados por Aldana, en las oficinas del PRI, algunos de ellos en presencia de Cárdenas Elizondo, y en todos los casos llevaron los fondos a las oficinas de ese partido, donde cada entrega era debidamente revisada. El misterio de los 140 millones que Aldana tomó a título personal está parcialmente revelado por la declaración de uno de los emisarios, que fue a sendos domicilios del sindicato a retirar fondos que también fueron trasladados al PRI. La acusación a ese partido, sin embargo, no incluyó esa cifra, sino “sólo” 500 millones, porque ese indicio no está corroborado por otros, exigencia a que se sometió invariablemente la comisión de fiscalización.
Las declaraciones de los portadores valen para la investigación electoral porque constan en documentos públicos, los de la averiguación previa, que no fueron entregados al IFE por la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (falsedad sostenida por el PRI, que de ese modo abre otra vía a su amenaza, al pretender que se dispuso ilegalmente de aquella documentación) sino por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
El dinero fue retirado y entregado, sostiene el dictamen con base documental, “bajo un esquema de organización tal, que implica que la ejecución de los actos respondió a ciertas acciones de dirección, mandato y obediencia”. No eran “acciones aisladas, sino coordinadas y encaminadas a un mismo fin”. Al dictamen aprobado el viernes no le será aplicable, cuando el PRI lo recurra ante el Tribunal, una sentencia que individualizó en un funcionario de ese partido las irregularidades atribuidas a la organización. En este caso la prueba de una acción partidaria concertada está suficientemente consolidada.
Cuando la comisión fiscalizadora no logró reunir evidencia suficiente, no fincó cargos al PRI, y por lo tanto declaró parcialmente infundada la denuncia del PRD cuyo promotor, Pablo Gómez, había aportado indicios que no en todos los casos pudieron ser corroborados. Por eso no se avanzó en la indagación sobre los amigos de Labastida y en torno al sorteo Milenium, presumiblemente montado para dar apariencia legal a los ingresos subrepticios procedentes de Pemex.
Lo probado excede en montos y en importancia a lo que está todavía por averiguar. Es debido justipreciar la contundencia de la investigación realizada por el IFE: Su comisión fiscalizadora y su consejo general. Ha permitido avanzar en la construcción de la democracia que, como bien dijo Yunes, no implica el exterminio de su partido. Pero sí supone que el PRI, y ninguno de sus contendientes, puedan actuar al margen de la ley. Padecemos en tantos terrenos tantas formas de impunidad, que alienta hallar un terreno donde esa mala yerba no florezca.
Quiera el PRI someter a los consejeros a juicio político. No importa: Ya los valora el de la gente.