“Solamente lo barato se compra con dinero”. Alberto Cortez
La política se hace con dinero. Y sin duda una de las razones que hizo posible que Vicente Fox pudiera derrotar al PRI en el año 2000 fue el hecho de que tuvo, si no el mismo dinero, sí cuando menos una cantidad suficiente para enfrentar los costos de una campaña que se acercaba a lo que podía montar el PRI con todos sus recursos.
Todo parece indicar que Amigos de Fox sí recibió aportaciones ilegales de empresas extranjeras. El mismo hecho de que, a pesar del costo político para el Presidente, las empresas involucradas se hayan negado a aceptar una auditoría del IFE a sus cuentas bancarias, parece ser una tácita aceptación de culpa. No parece haber dudas, por otra parte, de que el PRI también recibió aportaciones ilegales. Ha habido mucha discusión al respecto de si el sindicato petrolero podía o no darle dinero al PRI proveniente de un préstamo de Pemex, pero de lo que no cabe duda es de que, a través de una triangulación con el sindicato, el PRI recibió una cantidad importante de recursos públicos.
Los montos de estas dos aportaciones cuestionables son muy distintos. Al parecer la cantidad que se desvió de Pemex al PRI pudo haber llegado a los 1,580 millones de pesos. Las actuales consignaciones se han hecho por un monto de 1,100 millones de pesos, mientras que otros 480 millones se encuentran todavía en proceso de investigación. Las cifras para las aportaciones de los Amigos de Fox son mucho más pequeñas. Se ha mencionado una transferencia de 200 mil dólares (dos millones de pesos) de una compañía belga a un instituto en Puebla vinculado a la campaña de Fox, si bien Lino Korrodi afirma que esa transferencia no tuvo nada que ver con la campaña. Los cheques girados a Carlota Robinson Kahwagi que se encuentran en la lista que el entonces diputado priista Enrique Jackson dio a conocer en el 2000 suman apenas 1’230,000 pesos. La ley, sin embargo, no hace distingos entre montos en estos casos. Tan ilegal pudo haber sido una aportación pequeña de una empresa extranjera a los Amigos de Fox, como los desvíos multimillonarios de dinero de Pemex al PRI. Pero además hay que advertir que las aportaciones ilegales a la campaña de Fox pudieron haber sido muy superiores a las pequeñas cifras que hasta ahora se han manejado.
El Instituto Federal Electoral ha exigido el derecho de auditar las cuentas bancarias de las personas, empresas e instituciones involucradas en estas transacciones, pero primero la Secretaría de Hacienda y luego el sistema judicial le han negado esa autorización a pesar de que el Tribunal Electoral ha determinado que en materia de delitos electorales el IFE tiene la potestad de revisar cuentas bancarias. Romper el secreto bancario, como aparentemente lo ha hecho Eduardo Fernández, es también un delito. Si el ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le dio la información sobre las transacciones bancarias de Amigos de Fox a Enrique Jackson, ciertamente cometió un delito, aun cuando de naturaleza no grave.
La PGR, sin embargo, busca también añadirle al ex presidente de la Comisión Nacional Bancaria la acusación adicional de “lavado de dinero” para ocultar 2.5 millones de pesos que, según la PGR, habría recibido Fernández a cambio de entregar la información sobre las operaciones bancarias de Amigos de Fox. Vale la pena señalar que las acusaciones de “lavado de dinero” o “delincuencia organizada” que se han venido manejando en este caso no tienen nada que ver con el manejo de dinero de narcotráfico al que se refiere normalmente este término.
Nadie ha pretendido que haya habido un lavado de dinero del narco ni en Amigos de Fox ni de parte de Eduardo Fernández. Pero a veces parece que quienes acusan en estos casos políticos están más interesados en tener impacto en los medios de comunicación que en ayudar a esclarecer la verdad. El sainete de los dineros políticos del 2000 se ha vuelto sumamente complejo. Muy poca gente entiende exactamente lo que ocurrió. Pero lo que no tiene ningún misterio es el daño que se le está haciendo al país. En un momento en que México debería estar concentrado en tomar medidas para la recuperación económica, o para determinar el sentido de nuestro voto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tenemos un enfermizo interés en una serie de casos judiciales que al final sólo nos demostrarán lo que ya sabemos: que la política moderna se hace con dinero.
El voto
He escuchado muchos argumentos emocionales sobre si México debe votar a favor o en contra de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero quizá la pregunta debería ser distinta: ¿Cuál es el voto que le conviene, no a los estadounidenses o a los iraquíes, sino a los mexicanos?