Los abogados José Antonio Ortega y Fernando Guzmán Pérez-Peláez, diputado federal este último, tuvieron acceso el viernes pasado a una averiguación previa en curso, en que ambos figuran y en que aparecen como indiciados el cardenal Juan Sandoval Íñiguez y el empresario del juego José María Guardia López
No es usual que mientras se integra la averiguación puedan conocerla los afectados. Algunos a quienes se les ha impedido conocerla, como los acusados por la desviación de dinero de Pemex al comité sindical y al PRI, tuvieron que acudir al juicio de amparo para conocer los pasos de un procedimiento que puede, formalmente, derivar en el ejercicio de la acción penal en su contra. Ortega y Guzmán quedaron sorprendidos por la denuncia de que deriva la investigación.
El ex procurador Jorge Carpizo presentó un escrito anónimo, injurioso contra el cardenal arzobispo de Guadalajara. Aclarando que no hace suyo el contenido, ni formula imputación alguna con base en el documento, pidió sin embargo iniciar una averiguación, a lo que accedió la Procuraduría General de la República. A partir de ese hecho, o de modo paralelo en otros diferentes, la PGR debe haber encontrados indicios que involucran a las quince personas sobre cuyas actividades financieras y bursátiles pidió a fines de agosto informes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Concluimos de esta circunstancia que esta averiguación no surge sólo de la denuncia de Carpízo. La PGR deberá explicitar, más adelante, las causas y las fuentes de su investigación.
Mientras tanto, el Presidente de la República y el cardenal Sandoval Íñiguez cometieron un error al encontrarse en el rancho de los Fox el domingo, con pretexto de una celebración familiar. Por lo menos se apresuraron al conversar, porque la reunión tendrá efectos en la indagación o en la percepción pública de la pesquisa. Si el purpurado tapatío hubiera esperado a la conclusión de las primeras investigaciones y en ellas, como proclama, no se encuentra ninguna irregularidad en los trasiegos financieros del cardenal y los suyos, su nombre hubiera quedado si cabe decirlo más limpio que nunca, tras la prueba de ácido de una pesquisa ministerial. Pero después de su cita con el Presidente, será difícil que se atribuya a la investigación misma aquel desenlace: habrá una propensión generalizada a achacarlo al encuentro de San Cristóbal, con lo que se hará cargar a Fox el fardo de una adulteración del curso de la ley. El cardenal había increpado duramente al Jefe del estado y acaso esa virulencia movió a Fox a recibirlo cuanto antes, para aligerar los enojos cardenalicios.
Es cierto que un Presidente no puede darse el lujo de suscitar y hacer crecer un clima de tensión con el hombre número dos de la jerarquía católica mexicana. Y menos puede hacerlo un presidente explícita y ufanamente católico, y abajeño por añadidura, en cuya región la influencia eclesiástica en la vida civil es intensa. Pero existen muchos modos de enviar un mensaje conciliatorio a un afectado tan importante y tan airado como era hasta el domingo el cardenal. Recibir al cardenal en ese momento pareció el acatamiento de un creyente a un sacerdote o la promesa de una conducta y una conclusión que el Presidente no puede asumir, si es verdad que respeta la autonomía técnica del ministerio público. Aunque pudo haberse admitido la reunión como un encuentro de índole puramente personal, La Presidencia lo hizo oficial pues emitió un comunicado formal sobre la reunión, cuyo contenido agrega elementos para considerar extraño el procedimiento seguido en este caso. Si bien se estableció que “en ningún caso se trata de establecer la impunidad ni de restablecer fueros”, se afirmó también que “es muy importante que la averiguación previa... se apegue a derecho respecto de denunciantes, denunciados y autoridades”. Esta última es una declaración inútil, redundante: ¡claro que esta averiguación, como otra cualquiera, debe conducirse con arreglo a la ley! Pero si le consideró necesario acaso implica la corrección de un camino torcido.
¿Qué significa el apego a derecho respecto de los denunciantes? Quizá quiera decir que el Presidente se comprometió con el cardenal a que los señalamientos contra Carpizo sean realmente investigados, pues según los abogados Guzmán y Ortega la PGR desestima acusaciones suyas contra el ex procurador. Han aportado, dicen, pruebas de que el 24 de mayo de 1993 un grupo de agentes de la PGR entonces a cargo de Carpizo viajaron dos veces a Guadalajara, pues al parecer se anticiparon al llegar al aeropuerto a indagar un crimen que aun no se había cometido, por lo que regresaron a la ciudad de México y volvieron a la capital jalisciense cuando en efecto el homicidio había ya tenido lugar.
¿Qué significa el apego al derecho respecto de los denunciados? Seguramente implica un compromiso de no exacerbar con declaraciones incendiarias el ánimo de feligreses que están notoriamente exagerando los hechos. El arzobispo de Guadalajara no es un perseguido por causa de su fe, y compararlo con quienes sí lo fueron, y aun con Cristo, es un despropósito que debe ser frenado, como tienen que serlo también inexactitudes irresponsables como la difundida por el periódico del arzobispado, según el cual los fondos de la arquidiócesis habían sido congelados.
La Procuraduría, en fin, debe actuar con celeridad en todos los casos, pero de modo especial en los que generan tensiones que pueden alterar los procedimientos.