Tianguistas de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo, se manifestaron ayer en contra de los operativos realizados por la Procuraduría General de la República para combatir la venta de artículos piratas y de procedencia extranjera ilegales, al considerar que mientras tanto los narcotraficantes y grandes contrabandistas gozan de impunidad, por lo que exigieron la liberación de tres comerciantes internados en el Cereso por vender discos no originales, o de lo contrario empezarán a realizar acciones de protesta, como es el cierre de carreteras, amenazaron.
Luego de realizar un pequeño plantón en la Plaza IV Centenario, acompañados de ejidatarios forestales, los comerciantes informales y familiares de los compañeros apresados se entrevistaron con el secretario general de Gobierno, José Miguel Castro Carrillo, a quien solicitaron apoyo para exigir a la delegación de la PGR la liberación de Rosa Elena Favela, Alma Irene Bayona Rocha y Ricardo García Fernández, a quienes se encarceló por vender discos piratas en sus puestos, y que además se cancele la orden de aprehensión contra Mayela Esparza, otra de las tianguistas.
Los manifestantes, en voz del diputado Adán Soria Ramírez, señalaron la incongruencia de que el gobierno federal les quite la fuente de la que obtienen el diario sustento familiar, cuando existe el problema del desempleo. Pero lo peor, que mientras se les trata como delincuentes a los comerciantes, los narcotraficantes y contrabandistas que hay en El Salto operan sin ningún obstáculo por parte de las autoridades, pero, como siempre sucede, “el hilo se rompe por lo más delgado”, y en este caso son los que menos culpa tienen, y a los que se les agrede sin ninguna consideración, expresó el legislador.
No se les puede tratar como delincuentes, agregó, a quienes se dedican a una actividad legal, y que en muchos casos ignoran que vender discos que no son originales sea penado por la ley. “Esto ha generado inquietud y molestia entre los habitantes de El Salto, y hay la intención de actuar en caso de que los compañeros presos no sean liberados”.
Inclusive, los manifestantes expresaron que una de las compañeras que se encarceló le ayudaba al propietario, y se le aprehendió, cuando ya no estaba en el puesto, sino que ya realizaba otra actividad, lo cual no importó a los elementos de la PGR.
Es por ello que demandaron la intervención del Gobierno del Estado, que aun cuando no es de su competencia, para apoyarlos en las gestiones y demandas ante la PGR para que se libere a los tres compañeros presos y se suspenda la orden de aprehensión en contra de otra.
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Sin opción
El secretario general de Gobierno, José Miguel Castro Carrillo, dijo entender la inquietud y malestar de los comerciantes de El Salto, por la forma en que la PGR los trató y no darles la opción de desarrollar otra actividad lícita que les permita obtener el sustento diario familiar.
En presencia de ellos, entabló comunicación telefónica con el delegado de la PGR, a quien solicitó recibir a los comerciantes y darles las facilidades para acceder a los expedientes de los tres compañeros internados en el Cereso y, además, hablar con el Juez de Distrito.
Les ofreció el apoyo a través del Instituto de la Defensoría Pública, para analizar los casos, y una vez que se tomen las conclusiones, orientarlos para que logren la liberación de los afectados. Dijo que hay preocupación por los operativos que realiza la PGR en contra de la venta de artículos piratas y de procedencia extranjera ilícitos, por lo que exhortó a los comerciantes del estado a que se abstengan de hacerlo y con ello eviten ser objeto de encarcelamiento.