Sin esperar que transcurrieran completas las 36 horas que le fijó la autoridad electoral, el presidente Fox suspendió su campaña de promoción del voto (en realidad promoción del voto panista). Así respondió, sagaz y positivamente a la inteligente postura del IFE, que abrió la coyuntura conciliatoria antes de intentar el arbitraje de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El conflicto entre el Gobierno de la República y el órgano constitucional autónomo que organiza las elecciones (e hizo suyas las preocupaciones de diez de los once partidos participantes en el proceso electoral) termina así con un desenlace feliz. Es también un final insólito, en que todos ganan. El Presidente, sobre todo, pues obtuvo una doble utilidad: por un lado, contribuyó durante la semana en que se difundieron los mensajes en que aparecía con uniforme panista instando a los ciudadanos a votar, a reforzar las posibilidades electorales de su partido, del que Fox es el principal activo. Por otra parte, entendió el gesto de cordialidad del IFE y lo correspondió, ganando los bonos que ofrece su disposición a la democracia. Declaró en su respuesta a José Woldenberg: “...existe una total coincidencia de intereses y un compromiso compartido entre el Instituto Federal Electoral y el Gobierno de la República, por favorecer y propiciar las condiciones óptimas para la culminación de un proceso electoral ejemplar”.
Como no podía retirarse de la escena admitiendo que había infringido la ley, o ido más allá de lo que ésta permite, el Ejecutivo federal insistió en que sus acciones “han tenido como único propósito promover el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la cultura cívica y la activa participación ciudadana” y, con reiteración significativa, repitió que se han “realizado con estricto apego a la legislación vigente y con el sincero propósito de convocar a la participación ciudadana y abatir el abstencionismo”. Todavía en adelante se podrá sujetar a examen y por eso contradecir esas ufanas afirmaciones presidenciales.
Pero no radica en ellas el valor principal de su respuesta, sino en expresar lo que en sí misma quería decir la carta a Woldenberg: “Mi Gobierno está convencido de que la mejor manera de consolidar la democracia es fortaleciendo a la autoridad electoral”. Dicha autoridad también ganó.
Habría sido derrotada si el Presidente, empecinado en su difusión personal, hubiera empujado al IFE hasta la controversia constitucional. Llegar a ese punto hubiera significado que la autoridad electoral no valiera por sí misma sino que requiriera el aval judicial. Es seguro que además de las convicciones de quienes intervinieron en la decisión de Fox (Santiago Creel fue consejero ciudadano en el IFE y no tiene corta memoria ni carece de escrúpulos como para traicionar ese pasado que no es tan remoto) haya obrado en la decisión de dar marcha atrás el cálculo político: aunque remota, existía la doble posibilidad de que la Corte diera entrada a la petición del IFE y de que decretara la suspensión del acto reclamado. Y a todas luces era preferible cancelar la campaña por voluntad propia (aunque fuera a solicitud de la autoridad electoral) que sentarse a esperar la decisión judicial, con todo su imperio, que impusiera la misma salida. La autoridad del IFE quedó en efecto fortalecida. Y se afianzó también la fluida comunicación que debe haber entre los partidos y los consejeros.
De muchas maneras, con grados variables según el caso, hay siempre tensiones entre los representantes partidarios y los miembros con voto en el consejo. Casi todos aquellos tienen algo que sentir. Fuerza Ciudadana, por ejemplo, que promovió la sesión extraordinaria del consejo que condujo a este resultado, tiene registro a despecho de la original decisión de este órgano, que debió modificarla porque así lo decidió el tribunal. Y ya no se diga los partidos que han sido penados con altas sumas por irregularidades en su financiamiento, como el PRI y el PSN. Aunque tales tensiones no desaparecerán a raíz de este episodio, la firmeza del consejo quedó validada y servirá de impulso no sólo para enfrentar la jornada electoral, sino también para que se reconozca el esfuerzo que el propio órgano realiza en el caso de los Amigos de Fox (demorado largamente, pero no por irresponsabilidad que le sea atrribuible). Con el reconocimiento presidencial al cabo de una situación predicamentosa, el consejo podrá llevar a feliz término su gestión, hasta octubre próximo.
Ganan también los partidos. No sólo quienes como FC y el PRI demandaron una acción inmediata del IFE, sino también el resto, efectivamente afectados por la iniquidad que derivaba del sesgo impreso por el Presidente a las campañas partidarias.
Gana también la unidad interna en el consejo general, por el voto unánime que produjo la reacción presidencial. Y gana el principal disidente del consejo, Jaime Cárdenas cuyas denuncias en torno del abuso en que habría incurrido el secretario de Gobernación se quedan afortunadamente sin materia. Pero el asunto de fondo prevalece. Aunque no es conveniente mirar atrás, la infracción a la ley fue real y produjo efectos, en los que conviene no reparar ahora en gracia al entendimiento. Pero hace falta una definición formal e inequívoca del papel del Gobierno en la promoción cívica.
Y hace falta asimismo una reforma constitucional que explicite el modo en que se diriman los eventuales conflictos entre el Gobierno Federal y los organismos autónomos.