Aunque faltan casi dos meses para la conclusión de su encargo y sin perjuicio de que a su turno lo haga de modo formal la Junta de gobierno, el rector Juan Ramón de la Fuente dio curso hace una semana al proceso electoral que conduzca a un nuevo período del “jefe nato de la Universidad”, como lo define la ley orgánica de la UNAM.
En noviembre, en efecto, se cumplirán cuatro años de la elección del en ese momento secretario de Salud, que reemplazaría al doctor Francisco Barnés, agotada su autoridad después de una prolongada huelga que dañó profundamente a la Universidad, huelga iniciada en protesta por una medida que la beneficiaría de modo igualmente profundo: el pago equitativo de cuotas, que no cubrirían quienes no pudieran hacerlo.
De la Fuente anunció hace varios meses que en octubre resolvería si buscaba su reelección. Ha decidido llegar a ese punto al cabo de una etapa previa, la libre discusión de esta coyuntura política. De ese modo podrá calibrar sus posibilidades a mayor cabalidad. No se requiere, sin embargo, una observación muy penetrante para saber que De la Fuente enfrentaría escasas dificultades si se propusiera hacerse elegir una vez más por la Junta de gobierno. Si bien el poder político en la Universidad Nacional se consigue, se ejerce y se dirime en circunstancias análogas a las de toda institución estatal, con presencia de corrientes y grupos dotados de parcelas de poder que pretenden ampliar o mantener, la presente distribución de tal poder mantiene en equilibrio a la Universidad.
El rector De la Fuente ha conducido a la UNAM a superar la crisis que produjo la huelga, la que la propia huelga suscitó y la provocada por el modo en que se le puso fin. Es un logro de gran envergadura, considerando además que el modo en que fue percibida su elección (como la percibí yo, al menos) lo presentaba como un factor adicional a esas crisis.
En este mismo lugar apareció aquí, el 19 de noviembre de 1999, este razonamiento: “En circunstancias diferentes de las que imperan hoy, la Universidad Nacional habría recibido con beneplácito irrestricto a su nuevo rector, el doctor Juan Ramón de la Fuente. Ex director de la Facultad de Medicina, renovador de la enseñanza en esa disciplina, autor de meritorios trabajos de investigación, mostró al mismo tiempo que esas virtudes académicas, durante el Congreso universitario de 1990, dotes sobresalientes para la interlocución política respetuosa. Pero hoy llega a esa máxima responsabilidad como delegado del poder presidencial...”.
De la Fuente era secretario de Estado, la huelga había generado una crisis que excedía los confines de la Universidad y el gobierno intervino para aportar la solución. Tras la elección del rector, que intentó negociar el fin de la suspensión de labores, la Policía Federal Preventiva la hizo concluir sin violencia pero con fuerza. Un número de dirigentes fueron detenidos y al cabo de algunos meses la propia Universidad Nacional contribuyó a su libertad.
La elección del dos de julio del 2000, apenas unos meses después del recomienzo de labores universitarias abrió para la Universidad una coyuntura inédita cuyas posibilidades institucionales han sido adecuadamente manejadas por el rector De la Fuente. La autonomía no ha sido sólo un mito, pero tampoco una barrera infranqueable para la acción estatal, de modo que las características del sistema político permeaban necesariamente a la UNAM. Aunque ninguno de ellos ha actuado de modo mecánico al servicio de la administración federal, en la Junta de Gobierno estaban presentes siempre universitarios que veían a su institución desde la óptica gubernamental y más estrechamente desde la del Ejecutivo federal.
Roto por los votos el presidencialismo autoritario y su proyección a la UNAM, ésta se benefició del aflojamiento de los lazos que unían a esa institución con los poderes estatales. La UNAM quedó así en condiciones de ensanchar su lugar en la sociedad y de afinar sus modos de negociación con el Estado.
La interlocución que pudo establecer De la Fuente con el Poder Legislativo fue un ejemplo de ese nuevo tipo de relación. Necesitada de un creciente apoyo presupuestal, la Universidad lo ha obtenido mostrando los alcances de su acción y haciendo valer su identidad histórica y su capacidad de influencia en la vida mexicana. La inscripción del nombre de la UNAM en los muros del salón de plenos de San Lázaro es la culminación simbólica del respeto que, con los oficios del rector, logró la principal institución universitaria del país entre los legisladores que aprueban su financiamiento.
No sólo se ampliaron los espacios institucionales, sino también los personales del rector. Su movilidad en diversas iniciativas civiles lo ha colocado, tan prematuramente como a todo el fenómeno de la sucesión presidencial, como uno de los precandidatos cuya posibilidad crecería ante el deterioro de los partidos, si éstos no se imponen de su desprestigio y actúan para frenarlo y revertirlo.
Salvo que utilizara recursos destinados a los fines universitarios en su activismo personal, la proyección política del rector es inevitable y, mientras más se funde en iniciativas socialmente útiles, será mejor.
Pero se cruzará ese puente cuando se llegue a ese río. Por lo pronto, el rector mide las posibilidades de su reelección. Su desempeño, las condiciones en que hoy trabaja la Universidad, el reconocimiento de esas circunstancias por los factores de poder en la UNAM le allanan desde ahora el camino.