Con adecuado sentido de la oportunidad, la Barra Mexicana -Colegio de Abogados-, quizá la más prestigiada agrupación de practicantes del Derecho, recordó ayer al Presidente de la República y al Senado de la República sus responsabilidades en torno a la elección de dos ministros de la Suprema Corte. La sola mención de la fecha límite para tales nombramientos, el 30 de noviembre, imprime a su mensaje un carácter de urgencia del que el Ejecutivo y ese órgano del Congreso no parecen tener conciencia.
La Barra recuerda el procedimiento constitucional respectivo: “El Presidente de la República tiene a su cargo la formación de una terna para cada vacante y el Senado debe elegir de entre los propuestos a quien fungirá como nuevo ministro”.
Resta muy poco tiempo real, y aun menor tiempo legislativo para que se designe a quienes releven a los ministros Juventino Castro y Castro y Vicente Aguinaco Alemán.
Cuando se integró la actual composición de la Corte, en buena hora se determinó el término escalonado de sus miembros y tocó en suerte a los ministros mencionados ser los primeros en salir, en el último día de este mes. Dada la proximidad de esa fecha, el Presidente debería haber remitido ya las ternas respectivas al Senado, que sólo efectuará cuatro (o tres quizá) sesiones ordinarias. Las celebra habitualmente los martes y los jueves, por lo que las habrá el 18, el 25 y el 27. Y ésas serían todas, si se cancela la del 20, por la fiesta patria de la fecha y no se la programa para otro día. El pleno ya está sobre el tiempo, y lo están asimismo las comisiones que deben entrevistar a los integrantes de las ternas y presentar los dictámenes correspondientes. Deberán realizar bajo presión esas labores.
El Senado debería tomar lección de un episodio propio ocurrido el año pasado y del más reciente habido hace dos viernes en la Cámara de Diputados. Cuando en 2002 se integró el órgano director del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) el presidente Fox demoró lo más que pudo en presentar sus nombramientos ante los senadores, que tenían facultad para objetar a las personas designadas. Sin información precisa, sin hablar con los nombrados, la Cámara de Senadores mal cumplió ese deber inaugural de la era de la transparencia gubernamental. Y no necesitamos recordar lo ocurrido el 31 de octubre en San Lázaro: a última hora, en el extremo de la fecha límite, sin conocer a fondo las propuestas, sin dictamen que fundara la elección, fue seleccionado el consejo general del IFE.
En este caso, el Senado depende de la voluntad presidencial, que no se ha expresado.
Por eso la Barra Mexicana, “consciente de la importancia que para la normalidad institucional tiene el oportuno cumplimiento del mandato constitucional, hace un respetuoso llamado a quienes tienen a su cargo el nombramiento, para que procedan a cumplir sus respectivas encomiendas”.
Ese colegio de abogados llama la atención sobre el riesgo de que, deliberadamente o por negligencia se restara importancia al límite de tiempo que constriñe a los participantes en el proceso: “Los requisitos constitucionales de eficiencia, capacidad, probidad, honorabilidad, competencia y prestigio profesional de los juristas que sean propuestos deben ser ponderados adecuadamente, por lo que el funcionamiento institucional y orgánico del máximo tribunal no permite mayor dilación. Diferir el nombramiento sometería a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a injustificadas alteraciones en su actividad al no estar integrada en los términos establecidos en la Constitución”.
En casos notables se ha tomado a la ligera la cabal integración de importantes cuerpos colegiados, porque esa índole permite su funcionamiento aun en ausencia de algunos de sus miembros. El Senado mismo dejó durante meses y aun años sin cubrir una vacante en el Consejo de la Judicatura y la junta directiva del IPAB actúan incompleta porque uno de sus miembros tiene prohibido por la ley sentarse en ese órgano de gobierno y no se ha considerado pertinente sustituirlo. Esa misma abulia podría disculpar un retraso en la designación de los ministros. Se dirá que el pleno puede perfectamente funcionar con nueve miembros y que las salas pueden hacerlo con cuatro integrantes cada una y hasta con tres. Pero el complaciente razonamiento deja fuera la carga de trabajo personal que se acumularía sobre los ministros en activo si tienen que ocuparse del que corresponde a plazas vacantes; o el rezago que se acumulará en la ponencia de los que lleguen, si no entran en funciones en diciembre mismo, antes de las vacaciones del sistema judicial.
Empeora el panorama la conjetura de que el Ejecutivo retrase a conciencia la designación para hacer viable una que tiene tomada in pectore. Cuando en febrero de este año la secretaria de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello dejó ese cargo para reemplazar en la consejería jurídica de la Presidencia al ahora presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Juan de Dios Castro, se estimó posible que su destino final fuera la Corte. Pero los tiempos no cuadran, pues se requiere que haya transcurrido un año entre la pertenencia al gabinete y el ingreso al máximo tribunal.
Durante las dos semanas que restan de este mes, en que debe realizarse la designación, la abogada Herrera Tello es inelegible. Sería injusto para su prestigio profesional que se demorara la presentación de las ternas el tiempo suficiente para incluirla en una de ellas.