La pretensión explícita de Carlos Salinas de volver a la política (no obstante la abrumadora corriente de opinión que lo rechaza) encuentra un obstáculo formidable en la situación jurídica de su hermano Raúl, cuyas implicaciones alcanzan al propio ex presidente. Dos importantes decisiones de la justicia federal, surtidas la semana pasada, corroboran la presunta culpabilidad del hermano incómodo en materia de corrupción pecuniaria, que no pudo practicar sin conocimiento y aún participación de quien ostentaba el poder Ejecutivo en los años del enriquecimiento del principal preso del penal estatal de Almoloya de Juárez.
El seis de agosto del año pasado un juez federal comenzó a procesar a Raúl Salinas de Gortari por peculado, ya que recibió 207 millones de pesos de una cuenta manejada por el director de administración de la Presidencia, el desaparecido Ernesto Sentíes. En aquel momento yo había dudado de la viabilidad de la acusación, pues no tuve en cuenta que en el peculado (como se está viendo en los intentos por procesar a Carlos Romero Deschamps) tanto peca el que mata la vaca como el que le tiene la pata. Es decir, que si bien el peculado es un delito propio de los servidores públicos, que distraen de su objetivo oficial fondos gubernamentales, comete el mismo delito quien recibe esos fondos.
Salinas de Gortari apeló el auto de formal prisión correspondiente, y luego acudió al juicio de amparo, que en primera instancia fue resuelto la semana pasada. Un juez federal negó a quien purga una pena por el homicidio de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu el amparo, por lo que aquella decisión inicial queda firme, por lo menos hasta que se resuelva la revisión, que será solicitada por el defensor de Salinas de Gortari, José Luis Nazar, hijo a su vez del ex director federal de seguridad Miguel Nazar, cuya propia orden de aprehensión por delitos cometidos durante la guerra sucia de los años setenta depende de la Suprema Corte de Justicia.
Sentíes mismo ha sido acusado de disponer de más de dos mil doscientos millones de pesos del dinero que manejaba en Los Pinos. Como funcionario muy próximo a Carlos Salinas durante 17 años, siempre a cargo de las cuentas en sus diversas responsabilidades, es difícil creer que Sentíes dispusiera de aquella millonaria cantidad por su propia decisión y que destinara, sin orden ni consulta, la décima parte de aquella enorme cantidad a mejorar la de suyo boyante situación económica del hermano mayor del Presidente.
Esa transferencia de más de doscientos millones de pesos se hizo con disimulo. Pero la Procuraduría General de la República, ya en esta administración (y no en la del odiado, por los Salinas, Ernesto Zedillo) comprobó que Salinas recibió tal cantidad a través de prestanombres entre los cuales sobresalía su contador Juan Manuel Gómez Gutiérrez.
Éste, prófugo también (o desaparecido), es hijo de Juan Gómez Caro, igualmente testaferro de Salinas de Gortari. Condenado en dos instancias por haber servido de parapeto al hermano incómodo para la adquisición del rancho de Las mendocinas, uno de los innumerables bienes inmuebles adquiridos por Raúl, buscó ser amparado por la justicia federal, que le negó protección también en las dos instancias correspondientes.
Todavía acudió Gómez Caro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al impugnar la constitucionalidad del delito de enriquecimiento ilícito, expresado en el artículo 224 del código penal federal. La semana pasada el pleno del tribunal constitucional rechazó el pedido del prestanombres y lo ratificó como tal. La acusación consiste en que “hizo figurar como suya la sociedad agropecuaria Mendocinas, SRL de CV y, en consecuencia, el inmueble denominado ex hacienda Guadalupe Mendocinas”, ubicado cerca de Huejotzingo, Pue.
Esta impugnación ante la Corte sólo se hizo por no dejar, o para ver si la pillaban en contradicción, ya que el propio Raúl Salinas había recibido respuesta negativa a su promoción en igual sentido, elevada al tribunal constitucional cuando a él mismo se le inició proceso por tal delito, de enriquecimiento ilícito. En agosto del año pasado el pleno, por unanimidad, declaró que esa figura penal corresponde con los lineamientos de la Constitución.
Ahora que ha salido a relucir de nuevo el famoso rancho, cuya desmesura y exceso retratan bien el género de abusos cometidos por su hermano mayor durante el gobierno del ex presidente que busca ser reciclado, creo conveniente describir esa enorme propiedad, adquirida con mecanismos que buscaban ocultar la participación jurídica de Raúl, pero que éste utilizaba y se la cual se ufanaba sin recato alguno.
Pero lo haré después, porque ahora es más importante cavilar sobre el destino de los cómplices de Raúl Salinas en los delitos por los que se le ha sentenciado o se le tiene sometido a proceso. No se trata sólo de los mencionados hoy aquí, Sentíes o Gómez Gutiérrez, sino también y de modo principal de Manuel Muñoz Rocha, quien según constancias procesales fue pieza clave en el asesinato de Ruiz Massieu. Hace exactamente nueve años que desapareció. La última vez que se le vio fue mientras visitaba a Raúl Salinas, según testimonio de un militar, miembro del Estado Mayor Presidencial, que servía de escolta al hermano del Presidente.
Tenemos derecho a preguntarnos si han sido más afortunados que Raúl, pues lograron huir de la justicia, que presumiblemente los busca con denuedo. O acaso fueron más desafortunados porque ya no viven.