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MÉXICO, DF.- La firma y ratificación de la Convención facilitará los trámites para la extradición de Rogelio Montemayor, detenido en Nueva York, Estados Unidos; y recuperar el dinero que Raúl Salinas depositó en un banco de Suiza y que el gobierno de ese país se negó a regresar, aunque se reconoció que es dinero del erario, subrayó.
El subprocurador de Asuntos Jurídicos e Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, informó que entre los cinco principales casos de corrupción, como el de Raúl Salinas de Gortari, Rogelio Montemayor o Pemxgate, se calcula saquearon al país con 600 millones de dólares.
Por otra parte, el consultor jurídico de la SRE, Joel Hernández, puntualizó en el Seminario de Introducción a la Convención de la ONU contra la Corrupción que no serán necesarias reformas a la Constitución para cumplir con lo establecido en la Convención de Mérida, y sólo se harían modificaciones técnicas en materia jurídica.
Joel Hernández aclaró que la Convención no exige el desafuero de funcionarios y legisladores o inmunidades diplomáticas, sino que los países tengan equilibrio en sus sistemas jurídicos.
Expuso que en el caso de México se contará con mecanismos para quitar esa prebenda constitucional, cuando sea necesaria una investigación por motivos de corrupción.
Explicó también que es el primer instrumento internacional con rango vinculatorio, es decir, con obligatoriedad de acatar lo dispuesto en la Convención, la cual contempla el lavado de dinero, recuperación de los activos y protección para los denunciantes.
Lo anterior, agregó, para que el ciudadano se sienta protegido, se fomente una cultura de participación corresponsable de la prevención y combate a la corrupción.
La Convención de la ONU contra la Corrupción esta constituida por 71 artículos, los cuales fueron consensuados en la última reunión preparatoria del Comité Especial realizada en Viena.
Los países que firmen y ratifiquen dicha convención e incumplan con lo establecido en este documento serán sancionados mediante el Derecho Internacional, y organismos como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) podrían cancelar créditos o apoyos a esas naciones.