Por Cecilia Aguilar Acuña
El Siglo de Torreón
TORREON, COAH.- El asunto de los jornaleros agrícolas podría ser turnado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) porque a diferencia de los organismos estatales, “ellos sí pueden hacer una intervención de oficio sin queja o denuncia de por medio”, explica David Omar Sifuentes Bocardo, segundo visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.
Sifuentes Bocardo informó que toda vez que las comisiones estatales no pueden actuar si no se presenta una denuncia formal, la situación que viven los indígenas campesinos de los Estados de Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Guanajuato, que bajo míseros sueldos laboran en las pequeñas propiedades de Enrique Alonso y Jesús Dorantes, en los municipios de San Pedro y Matamoros, “interesan y tan es así, que pediremos que intervenga el organismo nacional para que regule la situación”.
Esta realidad es difícil, consideró Sifuentes Borcardo y luego agregó que la complican las mismas personas que se ven afectadas, pues por su cultura, no hablan y no se atreven a formular una denuncia pese a que es claro que reciben un trato indigno, “nosotros pudiéramos pensar que no tiene caso que conserven ese trabajo, pero ellos lo ven desde otra óptica, ya que como en sus lugares de origen no hay fuentes de trabajo, es casi imperativo para ellos, permanecer ahí”.
Dijo que basta con una sola llamada que hagan los afectados para que acudan hasta el lugar, pero como generalmente no ocurre, es cuando las comisiones estatales solicitan la intervención de la CNDH, “supongamos que se diera e inclusive que alguien en lugar del afectado lo hiciera, entonces acudiríamos con la persona para que firme la queja para así empezar a operar”.
Falta voluntad de los alcaldes sampetrinos y matamorenses
Sifuentes Bocardo consideró que falta voluntad por parte de Emilio Bichara Marcos Wong y Felipe Medina Cervantes para controlar el problema de los jornaleros que vienen de diversos Estados del sur a trabajar a los municipios que representan, “porque es claro que la obligación de los Ayuntamientos es administrar los bienes municipales y no se vale decir que no se tiene competencia para resolver este tipo de situaciones y si fuera así, tienen el compromiso de buscar a las instancias correspondientes y hacer llegar estos asuntos para que se establezca una resolución pronta y conveniente”.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social pudiera intervenir
Como es un asunto laboral, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pudiera estar facultada para hacer una inspección y gestionar ante los dueños de las pequeñas propiedades, para que los jornaleros agrícolas puedan recibir los beneficios que se asientan en la Ley Federal del Trabajo, “como el derecho a atención médica a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que reciban el salario mínimo, que las jornadas de trabajo sean reguladas y como también hay muchos niños, que se respeten sus derechos fundamentales”.
Se lavan las manos
Jorge Eduardo González Inurrigarro, delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dijo que esta instancia no está facultada para intervenir en el caso de explotación y marginación de los jornaleros agrícolas, “nuestra intervención sería cuando se da el proceso de fabricación, en esos casos no, pues lo que ellos hacen es recolectar los cultivos y colocarlos en una caja”.
El funcionario federal reconoció que constitucionalmente está prohibida la utilización del trabajo de menores de 14 años, situación que se presenta en algunos campos cultivables de los municipios de San Pedro y Matamoros.
También establece que el patrón está obligado a proporcionar sin ningún costo habitaciones adecuadas e higiénicas para el trabajador y su familia, así como medicinas, material de curación, capacitación y adiestramiento; también están obligados a inscribirlos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que reciban atención médica oportuna y en caso de accidente laboral, reciban durante 90 días el 75 por ciento de su salario, apoyos que evidentemente no reciben los jornaleros antes referidos.
Trabajan para reformar la Ley...
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, toda vez que no está facultada para hacer intervenciones de oficio, trabaja para reformar algunos aspectos de la Ley orgánica.
· La Ley orgánica de las comisiones estatales fue copiada de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
· Por eso no pueden intervenir sin denuncia de por medio.
· Desde hace dos años, el Presidente de la República no propone al candidato que será el Presidente de la CNDH.
· Pretenden que así suceda a nivel Estado.
FUENTE: David Omar Sifuentes Bocardo, Segundo visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila