Desde el año pasado, el PRI y el PVEM van del brazo y por la calle. No es la suya una alianza aberrante, ni meramente fortuita o circunstancial. Al contrario, como decían los escolásticos, deriva de la naturaleza misma de las cosas, de sus afinidades y similitudes. Por eso no sorprende que el priismo añada a su propio verde el de los ecologistas y constituya, no sólo ante las urnas, una coalición tetracolor, vigente también en las tareas parlamentarias y en iniciativas de defensa común. No sorprende, en consecuencia, que el PRI salga en defensa del partido de los González Torres Martínez Manatou, frente a una decisión light del Tribunal Electoral Federal. Lo hizo en la tribuna de la Cámara de Diputados el jueves cuatro, y en un comunicado oficial al día siguiente.
Jorge González Torres, fundador del Verde, fue dirigente priista. Encabezó un comité distrital, en Coyoacán, Distrito Federal, al comienzo de los ochenta. Era comprensible que así ocurriera. Su suegro, el doctor Emilio Martínez Manautou, estaba siendo reciclado entonces. Había aspirado a la Presidencia de la República en 1969, mientras era secretario en el gabinete de Gustavo Díaz Ordaz. Su destino pareció disolverse en la nada cuando Luis Echeverría se convirtió en candidato presidencial y lo envió al ostracismo. Pero volvió de él no mucho tiempo después: su antiguo colaborador José López Portillo se trocó en su jefe, cuando lo nombró secretario de Salubridad y Asistencia y propició (así se decía antes) que fuera el gobernador de Tamaulipas.
Su yerno Jorge no consiguió en 1982, por esa distancia y a pesar de esa poderosa influencia familiar, ser diputado como pretendía porque una estrella en ascenso, de poder más vigoroso, Carlos Salinas de nombre, ya imparable dirigente del IEPES escogió el distrito cuyo comité encabezaba ese yerno, para facilitar la carrera de uno de los suyos, fiel hasta la fecha. El resentimiento hizo a González Torres salir del tricolor y dedicarse a los negocios estrictamente privados durante un tiempo. Hasta que poco después descubrió otra suerte de actividad mercantil, la explotación de una veta política inexplorada, la del ecologismo (cuando ya los partidos verdes florecían en Europa) y fundó el Partido Verde Ecologista Mexicano, hacia 1987. Tuvo dificultades con algunos de sus compañeros y creó entonces una variante, para su exclusivo disfrute, el PVEM tal como se llama ahora. En 1988 se sumó a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, pero al comenzar el sexenio de Salinas volvió al redil priista, alentado por Manuel Camacho cuando encabezó la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y sostenido después, cuando se frustró su registro en 1991.
Aprovechando unos estatutos redactados para asegurar su dominio personal (él sólo designaba a los 39 miembros restantes de la asamblea nacional, la misma que eligió a su hijo, cuando le heredó en vida el partido) González Torres dirigió durante más de una década esa combinación político-mercantil, y en el entretanto fue su candidato a la Presidencia de la República en 1994 y a la jefatura de gobierno del Distrito Federal tres años después. Para los comicios del 2000, frustrada la posibilidad de una alianza general de la oposición, formó la del Cambio con el PAN. Pero cuando su cálculo se manifestó estéril, no obstante sus altas ganancias parlamentarias, la familia rompió con Fox y preparó su vuelta al origen, al abrigo del PRI. Comenzó su nueva relación en elecciones estatales (en Guerrero y México, especialmente) y este año los dos partidos compartieron un tercio de las candidaturas a diputados federales por el principio de mayoría. amèn de uno que otro cachirul: candidatos priistas que se vistieron de verde.
Por eso el PRI no dejó sólo a su socio ante la sentencia del miércoles pasado, en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación admitió la ilegitimidad de los dirigentes pevemistas, a instancias de un militante agraviado. Sin reconocer que en último término la decisión judicial permite a la familia dominante en el partido lavar sus culpas y vestirse no de verde sino de un blanco impoluto, y así no perder ni un solo instante el control del partido, el propio de los González Torres y los que tienen cola semejante que puede ser pisada, entre ellos el PRI, proclamaron su indignación por la injerencia judicial en la vida interna de los partidos.
Su alegato encierra un doble sofisma. Por un lado, deja de lado que el tribunal no actuó de oficio, espontáneamente, sino que lo hizo a petición de parte. No hay una inspección generalizada del cumplimimiento de las obligaciones de los partidos, aunque debería haberla porque, por otro lado, esas organizaciones políticas se rigen por un estatuto de derechos público y reciben ingentes sumas de procedencia fiscal. Salvo que se piense que el trabajo colegiado es suma de parcialidades individuales, es absurda la descalificación priista de que la resolución “es del todo subjetiva y muestra signos de autoritarismo y de abuso de poder”.
Sería risible, si no entrañara una amenaza para la autonomía y la estabilidad de los órganos electorales, la acusación tetracolor —es decir la acusación blandida por ambos partidos— de que la sentencia que obliga a reformar los estatutos y a elegir nuevos dirigentes (que serán los mismos) es “una clara venganza gubernamental por la derrota electoral del PAN”. En vez de denostar a los magistrados del Trife, los líderes de la alianza tetracolor deberían agradecer su benevolencia.