De expresarse las objeciones seguramente podrían ser resueltas, como ocurrió con observaciones puntuales, como las referidas al status del Canal Once y la designación de su director, que ahora formalmente pasa por la dirección del Politécnico y que en la nueva regulación haría sin mediaciones el Presidente de la República.
Hace ya medio año que en Los Pinos reposa el anteproyecto de ley orgánica del Instituto Politécnico Nacional, preparado en la comunidad de esa institución educativa. El presidente Fox se había mostrado anuente a convertirlo en iniciativa formal suya y remitirlo al Congreso. Pero algo ocurrió y el documento permanece en la oficina del Ejecutivo. Es probable que intereses creados y celos administrativos hayan tenido suficiente influencia para modificar la buena disposición del Presidente hacia el Politécnico, al que él mismo, de modo espontáneo y cuando apenas tenía dos semanas en su cargo, ofreció la autonomía.
Esa parálisis ha generado tensiones en la complicada trama de las escuelas y centros politécnicos, pues la expectativa de cambios ha avivado el activismo de centros tradicionales de poder que resentirían los efectos de la nueva legislación. Se ha producido entonces, paradójicamente, una reacción sin la acción que la hubiera suscitado, lo que no favorece la estabilidad que debe ser el clima propio de una institución académica de la magnitud e importancia del Politécnico.
El anteproyecto de ley resultó de un vasto proceso de consulta. A través de una encuesta denominada "toma de opinión", que revistió varias modalidades, se conoció el parecer de los politécnicos. Con los resultados de esa consulta, una comisión ad hoc del Consejo General Consultivo y la comisión revisora de proyectos legislativos prepararon un documento que, en una tercera etapa, fue aprobado por el Consejo General Consultivo y entregado a la Presidencia de la República. Simultáneamente, para el enriquecimiento del debate correspondiente el IPN organizó foros, conferencias y reuniones que permitieron la recepción de experiencias foráneas al Politécnico para el mejor abordamiento de sus funciones. La efervescencia que esa movilización produjo no se vio coronada el año pasado con la promulgación de la ley, como se había supuesto que ocurriría.
Quizá una de las razones de la tardanza estriba en la innovación jurídica propuesta para definir el carácter del IPN. Se proyecta considerarlo como un órgano del Estado, a secas. Actualmente se le define como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, carácter que constriñe sus posibilidades de desarrollo. Ni siquiera le bastaría ser considerado como un órgano autónomo, así llamado explícitamente, sino que esa autonomía tendría que ser determinada respecto de sus funciones.
De esa caracterización se desprenden consecuencias que acaso generaron prevenciones en al menos dos secretarías, la de Educación y la de Hacienda. Ésta perdería el rígido y con frecuencia obtuso control que ejerce sobre los ingresos propios del Politécnico, que ahora deben ser entregados al fisco para que los devuelva a la institución, lo que implica en el mejor de los casos demoras lesivas al desarrollo académico. Debería contar con un ramo presupuestario propio, que gestionaría directamente el Instituto ante Hacienda. En consonancia, la rendición de cuentas se haría directamente ante la Auditoría Superior de la Federación.
Sin duda han de ser mayores los reparos de la SEP ante el proyecto politécnico. El IPN dejaría de depender de esa secretaría y, aún más, se convertiría en la instancia rectora de las responsabilidades del Ejecutivo en materia de educación e investigación tecnológica. De hecho, ese papel lo desempeñó durante las primeras décadas de su existencia. Su primera ley orgánica, de 1949, le reconoció personalidad jurídica y capacidad organizativa, de que ya disfrutaba desde su creación, para establecer tres ciclos de enseñanza: Prevocacional, vocacional y profesional. Por eso y con razón, al estudiar el desarrollo de la educación tecnológica, Eusebio Mendoza Ávila consideró que con su ley inicial se dio "al Politécnico capacidad rectora sobre la enseñanza técnica en el ámbito nacional". (Historia de la educación pública en México). Posteriormente, sin embargo, se apartó al IPN de la enseñanza prevocacional.
Es probable que por la tendencia inexorable de las organizaciones administrativas a convertirse en feudos, Hacienda y la SEP sean contrarias a las disposiciones a que aspira el Poli. Pero en esa institución no lo saben. No se les ha explicado qué frío institucional o político congeló la iniciativa antes de que siquiera alcanzara ese rango formal ante el Congreso. De expresarse las objeciones seguramente podrían ser resueltas, como ocurrió con observaciones puntuales, como las referidas al status del Canal Once y la designación de su director, que ahora formalmente pasa por la dirección del Politécnico y que en la nueva regulación haría sin mediaciones el Presidente de la República.
Conjeturo por mi parte que puede haber un problema de corte político y sindical que, por lo mismo, no puede ser invocado expresamente por la Presidencia, ante lo cual ha preferido guardar silencio y aplazar ad calendas graecas (es decir, para nunca) la nueva identidad jurídica del IPN. Actualmente sus trabajadores, docentes y administrativos, forman parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, como todos los que dependen directamente de la SEP. Surgiría la posibilidad formal de que abandonaran esa militancia pues en la presentación de los aspectos relevantes del anteproyecto de ley se explica, como es propio que ocurra, que "los derechos sindicales son de cada uno de los trabajadores y del sindicato a que se afilie cada uno de ellos".
Sólo que sea por eso.