La elección del Ministro Mariano Azuela Güitrón como nuevo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para el período 2003-2006, confirma la separación y equilibrio del poder político en México. Lo anterior es positivo en virtud de que después de una trayectoria histórica de simulación al respecto, es grato presenciar la vigencia plena de instituciones que antes fueron letra muerta.
La división constitucional de los poderes públicos en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, es un concepto madurado en el pensamiento político del siglo diez y ocho que tiende a evitar la concentración del mando en una sola persona u órgano de gobierno. No obstante que en México la idea ha estado inserta en nuestro sistema desde el inicio de la República, en la práctica el Presidente ha ejercido funciones de control absoluto sobre los poderes Legislativo y Judicial hasta fecha reciente.
Las elecciones del dos de julio del año dos mil que pusieron fin a setenta años de partido único, trajeron como consecuencia además de la alternancia en el ejercicio del poder, nuevas formas de trato entre los poderes constituidos. Es cierto que los cambios han ocasionado inconvenientes como ocurre en la relación entre el Presidente y el Congreso de la Unión, que ha derivado en cierta parálisis legislativa, sobre todo, en los temas que conciernen a las reformas estructurales que se requieren.
Sin embargo la evolución del país sigue ofreciendo muestras de viabilidad y esperanza, como lo confirma el relevo del mando en el Poder Judicial Federal que es objeto de comentario. Los graves rezagos que existen en México en materia de impartición de justicia y los vicios ancestrales que existen en dicho rubro deben ser atendidos, en aras de satisfacer el viejo anhelo que al respecto alienta la sociedad mexicana y para ello, el evento que nos ocupa resulta de gran importancia.