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MÉXICO, DF.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por cinco años a Oscar Espinosa Villarreal, ex secretario de Turismo, para ocupar cualquier cargo, puesto o comisión en el gobierno e impuso una sanción económica de más de 300 mil pesos.
El ex funcionario fue hallado responsable de un desvío de recursos en la Secretaría de Turismo (Sectur) que asciende a casi diez millones de pesos.
De acuerdo con la dependencia Espinosa se vio involucrado en un desvío de recursos en la Sectur durante los ejercicios fiscales de 1998, 1999 y de enero a noviembre de 2000 en la partida presupuestal 3801, relativa a gastos de ceremonia y orden social.
Como parte del procedimiento administrativo que inició la SFP en mayo de 2001, finalmente se encontró responsable a Espinosa Villarreal en el desvío de recursos, junto con tres ex servidores públicos más de Sectur, entre los que se encuentran quien fuera el coordinador administrativo de las oficinas del secretario del ramo, el director general de Asuntos Internacionales y la directora de Recursos Financieros, quienes fueron inhabilitados durante cinco años y deberán pagar una multa de 354 mil 673 pesos.
Debido a que los implicados aún tienen el derecho a impugnar la sanción, la dependencia no reveló el nombre de todos los sancionados junto con Espinosa Villarreal, quien actualmente enfrenta un proceso de tipo penal por otro desvío de recursos que asciende a 420 millones de pesos en el que presuntamente incurrió cuando se desempeñaba como regente del Distrito Federal.
La Secretaría de la Función Pública también detectó irregularidades en la Policía Federal Preventiva (PFP), donde se adjudicaron indebidamente de forma directa pedidos y contratos que derivaron en un quebranto para la institución que se estima en cinco millones 203 mil 866 pesos.
, por lo que se procedió a sancionar de forma administrativa a seis ex servidores públicos de esa corporación.
A partir de auditorías realizadas a las compras gubernamentales que realizó la PFP durante el ejercicio fiscal del 2000, se detectaron adjudicaciones ilegales, sin la autorización del Comité de Adquisiciones, para el contrato de servicios y bienes que obligaban a las autoridades a realizar licitaciones públicas que nunca se efectuaron.
Las irregularidades se detectaron en la adquisición de bienes y servicios relacionados con el desazolve, limpieza de calderas, aplicación de impermeabilizantes y sellado de domos; así como trabajos de pintura, mantenimiento de vehículos, refacciones de aeronaves, adquisición de placas e insignias y contratación de asesoría profesional para reorganizar la Dirección de Recursos Humanos, todos ellos mediante contrataciones ilegales.
Por estos hechos, se determinó inhabilitar por tres años para desempeñar cualquier cargo o comisión en el servicio público a los servidores públicos que en la administración pasada tuvieron los cargos de director general de Recursos Materiales, a la subdirectora de Adquisiciones, al director de Adquisiciones y Almacenes, al ex coordinador de Administración y Servicios, así como al ex director de Mantenimiento y Transportes y al subdirector de Adquisiciones.