Quién sabe si es atrevimiento, desvergüenza, ingenuidad o simple insensatez causada por la desesperación: el hecho que quienes ilegalmente pretendieron vender Excélsior a un ex convicto ahora están acudiendo a la generosidad pública para salvar ese diario, como si hubieran hecho algo más que infringir la ley para merecerla.
El 29 de noviembre el espurio consejo de administración del periódico fundado por Rafael Alducin en 1917 y dirigido por Julio Scherer de 1968 a 1976, acordó vender el periódico a JM Aldana y asociados, una extraña firma que representa a inversionistas norteamericanos y canadienses. La operación estaba afectada por dos sombras. Por un lado, la figura del comprador, que había sido comandante de la policía judicial y había purgado parcialmente una condena por delitos contra la salud y de pronto, de la nada, brotaba munido de un enorme poder de compra. Por otro lado, adquiría en realidad un conflicto legal, ya que los poderes del consejo de administración están en entredicho legal.
Sin entrar en demasiados pormenores, debe recordarse que el 20 de octubre del 2000 fue despedido Regino Díaz Redondo, que luego del golpe a ese periódico, en que fue ariete del presidente Echeverría, reunió en su persona la doble condición de presidente y director general de la cooperativa. Fue preciso, en consecuencia, elegir a dos personas que desempeñaran esas funciones, como ocurrió siempre, hasta la usurpación de Díaz Redondo. Rafael de la Huerta resultó elegido presidente del consejo y Patricia Guevara directora. Un año después, una revuelta con clara participación de Díaz Redondo hizo caer a ambos, que fueron sustituidos por Jaime Contreras Salcedo y Armando Sepúlveda, respectivamente.
Díaz Redondo se regocijó con la llegada de éstos a los mandos del periódico. En febrero pasado, en el epílogo del libro que escribió en un vano intento de justificación de sus actos a lo largo de un cuarto de siglo dijo: “El 27 de diciembre pasado se dio un buen paso hacia la estabilidad de la cooperativa. Suspendidos injustamente consiguieron, al fin, realizar una asamblea en el interior de las instalaciones de Excélsior y expulsar a gente nociva, que mantuvo la incertidumbre, el desasosiego y el desprestigio del periódico durante más de un año.” Calificó abiertamente como “movimiento de rescate” al encabezado por quienes ahora dirigen la cooperativa, “gente profesional y con interés en rehabilitar y recuperar el prestigio del diario”.
Pero los jueces que conocen los varios procesos emprendidos por De la Huerta y el consejo de administración que encabeza han emitido decisiones contrarias a esos directivos. Una de esas resoluciones, del 19 de septiembre pasado, proclama como presidente del consejo a De la Huerta, que por lo mismo hizo notificar judicialmente a Aldana que había convenido una compra-venta con quienes no estaban legitimados para realizarla.
Se había pactado cubrir los 150 millones acordados, en tres partes. La primera, de 20 millones, debía entregarse el 29 de diciembre. La suma serviría para paliar el grave rezago en los pagos a trabajadores en activo y jubilados, a muchos de los cuales se adeudaban hasta 36 semanas de salario. Quizá el cheque fue posfechado porque no se giró contra esos fondos de inmediato, sino hasta el diez de enero. Se emitieron 300 cheques por 75 mil pesos cada uno. Pero cuando los agraciados pretendieron hacerlos efectivos, la cuenta afectada carecía de fondos. El seis de enero Aldana había recibido la notificación judicial sobre la situación legal de su contraparte, e hizo retirar los fondos de esa cuenta. Eso significa romper su compromiso con los vendedores, no obstante que se expone a la pena convenida, 7.5 millones de pesos, equivalentes al cinco por ciento del precio establecido.
El chasco que produjo Aldana a los cooperativistas contrastó ásperamente con las ilusiones que causó la ufanía del ahora frustrado comprador. Durante un mes, el ex comandante policíaco describió varias veces, algunas en las oficinas que Excélsior dispuso para que despachara, las maravillas que estaba a punto de emprender: habría un Excélsior en cada estado de la República y el de la ciudad de México ascendería de tal forma en el firmamento periodístico universal que sería catalogado como el segundo mejor del mundo. Su megalomanía excedió incluso el ámbito de la prensa. Anunció que sus socios extranjeros apoyarían también un proyecto para ofrecer en venta casas a empleados de procuradurías, tribunales, cuerpos policíacos, reclusorios y bomberos, a plazos de 30 a 50 años. No sería un negocio, aclaró: “Lo que se maneja es ayuda humanitaria”.
Según los ilegales vendedores, en una confusa explicación de los hechos recientes, Aldana se presentó el miércoles 15 a solicitar “más tiempo, comprometiéndose verbalmente a proseguir con esta operación. Ante ello, nuestra sociedad determinó si bien no rescindir unilateralmente (la relación con Aldana), sí abrir espacios a la comunidad empresarial nacional y extranjera con el objeto de indagar la posibilidad de una nueva oferta de compra de nuestros activos productivos”. Para ocultar su propia situación de ilegalidad, los vendedores cargan la culpa al comprador, cuya “circunstancia anómala y unilateral...va en detrimento de nuestra imagen y realidad”, para rescatar las cuales piden “a la sociedad mexicana todo su apoyo y respaldo” que se exprese en aportaciones depositadas en una cuenta en pesos y en otra en dólares. ¡Habrase visto!