Una vez que se apruebe y tenga vigencia el Código de Justicia Administrativa, los duranguenses contarán con un instrumento ordinario de defensa, para lograr equilibrar procesalmente al ciudadano con sus gobernantes, expresó en conferencia que disertó en el Congreso local ayer la magistrada presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Sinaloa, Gabriela María Chaín Castro.
También Presidenta de la Asociación de Magistrados de Tribunales de lo Contencioso Administrativo de los Estados Unidos Mexicanos, la conferencista fue invitada por el Congreso local para que, con su disertación, aportara mayores elementos tendientes a enriquecer la iniciativa mediante la cual se propone la creación del Código de Justicia Administrativa.
Como antecedente, dijo que solamente en nueve estados no cuentan con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como instancia competente para dirimir conflictos entre particulares y la administración pública del estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de ambos niveles de gobierno.
Desde su punto de vista, y de acuerdo con la experiencia de otras entidades, es conveniente que el organismo jurisdiccional, que sería el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en Durango, quede fuera de la órbita orgánica del Poder Judicial.
La jurisdicción contencioso administrativa local dispone de facultades para conocer y resolver todas las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo, de los ayuntamientos y de los organismos descentralizados.
Tal disposición determina que los Contencioso Administrativo locales habrán de resolver los conflictos que puedan presentarse con relación a la legalidad de actos, procedimientos y resoluciones de cualquier autoridad de la administración pública, sea estatal o municipal y de sus organismos descentralizados, cuando esa actuación vulnere el principio de legalidad que están obligadas a cumplir.
En su competencia contemplan el conocimiento de juicios por negativa ficta, juicio interpuesto por servidores públicos ante la aplicación de la Ley de Responsabilidades y juicio de lesividad.
REPERCUSIÓN
Visitas de verificación
Desde el punto de vista del presidente de la Gran Comisión de la LXII legislatura local, Octaviano Rendón Arce, el Código de Justicia Administrativa tendrá relevancia y repercusión en todos los ámbitos de la sociedad, pues se relaciona con las visitas de verificación, inspecciones, expedición de permisos y licencias, determinación y pago de contribuciones, trámites administrativos, etc.
Dijo que una vez que entre en vigor obligará a que los actos de gobierno estén desprovistos de más trámites burocráticos de los que la ley señala, y deberán además estar apegados a derecho, pues de lo contrario podrán ser impugnados ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que velará y cuidará de la legalidad de dichas acciones, lo que redundará en una mejor prestación de servicios.