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MÉXICO, DF.- A partir del 12 de junio próximo ningún funcionario público, incluyendo al presidente de la República, podrá archivar bajo un cerrojo documentos de su gestión, afirmó la comisionada presidenta del IFAI, María Marván Laborde, quien recordó que desde esa fecha los ciudadanos podrán hacer uso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
En lo que fue la primera rueda de prensa de los integrantes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la comisionada presidenta pidió ver a ese instrumento como una inversión cuyos beneficios directos serán para los gobernados.
Se trata, explicó, de un mecanismo que facilitará las gestiones de transparencia y de rendición de cuentas ante la sociedad.
Destacó que son comprobables los ahorros políticos, económicos y sociales obtenidos en otros países donde son vigentes leyes similares, por lo que “corresponderá a los integrantes del IFAI demostrar en los próximos años que también fue una inversión provechosa en México”.
Y es que durante la conferencia, los integrantes del Instituto fueron cuestionados por representantes de los medios de comunicación por el hecho de que su salario mensual es de 220 mil pesos en términos brutos, es decir 144 mil pesos netos.
El comisionado Juan Pablo Guerrero Amparán puntualizó al respecto que tal percepción está regulada por el tabulador de la Administración Pública Federal y se fundamenta en el nivel de responsabilidad que tendrán en su cargo.
Rechazó que los comisionados estén recibiendo un salario superior al del presidente de la República -”que es de 155 mil pesos netos al mes”, dijo- ya que, incluso, eso está prohibido por la ley.
Guerrero Amparán agregó que, además, en el IFAI laborarán 150 personas encargadas de asegurar que la población realmente tenga acceso a la información de más de 250 dependencias y entidades con alrededor de dos millones 500 mil funcionarios públicos federales.
Al respecto, el consejero José Octavio López Presa, pidió que el monto de los salarios y, en general del presupuesto para el Instituto -que este año será de 215 millones de pesos-, sea visto en relación con el beneficio que traerá para el país el ejercer el nuevo derecho que tiene la sociedad.
El comisionado comentó que, incluso, el salario de los integrantes del IFAI es equivalente al que percibe un subsecretario de Estado del nivel más bajo.
Los cinco comisionados del Instituto explicaron las atribuciones, objetivos y organización del mismo y anunciaron que el anteproyecto de reglamento de la ley correspondiente está disponible ya consulta pública con el fin de enriquecerlo y consolidar un instrumento que fortalezca al IFAI y a las disposiciones de la ley.
Marván Laborde abundó que el funcionamiento del IFAI estará sustentado en dos premisas fundamentales: garantizar que la información pública sea efectivamente del dominio público y asegurarse de que los datos personales estén debidamente protegidos.
En relación con este último punto, el comisionado Alonso Gómez Robledo destacó la necesidad de que el Congreso de la Unión legisle en materia de protección a la privacidad.
Explicó que ante la ausencia de una ley específica en la materia han considerado en la Ley de Acceso a la Información Pública y en el anteproyecto de su reglamento los principios fundamentales reconocidos en ese renglón en las leyes similares en los países más avanzados.
En torno a las sanciones que pudieran aplicarse a los funcionarios que incumplan con los ordenamientos de la ley, el comisionado López Presa explicó que ésta puede, incluso, llegar a la revocación del cargo o la inhabilitación del funcionario responsable.
Respecto a si en la ley se incluyó algún mecanismo para evitar las llamadas “filtraciones”, señaló que quienes proporcionasen información clasificada como “reservada” estarían incurriendo no sólo en incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, sino incluso, en un delito, y en esa medida tendría que aplicárseles la sanción penal correspondiente.
Los comisionados coincidieron en que la Ley de Acceso a la Información Pública y el IFAI marcan el inicio de una nueva etapa en la relación entre el gobierno y la sociedad.
“La gente podrá solicitar documentos e información a las dependencias del gobierno a partir del próximo 12 de junio; hay un nuevo derecho y es indispensable ejercerlo; el IFAI tiene todo lo necesario para ser garante de ese nuevo derecho y la sociedad debe exigirnos que éste se haga realmente efectivo”, concluyó la comisionada presidenta Marván Laborde.