El PRI, que niega todavía haber recibido 500 millones de pesos provenientes de Pemex a través del sindicato petrolero, prácticamente confesó lo contrario al oponerse ayer al desafuero del senador Ricardo Aldana. Si no cupiera responsabilidad al partido, el juicio penal contra quien entregó esa suma dejaría al descubierto el verdadero destino de esa cantidad, cuya recepción y ocultamiento han costado una multa de mil millones al priismo.
En realidad, la representación parlamentaria del PRI tenía que optar entre males, como suele ocurrir en la vida política y más en un partido que vivió siempre en la arbitrariedad y al que cuesta trabajo adaptarse a normas legales. Si los 16 senadores y diputados priistas que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso hubieran accedido a convocar el período extraordinario de la Cámara de Diputados, para privar a Aldana de su inmunidad, no sólo se malquistarían con el poderoso sindicato petrolero, algo difícil de encarar siempre y sobre todo en vísperas electorales. Sino, lo que es más importante, hubieran puesto a su partido en riesgo de averiguaciones penales que acaso descubran zonas pestilentes en esa organización. En el otro extremo de su dilema, que fue el escogido ayer, el PRI cerraría el camino al desafuero y se expondría a pagar el costo político de incriminarse y encubrir un latrocinio que tanto ofende a la sociedad.
El ilegal trasiego de fondos públicos al partido entonces del gobierno no es una conjetura ni una acusación política que busque causar escándalo. Es un hecho confirmado por las autoridades electorales. El IFE estableció la ruta del dinero con tal rigor que el tribunal correspondiente desoyó la impugnación priista, cuya médula consiste en negar que aquella colosal cantidad entrara en sus arcas y confirmó la resolución que, como todas las de su género, busca evitar que sea negocio burlar la ley, e impone una multa que duplica el monto de lo mal habido u ocultado.
En el orden administrativo-electoral hay, pues, una verdad legal, definitiva e inatacable. No ha podido ocurrir lo mismo, respecto de los mismos hechos, en el orden penal. Se emitieron órdenes de aprehensión (porque varios jueces han admitido como ciertos los indicios invocados por el ministerio público federal, la PGR) contra algunos inculpados y se busca remover los obstáculos legales para hacerlas efectivas, al mismo tiempo que la Procuraduría General de la República solicitó el desafuero de legisladores igualmente indiciados, contra los que no puede procederse porque están investidos de fuero. El principal de ellos, el diputado Carlos Romero Deschamps lo perderá el último día de agosto próximo y entonces la justicia tendrá llano el camino, salvo por supuesto la defensa jurídica a que el dirigente petrolero tiene derecho (y puede pagar).
Pero Aldana es senador y lo será hasta agosto del 2006. De modo que en su caso es apremiante el desafuero. Lo es también por la nitidez de su participación en los actos ilícitos de que se trata. Como tesorero del sindicato, depositó en una cuenta ad hoc 640 millones de pesos recibidos de Pemex, dizque en calidad de préstamo (librado, por lo demás, sin los requisitos formales y no pagado) y de inmediato autorizó a que un equipo enviado por mandos priistas retirara 500 millones y los trasladara a la sede de ese partido. Él mismo retiró los 140 millones restantes. Es claro que debe responder por esos movimientos, ante la justicia penal.
Romero Deschamps y Aldana consiguieron, mediante recursos legales a la postre fallidos, que se desfasaran los tiempos legislativos y los judiciales. Cuando estuvo reunida la Cámara de Diputados, que debe pronunciar el desafuero, impedimentos judiciales detuvieron su actuación. Y hoy que en el caso de Aldana los obstáculos surgidos de los tribunales fueron derribados en los tribunales mismos, el Congreso está en receso. La Sección Instructora, el comité de cuatro miembros que propone privar de la inmunidad o su contrario, urgió al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara a demandar un período extraordinario de sesiones, para el sólo objeto de resolver este caso y ayer la Comisión Permanente rehusó hacerlo.
La decisión, que muestra que el PRI actúa en defensa propia y con ella se incrimina, enseña también una de las complicaciones de la transición. Puesto que, aun sin mayoría absoluta en ninguna de ellas, en cada cámara tiene ese partido las bancadas más numerosas, en esa proporción cuenta con más miembros (16 de un total de 37) de la Comisión Permanente, que cada uno de los grupos restantes. Para convocar al período extraordinario se requieren dos terceras partes del total, 25. Sólo si el resto de las fracciones actuara en el mismo sentido y se unieran a ella cuatro priistas, hubiera sido posible la sesión extraordinaria y el desafuero de Aldana.
No ocurrió así. Congruentes, panistas y perredistas, que iniciaron el procedimiento y lo han llevado adelante, votaron en pos de aquel propósito. Reunieron sólo 18 votos, dos más que los 16 priistas, pero insuficientes para convocar. Hubieran podido tener 20, pero los dos votos restantes se resolvieron en abstención. Los dos miembros del Partido Verde en la Comisión, la senadora Verónica Velasco y el diputado Francisco Agundis, son marido y mujer. Forman un matrimonio bien avenido y ambos se abstuvieron. Probaron con ello que la alianza electoral con el PRI no por parcial es menos efectiva. De la coalición pasaron a la colusión.