Hay muchos modos de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos sin papeles: A nado, a todo correr, por el drenaje en ciudades cruzadas por la línea. Esas iniciativas individuales, o familiares, se dificultan cada vez más por la intensificación de la vigilancia norteamericana y la acción de los cazadores de ilegales. La Operación Guardián, por ejemplo, desplazó hacia los parajes más inhóspitos de Arizona y California a los migrantes mexicanos que viajan por su cuenta.
Esa es una de las razones del florecimiento del tráfico de personas, la criminal actividad que con mucha frecuencia provoca la muerte de personas, como las 18 que perdieron la vida el miércoles pasado, en un episodio cuyas características nos aterran pero dejamos que se repitan cualquier día. Sólo el año pasado ocurrieron tres homicidios colectivos semejantes, con saldo de 18 muertos: El 30 de enero, en Douglas, Arizona cinco mexicanos murieron asfixiados dentro de un vagón cargado de carbón; en la caja de un camión que llegó a tener 45 grados de temperatura murieron dos más el 29 de julio siguiente; y en octubre, once mexicanos que partieron de Matamoros murieron encerrados en un furgón de tren, en Dennison, Iowa.
En esa estadística, referida sólo a los viajes organizados por polleros, no entran las muertes de sus víctimas, abandonadas por los traficantes en zonas desérticas. Se refiere sólo a una modalidad de transporte cada día más practicada, y que no afecta sólo a mexicanos. El sábado apenas la Policía Federal de Caminos detuvo cerca de la frontera con Guatemala un vehículo en cuyo contenedor, en apariencia cargado con loseta cerámica, viajaban noventa personas, centroamericanos que iniciaban su ingreso a México, hacia Estados Unidos. Para evitar el sofocamiento de loa pasajeros, fue encendido el sistema de refrigeración de la caja. El cargamento humano fue quizá salvado de la muerte por congelación, de haber pasado muchas horas en esas condiciones.
Los cuerpos de las 18 víctimas del 14 de mayo permanecen aún en Victoria, Texas. No han podido ser trasladados por sus parientes a sus lugares de origen (diez de ellos en México; el resto eran centroamericanos). La autoridad investigadora los retuvo porque surgieron indicios de que no todas las víctimas murieron por sofocamiento. Al parecer se produjo violencia entre las 70 personas hacinadas en unos cuantos metros, que habría causado la muerte de algunos de los que ni siquiera atisbaron el cumplimiento de su sueño.
En mayo de 2001, 14 veracruzanos murieron en Arizona, también en su intento de trabajar del lado norteamericano. El presidente Fox dijo que esas muertes eran intolerables. De seguro el acontecimiento lo impulsó a insistir ante el presidente Bush en la firma de un pacto migratorio que otorgue seguridad a los mexicanos indocumentados que ya viven en Estados Unidos y regularice el tránsito en la frontera. En septiembre siguiente, aunque fuera sólo en el ámbito de las declaraciones, esa propuesta parecía haberse abierto camino. Pero la expectativa fue derribada junto con las Torres Gemelas el 11 de septiembre, con consecuencias igualmente letales como lo vemos día con día.
No obstante haber reconocido hace mucho tiempo que se trata de un asunto bilateral, el gobierno de Washington se ha desentendido de los problemas de la migración mexicana y centroamericana. Cuando más, los ve desde el ángulo de la seguridad nacional, en su estrategia de defensa contra el terrorismo. Y el gobierno mexicano se rindió ante la imposibilidad de avanzar en ese camino. La renuncia del canciller Jorge G. Castañeda, en enero pasado se debió formalmente —así lo adujo él mismo— a tal imposibilidad.
Un atisbo de que las condiciones pueden ser modificadas apareció hace dos semanas, cuando diputados republicanos plantearon el canje de tal acuerdo por la privatización de Pemex. El modo es insolente, pero no debía dejar de ser explorado, salvo que importen nada las personas muertas en desgracias fronterizas. Debe averiguarse en qué pacto piensan esos legisladores, y de cuál privatización se trata. Ya hemos dicho aquí que una forma de ceder funciones de Pemex está a punto de entrar en vigor, cuando se firmen en junio los primeros contratos de servicios múltiples, que otorgarán una eminente posición estratégica a consorcios norteamericanos. Sin pedir nada a cambio, sin sugerirlo siquiera, el gobierno mexicano está anticipando el cumplimiento de una condición planteada por los conservadores norteamericanos. Al menos debe conocerse el sentido general del planteamiento republicano, resumido hasta ahora en sólo unas líneas. Debemos aguzar la atención cuando oigamos hablar de pacto migratorio, y no rechazar de plano un condicionamiento cuyo alcance ignoramos.
El tráfico de personas es un delito universalmente condenado. En México está previsto en la ley general de población, artículo 138, y en la que combate a la delincuencia organizada, artículo 2o, III. La pena máxima vigente es de 12 años de prisión. El PRD presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para incrementarla hasta 25. Pero ya se sabe que el mero rigor judicial es inútil si no hay eficacia policiaca que lleve a los criminales hasta la justicia. Y la fuerza del mercado lo impide: Los polleros cobran no menos de 1,500 dólares por persona, cifra que incluye el costo de la corrupción. Combatirla es imprescindible, salvo que nos resulte cómodo contar muertos en espera de la buena voluntad norteamericana.