La difícil situación económica es aprovechada por quienes se dedican a la usura
GÓMEZ PALACIO, DGO.- José Guadalupe Torres pidió 15 mil pesos prestados para atender un imprevisto, pero a los pocos meses la deuda aumentó a 78 mil pesos; tras un convenio de pagar sólo 26 mil, le embargaron un camión, el estéreo, la televisión y la sala de su casa con el riesgo de perderlo todo si no se pone al corriente en los abonos.
Al afectado le resultó caro el haber solicitado ese préstamo y no retirar nunca los pagarés que firmó en blanco a la mujer que le facilitó el dinero, pues con esos documentos la prestamista promovió una demanda de carácter civil en su contra y ahora ya no sabe qué hacer.
El préstamo fue contratado en el 2002 y hace algunos meses, José Guadalupe, quien tiene su domicilio en la colonia El Dorado de esta ciudad, asegura haber liquidado ya en dos ocasiones los 15 mil pesos que había pedido prestados; actualmente, se le están cobrando 26 mil pesos pero el abogado de la prestamista le advirtió que no podría recuperar el camión de tres toneladas y sus demás pertenencias porque se retrasó dos meses en abonar a esa cantidad.
Otro caso es el de Jesús Rosales Zamora, quien solicitó un préstamo por mil pesos y de la misma forma, firmó una letra que ahora se le pretende hacer efectiva por ocho mil pesos.
Sanjuana Ramírez Luévano, quien vive en la calle Jalisco de la colonia Nueva Los Álamos, también cuenta su historia: “Los abogados de una mujer a la que yo le ayudaba a vender cosméticos, pretenden embargarme y cobrar la cantidad de cuatro mil pesos, cuando únicamente había quedado a deber 300 pesos”.
De acuerdo con lo expuesto por Candelaria González, de la Unión de Colonias Independientes, existe una gran cantidad de personas que de alguna forma se han visto afectadas por los agiotistas, quienes amparados en abogados sin ética, acaban con el patrimonio de las familias, quienes a su vez no reciben la atención adecuada por quienes están asignados como defensores de oficio en los juzgados.
La difícil situación económica por la que atraviesan los trabajadores, está siendo aprovechada por quienes se dedican a la usura, pues ante la emergencia de conseguir dinero rápido, aplican elevados intereses para después multiplicar el monto del adeudo, convertido en cantidades impagables que pretenden hacer efectivas mediante la promoción de demandas que, por desgracia, suelen tener éxito con el embargo del escaso patrimonio familiar.
Se desconoce la Ley
A este respecto, el asesor jurídico del Colegio Regional de Abogados de La Laguna del Estado de Durango, Alberto Montes Rodríguez, consideró que la ciudadanía no se debe dejar llevar por la urgencia de dinero y el desconocimiento de la Ley para ceder a todas las presiones que ejercen los prestamistas al momento de facilitar una cantidad determinada de dinero.
Por desgracia, dijo, estos casos se presentan con mucha frecuencia y los juzgados ya no se dan abasto con las demandas que se registran mediante la vía jurídica mercantil, lo que hace necesario revisar la Ley para que se establezcan las condiciones en que deba desarrollarse este tipo de servicios.
Aunque no existe un tabulador que indique el porcentaje de interés que los prestamistas deban aplicar, se considera que es el diez ó el 15 por ciento mensual el límite máximo para que un juez pueda darle curso a la promoción de una demanda.
Sin embargo, se sabe de personas que aplican intereses semanales y lo peor del caso, sin advertírselos a sus clientes, porque éstos regularmente firman los documentos en blanco como una condicionante para obtener el dinero que están solicitando.
La ausencia de un límite en esos valores, favorece que los prestamistas establezcan sus propios criterios en perjuicio de las personas que tienen una necesidad económica urgente.
La usura es una práctica para la que existe una penalidad, pero además de ello hace falta que la ciudadanía, cuando celebra este tipo de contratos, establezca todo por escrito para evitar al máximo verse involucrada en conflictos legales que no les rendirán ningún resultado favorable.
ABUSO QUE SE CASTIGA
Aunque existe una penalidad para la usura, son las víctimas quienes regularmente deben responder ante la justicia por un préstamo que solicitaron y que se multiplicó con la elevada aplicación de intereses.
* El Artículo 340 bis del Código Penal del Estado de Durango establece que: “al que obtenga de otra persona ventajas usurarias por medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos o lucros superiores a los usuales en el mercado, se le impondrá de uno a nueve años de prisión y multa equivalente de hasta dos tantos de los intereses devengados en exceso”.
Fuente: Código Penal del Estado de Durango.