Con optimismo de la voluntad y pesimismo de la inteligencia participé ayer en la audiencia pública a que citó la subcomisión senatorial encargada de dictaminar la iniciativa que en diciembre pasado suscribieron exactamente la mitad de los 128 senadores de la República.
Esos legisladores hicieron suyo el anteproyecto de ley de radio y televisión preparado por grupos de la sociedad civil que convirtieron en acción propositiva la frustración que les provocó el golpe de mano del diez de octubre. En esa fecha, los líderes de los concesionarios de radio y televisión (que no son lo mismo que los concesionarios de radio y televisión), de la mano de la señora Marta Sahagún de Fox y con la aquiescencia activa de los secretarios de Gobernación y de Hacienda modificaron, contra el interés público, el régimen legal de esos medios de difusión, incluyendo su normación fiscal específica.
Dieron así al traste con el esfuerzo que decenas de asociaciones y personas habían desplegado durante meses y meses en pos de una convergencia de opiniones alrededor de un eje: Imprimir sentido de desarrollo social a la legislación sobre radio y tv, periclitado que ha el modelo que privilegió su papel en el desarrollo económico. En respuesta a esa arbitrariedad, los participantes en la mesa de diálogo que sesionó en Gobernación resolvieron seguir solos y presentaron una propuesta de iniciativa, al mismo tiempo acabada y perfectible. Dada la dedicación experta de quienes prepararon el anteproyecto, cabe ratificar el apoyo que su presentación y su contenido suscitó en la sociedad civil. Conviene también, sin embargo, formular reflexiones y propuestas adicionales, como la que ahora sigue, que concierne a la autoridad que debe regir la estructura y función de los medios electrónicos.
En el documento ciudadano se plantea la ampliación de las funciones del Consejo Nacional de Radio y Televisión, que existe de modo tenue en la legislación vigente. Sin embargo, se propone también conservar atribuciones en secretarías de Estado, dependientes del Presidente de la República.
En sentido contrario, opino que debe ser creado un órgano de autoridad que concentre las facultades de regulación de los medios de comunicación, comenzando por el otorgamiento de las concesiones y permisos correspondientes. La naturaleza jurídica de tal autoridad debe basarse en su cabal autonomía respecto del Ejecutivo. No hay que inventar nada, ni introducir innovaciones que perturben los legítimos intereses y los derechos creados por los actuales concesionarios a los que, sin embargo, debe serles exigido el cumplimiento de su responsabilidad social, tal como se expresa en los títulos de concesión vigentes y los que se expidan en términos de la nueva ley. Algunos órganos constitucionales autónomos son ejemplo vivo de cómo nuevas formas de organización jurídica son eficaces en la gestión de intereses sociales específicos y valiosos. Pongo como muestras el Instituto Federal Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sus estructuras difieren pero también coinciden en la considerable anchura de los medios de comunicación con que pueden alcanzar sus fines. El IFE, del que hoy conocemos una muestra señera de autonomía y cabal cumplimiento de los principios que lo rigen, entre ellos la imparcialidad y la legalidad, consiguió revertir la inveterada desconfianza ciudadana en los comicios. Lo gobierna un consejo general en donde están representados los partidos políticos, no el gobierno y en el que las decisiones dependen del voto de nueve ciudadanos elegidos por la Cámara de Diputados conforme a una mayoría calificada. Ese consejo tiene facultades deliberativas y de ejecución simultáneamente. A su vez, la CNDH tiene un ámbito ejecutivo encabezado por su presidente, que se hace asesorar por un consejo consultivo.
Uno y otros, los miembros de dicho consejo, son en último término seleccionados por el Senado de la República. Comprendo las dificultades que en todo momento, de modo especial en el último tramo de una legislatura, suscita la reforma constitucional requerida para la construcción de órganos de ese rango. De allí que alternativamente sea dable considerar el logro de márgenes suficientes de autonomía a partir de enmiendas legales, que no requieren la mayoría calificada para la enmienda constitucional. El ejemplo más reciente de esa forma de organización es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que se halla apenas en proceso de organización y que deberá navegar a toda vela dentro de exactamente tres meses. No está sujeto a autoridad administrativa alguna y, si bien el Presidente de la República tiene la facultad de nombrar a los comisionados responsables de su funcionamiento, en cierta forma la comparte con el Senado, al que se confirió la potestad de objetar las designaciones.
A semejanza de esta nueva entidad jurídica, propongo que la autoridad en radio y televisión sea un instituto dotado de plenas facultades en la materia, no sólo las de carácter técnico sino las que conciernen a los contenidos. Sus comisionados serían elegidos por el Poder Legislativo y rendirían al propio Congreso cuenta de su desempeño, fundado en los principios de libertad y de responsabilidad social, que no son opuestos sino complementarios. Si no se corona la reforma de la radio y la televisión con un órgano de autoridad autónomo, integrado por ciudadanos que conjuguen prestigio y saber, surgidos de la sociedad y de cara a ella, habremos arado en el mar.
Cajón de sastre
Hoy a las once se inicia la histórica sesión del Consejo General del IFE en que se discutirá el dictamen que sanciona al PRI con una multa de mil millones de pesos. Ese partido deberá rechazar las tentaciones de su sector pendenciero, que ya dio muestra de su gana de importunar (para decirlo suavemente) de palabra y de obra.
La pequeña turba que pretendió entrar por la fuerza a la sesión privada de la comisión de fiscalización el martes pasado, podría multiplicar su presencia esta mañana en la sesión pública, para estorbarla e intentar impedirla. El antecedente de este martes y la actitud de las brigadas madracistas que el 24 de febrero del año pasado se apoderaron por la fuerza de la sede priista, dizque para garantizar respeto a la elección de su candidato, no abonan la esperanza de que ese partido se atenga a la institucionalidad. Ojalá nos equivoquemos.