Hoy comienzan en la Corte Internacional de Justicia de La Haya las audiencias públicas de un proceso sobresaliente para los intereses mexicanos.
Se trata de la demanda de México contra Estados Unidos por violación a la Convención de Viena, pues en 54 casos de connacionales nuestros, condenados a muerte en aquel país, se negó a los sentenciados comunicación con las autoridades consulares de su país, como estipula ese instrumento diplomático.
El proceso fue iniciado durante los últimos días de Jorge G. Castañeda en la cancillería. Lo motivó el estado de indefensión de los mexicanos que morirían a plazo indeterminado pero cierto, cuya situación no era manejable en términos bilaterales, a veces ni siquiera a través de la cortesía política. Alentó a la Secretaría de Relaciones Exteriores el triunfo de una posición semejante a la mexicana, ventilada ante el tribunal de La Haya. El Gobierno de Berlín disputó exitosamente ante la Corte el desacato norteamericano a la Convención de Viena en el caso de unos gemelos, los hermanos La Grand, sentenciados a la pena capital. El abogado de esa causa, Bruno Simma es hoy uno de los jueces de aquel órgano judicial internacional. Así, por lo menos uno de esos magistrados será sensible a la posición mexicana. Obviamente lo será también el juez ad hoc designado por México para este caso, el ex canciller Bernardo Sepúlveda.
El juicio de los 54, como podríamos llamarlo, reviste una gran importancia para la posición internacional mexicana y para su relación con Estados Unidos. Washington lo entiende y ha designado a un ex subsecretario de la Defensa, consejero jurídico del Departamento de Estado, William Taft IV, y a sir Elihu Laterpacht, eminente profesor de Cambridge para conducir sus alegatos.
La parte mexicana no va a la zaga, pues incluye al muy competente consultor jurídico de la cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, amén del abogado Donald Donovan, que trabaja en el caso a título honorario por sus convicciones contrarias a la pena de muerte y varios profesionales contratados por México en Estados Unidos.
Ha formado parte del equipo mexicano que en los meses recientes participó en los preparativos del caso, el embajador Santiago Oñate, que entró en la vida pública precisamente por la senda jurídica pues fue asesor legal de la bancada priista en la Cámara de Diputados, de la que después llegó a formar parte antes de ser secretario de Estado y dirigente nacional del PRI. Hace precisamente veinte años escribió un estudio sobre Los trabajadores migratorios frente a la justicia norteamericana.
Era una feliz coincidencia que a la hora y en el lugar en que México libra una batalla jurídica de notable trascendencia humana, ocupara la embajada un maestro y doctor en Derecho (por la London School of Economics and Social Sciences y la Universidad de Wisconsin), con aquel interés profesional explícito sobre los mexicanos en Estados Unidos.
En esa condición Oñate se ha ocupado para bien de la etapa preparatoria de las audiencias públicas que comienzan hoy. Pero ya no tendrá su atención plena puesta en esta etapa, que concluye esta misma semana y mucho menos en los procedimientos posteriores. Si bien formalmente deja Londres el 31 de diciembre, porque ha sido trasladado, nadie se muda de país de un día para otro, y menos al cumplir una misión diplomática. Se evidencia así que la orden de desplazamiento de embajadores resulta de una determinación mecánica, que no considera la agenda de los representantes diplomáticos. Cuando se acredite un nuevo embajador, tendrá que imponerse del caso para contribuir desde La Haya misma a la estrategia del Gobierno mexicano.
Igualmente inoportuna es la remoción de los cónsules californianos. Nadie objeta que los miembros del servicio exterior sean nombrados y removidos conforme a las necesidades que sus superiores establecen. Sería bueno que las medidas del caso estuvieran no sólo basadas en la legalidad interna sino también en la sensatez y en el conocimiento de la coyuntura precisa en que se producen los cambios. El ascenso al Gobierno estatal del musculoso Arnold Schwarzeneger ha generado de inmediato problemas y tensiones que, como en pocos momentos anteriores, requieren un laborioso e informado despliegue de acción consular.
Por mejor calificados que estén los sucesores de los cónsules removidos, se sabe bien que no es muy inteligente cambiar de cabalgadura a la mitad del río. ¿Y qué decir de lo que pasa en el frente diplomático más importante de México, el de su relación con Estados Unidos? Está, en los hechos, desguarnecido. Para efectos prácticos ha dejado de ser embajador Juan José Bremer, que irá a Londres. Y sus segundos también están en trance de mudanza. El Senado aprobó el jueves pasado, por ejemplo, la designación de Luis Cabrera Cuarón como cónsul en San Diego, con lo que deja vacante su cargo de ministro en la embajada de Washington. Y en el staff central, el viaje del subsecretario Enrique Berruga a Nueva York, donde representará a México ante la ONU, dejó al secretario Luis Ernesto Derbez en la posibilidad de reemplazarlo con Jerónimo Gutiérrez, a quien llevó consigo desde la secretaría de Economía. Menos mal que Derbez no cedió a la tentación de hacerlo abandonar la subsecretaría para América del Norte y en cambio designó para ocuparla, a Lourdes Aranda. De lo contrario se habría comprobado que no se estudian los movimientos en su conjunto para que no generen efectos contraproducentes.