Lo que era sólo un rumor —que sin embargo ha producido ya la renuncia de una eficaz funcionaria de Hacienda— aparece ahora, en la primera versión oficial sobre el tema, como "un proyecto en fase de evaluación por las diversas instancias gubernamentales competentes". Así llama Javier Moctezuma, subsecretario de Gobernación dedicado a la migración y los asuntos religiosos a lo que otros se refieren como una traición a la historia mexicana: la devolución del palacio del Arzobispado a la Iglesia Católica.
La intención oficial edulcora los términos de la cuestión: ese inmueble, situado a un costado del Palacio Nacional, en la calle de Moneda No. cuatro, sería entregado en comodato (préstamo de uso) a un fideicomiso, para que instale y gestione un museo de arte sacro. No lo admite con tal llaneza Moctezuma en la primera reacción oficial sobre el tema. Pero acepta que el proyecto en fase de evaluación consiste en entregar, mediante un "permiso de concesión" (?), ese edificio a "una asociación civil que lo administraría" y aportaría el financiamiento correspondiente, "siempre y cuando se cumplan todos los requisitos legales y museográficos debidos, en el entendido de que el inmueble del ex arzobispado permanecería abierto al público, no tendría finalidad lucrativa y continuaría siendo para beneficio general de la sociedad".
Moctezuma informa que el proyecto "se origina por una petición del Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico de la ciudad de México" que en efecto existe pero se refiere a la creación de un museo de arte sacro, no a la entrega de ese edificio a la arquidiócesis como en los hechos ocurriría de concretarse tal decisión.
El palacio fue una de las dos residencias en que vivieron, desde los orígenes de la Iglesia Católica en México, los obispos y más tarde arzobispos de la ciudad capital. El otro servía para que los jerarcas católicos veranearan en Tacubaya, desde el siglo XVIII, en un inmueble en que hoy funciona el Observatorio Astronómico Nacional. Apenas llegado a cumplir su misión, fray Juan de Zumárraga inició la obra del palacio de marras, el del centro, en 1530. Apenas concluido, en agosto de 1533 una cédula real de Carlos V dispuso que fuera la residencia oficial del obispo. Adquirió su actual forma en el último tercio del siglo XVIII. Como consecuencia de la ley de nacionalización de bienes del clero, pasó a manos del estado, que la vendió en 1861, si bien durante la breve restauración del poder eclesiástico derivada de la invasión francesa volvió a ser la casa del arzobispo en 1863. Al triunfar en 1867 la república, volvió al patrimonio público en que ha permanecido hasta ahora. Por ello con razón dice el subsecretario Moctezuma: "Por la naturaleza jurídica de dicho inmueble no puede ser objeto de enajenación alguna, toda vez que es un monumento histórico que forma parte del patrimonio inmobiliario de la nación".
Desde el siglo antepasado, ha servido a diversos propósitos de la administración pública. Albergó a la Contaduría Mayor de Hacienda y al Diario Oficial de la Federación, a la Secretaría del Patrimonio Nacional y, a últimas fechas, a la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda. Pero este último destino no implicó que se redujera a oficinas que usaran el palacio por debajo de sus posibilidades. Se ha exhibido allí buena parte de la colección Pago en especie, como se llama al resultado del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los artistas plásticos, que cubren con obra el impuesto sobre la renta de que son causantes.
Como consecuencia de la decisión de mudar el destino del palacio, renunció a su cargo Juana Inés Abreu Santos, que lo desempeñaba desde 1978. La designó en esa fecha David Ibarra y la ratificaron Jesús Silva Herzog, Gustavo Petriccioli, Pedro Aspe, Jaime Serra, Guillermo Ortíz, José Ángel Gurría y Francisco Gil, ante quien presentó su dimisión. El diverso talante de esos secretarios de Hacienda y de los presidentes a quienes sirvieron (López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox) muestra que fueron la aptitud profesional y la actitud ética de la renunciante los factores que la mantuvieron hasta ahora en esa delicada misión.
La Comisión de Arte Sacro de la arquidiócesis de México concibió de tiempo atrás la creación de un museo dedicado a ese propósito. Para el efecto fue creado un fideicomiso y en conversaciones del arzobispado con el gobierno capitalino, cuando lo encabezaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se planteó que se alojara en un local del centro de la ciudad de México, que ya se había identificado pero que no era el del antiguo arzobispado, un inmueble muy apetecido.
Al referirse a este tema en su Cámara, la senadora Dulce María Sauri Riancho recordó que en 1968 fue necesario frustrar una maniobra de particulares que pretendieron hacerse del palacio aduciendo deficiencias en su registro catastral. Si ello fuera verdad y no se hubieran corregido tales fallas, cualquier modificación jurídica en su uso y posesión pondría en riesgo esa pieza valiosa del patrimonio nacional.
En buena hora que la Iglesia Católica se interese en la preservación del arte religioso. Quizá pudiera resarcir a la nación, de ese modo, el daño que su incuria produjo durante largo tiempo al permitir y aun propiciar la destrucción de retablos barrocos, como lo ha denunciado el arquitecto Jaime Ortíz Lajous. Mas para ese propósito no se requiere volver atrás la historia.