Por segunda vez en dos meses el rancho Esmeralda se ha vuelto foco de conflicto en la zona de influencia zapatista en Chiapas. Puesto que el caso involucra a ciudadanos norteamericanos, y puesto que hace un mes dio ya lugar a una advertencia del Departamento de Estado, la ocupación de ese establecimiento, el viernes pasado, puede convertirse en un punto de fricción entre México y Estados Unidos, y adquirir una dimensión mayor de la que en otra circunstancia le correspondería.
Hace diez años que la pareja formada por Ellen Jones y Glenn Wersch adquirieron, se dice que en sólo 25 mil pesos, las diez hectáreas sobre las que levantaron una instalación dedicada al turismo ecológico, frecuentada principalmente por visitantes norteamericanos. El rancho, en el municipio de Ocosingo, quedó en un vértice incómodo luego del levantamiento del EZLN: junto a Nueva Jerusalén, un predio controlado por zapatistas, y dos establecimientos militares: un cuartel de la 39a. zona militar y otro del 31o. batallón de infantería. Por si fuera poco, no lejos se encuentra Toniná, una zona arqueológica muy buscada y apreciada sobre todo por el turismo europeo.
Aunque nunca ha sido fácil la convivencia entre esos elementos, la situación se volvió problemática con motivo de la reciente expansión del zapatismo, que ha creado varios municipios autónomos, decisión favorecida en Ocosingo por la lata extensión del municipio formal, que dificulta la comunicación entre gobernantes y gobernados y la prestación de los servicios requeridos por la población. Además, frente a la negativa de los poderes federales a reconocer la autonomía de los pueblos indígenas se ha fortalecido la tendencia a establecerla en la práctica. Fue creado, entre otros, el municipio Primero de enero (cuyo nombre evoca la fecha de la salida del EZLN al exterior, en 1994), que entró en dificultades con la administración del rancho Esmeralda.
En diciembre pasado, y al comenzar este año, las fricciones forzaron a los huéspedes del hotel a refugiarse en Ocosingo. Por ese motivo, el 31 de enero el Departamento de Estado norteamericano emitió una alerta obviamente exagerada. Dijo su “anuncio público” que en “muchas partes de Chiapas” se habían registrado “acontecimientos violentos” o “amenazas de violencia” por falta de una adecuada ejecución de la ley y de protección policíaca, por lo que los ciudadanos estadounideneses debían evitar circular al este de Ocosingo y de Comitán y por toda la zona selvática al sureste de la entidad.
Si en aquel momento fue notoriamente exagerada esa advertencia (que está vigente hasta el 29 de mayo próximo), es probable que el gobierno de EU la refrende ahora, pues el viernes pasado el rancho fue ocupado por zapatistas, o desalojado por sus propietarios, según el testimonio de los pobladores que niegan haberlo invadido. Como lo hizo hace un mes, también ahora el secretario de gobierno de Chiapas Emilio Zebadúa salió al paso de los acontecimientos. En aquel momento se quejó de que Washington sobredimensionara “sin evidencia concreta o sustento real una situación específica”.
Y explicó la inconveniencia de impertinencia de suprimir sin más un retén zapatista a las afueras de Nueva Jerusalén.
Ahora que el amago de invasión se convirtió en hecho consumado, Zebadúa ha insistido en que desde el propio viernes se buscó “el diálogo con el grupo inconforme que ocupó la propiedad, a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio”. Además se han hecho gestiones aun para la adquisición del rancho, aunque hay discrepancias entre los avalúos invocados por los propietarios y la oferta del gobierno. Es evidente que los dueños, a quienes ofende el que de modo impune se les prive de su patrimonio, muy cuidadosamente enriquecido en los años recientes, tratan de obtener la mayor compensación posible a su desgracia.
El problema tiene varias aristas. Apenas el sábado, el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía reiteró a los ganaderos de su entidad que habrá cero tolerancia a las invasiones de tierras.
Todo ocupante ilegal será desalojado, de acuerdo con esa norma. Pero no es sencillo aplicarla al rancho Esmeralda. Porque se trata, explicó, “de un territorio donde compartimos responsabilidades con la Federación, y particularmente con el Comisionado para la Paz”. Su secretario general había ido más allá, al recordar que el asunto debía ser abordado por el gobierno federal: “,,,se ha informado a la Secretaría de Gobernación y a la Oficina del Comisionado para la paz, Luis H. Álvarez, para que a través de las instancias involucradas en el proceso de paz en Chiapas, se vuelvan a sentar a la mesa de negociación, toda vez que este conflicto en el que se inmiscuye (sic) el EZLN es de competencia federal”.
Especialmente en este momento, un acontecimiento que afecta gravemente a ciudadanos norteamericanos debe ser abordado por todas las vías, para que no se convierta en piedra de toque de un diferendo entre Washington y México, que agrave el que puede surgir entre los dos gobiernos en torno a Iraq. La invasión del rancho no puede ser permitida, pero tampoco puede ser tratada como una ocupación cualquiera. El zapatismo, al que con irresponsabilidad se juzga venido a menos y aun en vía de extinción, tiene una vitalidad que se evidenció el primero de enero y que necesariamente choca con las formas institucionales de un régimen contra el que se alzó y no respondió en términos adecuados a sus instancias de negociar la paz. No sea este caso un detonante.