POR YOLANDA RÍOS
EL SIGLO DE TORREÓN
TORREÓN COAH.- Son graves las irregularidades detectadas en la investigación que realiza la Contraloría del Estado, acerca de camiones del transporte público urbanos que fueron ?remarcados?? y de sancionarlos conforme a la Ley, más de 200 podrían salir de circulación.
Inés Garza Orta, titular de la dependencia estatal, declaró ayer que ?no puedo precisar los avances que se tienen en la investigación, pero ya terminamos de revisar más de 800 casos y se han descubierto desde facturas falsas, números de series alteradas y otras cuestiones poco claras?.
No obstante sus comentarios, ?no hay dictamen aún, tampoco conclusiones?? y aunque la funcionaria del Gobierno del Estado dijo que no se siente presionada, también manifestó que ?les he declarado en varias ocasiones ante sus insistencias que sería poco prudente y ético tener poco tacto, fincar responsabilidades cuando el caso no ha sido concluido??.
La Contralora del Estado argumentó que ante todo hay que tener el suficiente soporte documental para poder emitir una opinión de fondo y forma.
Esta semana, dijo, se tuvo una reunión con el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado y habrá otra la semana entrante para estar en condiciones de intercambiar opiniones al respecto.
En este contexto, la Contralora del Estado fue clara al decir que ?sí estamos trabajando en comunicación constante con las autoridades municipales y hace unos momentos comentaba con el alcalde Guillermo Anaya, acerca de la posibilidad de entrevistarnos la semana próxima con el objeto de entregarle y compartir las conclusiones que al Municipio le atañen respecto a esta investigación?.
En suma, Inés Garza Orta destacó que será primeramente a la autoridad municipal a quien se le informe de los resultados de las investigaciones que se hicieron de las concesiones del servicio público de irregulares.
Entonces, será ésta la que defina las acciones y medidas a tomar considerando el ámbito municipal y las necesidades del transporte público, ya que ciertamente ?son muchos los transportistas involucrados, los que no cumplen y son sujetos a que se les cancelen las concesiones??.
En forma contundente, Garza Orta estableció el riesgo que de actuar la autoridad, totalmente con apego a la Ley, el sistema de transporte urbano podría colapsarse al salir más de 200 unidades de circulación.
Niega "lavado de manos"
En el caso de la denuncia del Ayuntamiento de Torreón sobre supuestos malos manejos cometidos por ex funcionarios municipales, la Contraloría del Estado no eludió la responsabilidad de intervenir ni tampoco ?se lavó las manos??.
Según la Contralora del Estado Inés Garza Orta, ?el dictamen que les enviamos fue en términos muy jurídicos y dimos los elementos de soporte del por qué la Contraloría del Estado no estaba en condiciones de poder entrar a revisar, resolver o definir cómo fue el proceso entrega-recepción y en su caso determinar si hubo irregularidades??.
En el documento enviado hace alrededor de quince días por la Contraloría del Estado al Ayunta-miento de Torreón con copia para el presidente de la Comisión Entrega-Recepción, se cita la autonomía propia de los ayuntamientos de acuerdo con el Artículo 115 Constitucional en los cuales el órgano interno de control del Poder Ejecutivo del Estado no tiene facultades para intervenir y estaríamos violando este concepto.
Por lo tanto, se les hizo ver en ese documento a manera de resolución lo que menciona el Código Municipal de su propia Contraloría Interna y las amplias facultades que tiene el órgano de fiscalización del Congreso del Estado o sea la Contaduría Mayor de Hacienda donde ellos sí pueden entrar a revisar este proceso.
La postura jurídica pues de la Contraloría del Estado es clara y definitivamente ?no nos lavamos las manos en la denuncia que hizo la administración municipal?, según Inés Garza Orta.