Juan de Dios Castro Lozano volverá al Congreso por quinta vez. Fue tres veces diputado y una senador, con participación creciente en funciones parlamentarias. En el sexenio anterior, por ejemplo, como presidente de la Comisión senatorial de justicia, ejerció un papel determinante en el proceso por el que se transformó la Suprema Corte y se instituyó el Consejo de la Judicatura. Por su experiencia legislativa el PAN lo requiere una vez más en San Lázaro, para apoyar la coordinación que conducirá Francisco Barrio. Por eso ambos abandonaron su lugar en el gabinete presidencial y propiciaron con sus renuncias un ajuste ministerial.
Ya nos referimos el viernes a las características de la mudanza en la Secodam. Sobre ese punto cabe añadir solamente que dada la preparación profesional del nuevo secretario, su desempeño pondrá el acento en la vertiente jurídica de las tareas propias de la Contraloría. Eduardo Romero Ramos se graduó de abogado en la Universidad Autónoma de Chihuahua y realizó estudios en Washington y Londres y en instituciones privadas mexicanas. Tuvo una variada experiencia profesional, en el ministerio público y la administración de justicia, fue postulante y consultor en su propio despacho, profesor de varias materias jurídicas y es notario con licencia.
La sucesora de Castro Lozano en la consejería jurídica de la Presidencia, María Teresa Herrera Tello, tiene también credenciales relevantes en el ámbito legal. Las ejercerá en una oficina de reciente creación. Hasta el gobierno anterior funcionó como dirección de Asuntos Jurídicos, pero su rango fue elevado en 1996, al punto de que sus funciones figuran en la Ley Orgánica de la Administración Pública, al cabo de la enumeración de las atribuciones de las secretarías de Estado. La importancia de sus facultades se expresa por la obligación de las dependencias federales de presentarle los anteproyectos de ley por lo menos con un mes de anticipación, para que sean supervisados, salvo los relativos a la legislación fiscal o ?aquellos otros de notoria urgencia a juicio del Presidente de la República?, en cuyo caso ?serán sometidos al titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Consejería Jurídica?.
Aunque en varias controversias constitucionales el presidente Fox sufrió reveses notables, no es creíble que ese resultado fuera atribuible a incapacidades de la Consultoría y de su titular, sino a que fueron decisiones políticas asumidas con clara conciencia de su riesgo jurídico. En ese terreno se moverá ahora con mayor prestancia que en su anterior desempeño la licenciada Herrera Tello, cuya experiencia en la administración de justicia en Nuevo León no sirvió de mucho en la Secretaría de la Reforma Agraria. Tan concentrada estuvo en la seguridad jurídica de la tierra, un factor necesario pero no el único en los asuntos agrarios, que no se la requirió para participar de modo permanente y relevante en las negociaciones que, aun con renuencias, desembocarán en el Acuerdo Nacional para el Campo, como si los temas y problemas de la organización agraria no fueran importantes y no constituyeran parte de las competencias de la SRA.
Florencio Salazar Adame se convirtió en titular de esa secretaría, en un movimiento inesperado por quienes lo vieron llegar a una oficina de la Secretaría de Gobernación que ni siquiera figura en su organigrama. Lo relegó allí la codicia administrativa de Jorge G. Castañeda, que llevó a Tlatelolco el Plan Puebla-Panamá de cuyo lanzamiento se encargó al ex priista que se convirtió al foxismo aun antes que Alfonso Durazo y no por eso había ganado eminencia en este gobierno.
Salazar Adame no había tenido un desarrollo afortunado en el PRI, al que ingresó a los 15 años, si hemos de creer en su ficha oficial de cuando fue diputado federal, en la LV legislatura, a la que llegó con dificultades y de la que salió maltrecho. Salvo la alcaldía de Chilpancingo, su partido le regateó posiciones y reconocimientos, y lo mantuvo en desempeños de rango menor. Estaba por concluir su gestión parlamentaria (prolongada ese año hasta octubre, y no agotada en agosto como ocurría siempre y ocurre ahora), cuando su jefe y amigo José Francisco Ruiz Massieu fue asesinado, el 28 de septiembre de 1994. Fue el único legislador priista que votó por no conceder licencia a su compañero Manuel Muñoz Rocha, desaparecido desde entonces, por suponer con razón que de ese modo se entorpecería, con la apariencia de lo contrario, la investigación sobre aquel crimen por el que al paso del tiempo fue condenado Raúl Salinas de Gortari.
Cuatro años después de aquel episodio, Salazar Adame intentó rehacerse en la política local y contendió por ser candidato a la gubernatura del estado. Lo venció, como a otros, René Juárez, que lo designó secretario de Gobierno. Pero se desembarazó pronto de él, con el señuelo, que resultó fingido, de la candidatura al Senado. Cuando en abril del 2000 fue claro que se le había timado, se adhirió a la campaña de Fox, que le dispensó consideraciones que se consuman ahora con su inclusión en el gabinete.
Acción Nacional se ha inclinado a suprimir la Secretaría de la Reforma Agraria, cuyas funciones quedaron mermadas por la cancelación para siempre del reparto agrario y por la constitución de la Procuraduría y los tribunales del ramo. Tal vez el destino de Salazar Adame sea cerrar la puerta de una oficina que adquirió rango de secretaría 60 años después de iniciada la reforma que administró.