SALTILLO, Coah.- El próximo mes de noviembre el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidirá si se admite o no procede delito de peculado electoral, que la PGR mexicana le fincó al ex director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy. Esto, debido a que todavía el gobierno norteamericano todavía no hace suya la extradición del ex gobernador de Coahuila. En tanto, su defensa consideró que podrían fracasar los intentos de hacerlo responsable de los presuntos desvíos de los fondos de la paraestatal.
Esto se desprende de las declaraciones del abogado Antonio Berchelman Arizpe, uno de los defensores del ahora acusado de peculado; quien además consideró que representa un beneficio para su cliente la reciente decisión del Tribunal Colegiado Federal (TCF) de conceder el amparo a los líderes del sindicato petrolero, a quienes se les pretende fincar la misma responsabilidad que al coahuilense.
“Tiene importancia esta decisión reciente del TCF donde se concede el amparo por peculado electoral, porque uno de los argumentos fundamentales (interpuesto por la PGR) que no esta acreditado que esos recursos hayan sido públicos, en virtud de que en el momento en que se celebró el convenio por los contratos colectivos de trabajo con el sindicato, se convirtieron en públicos”.
Indicó que esto impacta en la acusación contra Montemayor Seguy por peculado electoral, también en las consideraciones que harán las autoridades estadounidenses en relación a la solicitud de extradición, la que se basa en el supuesto de que hubo un delito.
Por lo pronto, agregó, el estatus jurídico del ex gobernador de Coahuila, es de residente en el vecino país y esta en libertad, aunque sujeto a un proceso de extradición.
Destacó que además la PGR no pudo probar los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, y que lo mismo podría pasar con el de peculado electoral.
Explicó que, por otro lado, el gobierno mexicano esta impedido para iniciar un proceso de extradición o acusar por cualquier otro motivo a Montemayor Seguy, sino sólo por los efectos del delito por el que se le pudiera extraditar.