Por supuesto que no hay un recibo que acredite el ingreso de 500 millones de pesos al PRI. Conforme a la célebre expresión: Se acusa a quienes recibieron ese dinero de corruptos, no de tontos. No hay una evidencia documental del extremo priista de ese episodio originado en Pemex. Se trataba precisamente de que no la hubiera, porque era un financiamiento negro, que no se reportaría al IFE.
Se utilizaría, entre otros destinos, para una vasta operación de transporte, el dos de julio, que condujera a masas de votantes a sufragar. No fueron contratados los autobuses, no se produjo la movilización planeada, no cayeron en las urnas los votos previstos y esa ausencia impidió remontar los dos millones y medio de sufragios que permitieron a la Alianza por el Cambio ganar la Presidencia de la República.
Desde la tarde de aquella fecha histórica cundía en los círculos de dirección priista una doble estupefacción. La mayor, naturalmente, era causada por la derrota, inesperada allí a pesar de la rotunda evidencia previa en sentido contrario. La otra se mezclaba con indignación: ¿Dónde estaban los operadores electorales, los responsables de promover al precio que fuera, del modo que fuera, el voto de última hora que en muchos comicios antes hizo la diferencia? Ni entonces ni hoy aparecieron.
Pero el que no se les busque, el que no se enderecen acciones legales contra ellos, el que al contrario algunos sean, sigan siendo, hombres y mujeres de pro en el PRI, muestra que en ese partido están conscientes de que debe obedecerse la regla de silencio de las agrupaciones que actúan ilícitamente. ¿Cuándo se ha visto a los jefes de la mafia acusar penalmente a quienes los defraudan? Hacerlo implica confesar delitos. Para evitarlo, se hace justicia por propia mano, del modo que esté al alcance de los agraviados —por ejemplo obturando los caminos de acceso a candidaturas—. O simplemente se acusa el golpe, aunque sus efectos sean devastadores, como lo será dejar de recibir mil millones de pesos, así sea en un plazo largo. Está indudablemente acreditado, con documentación fehaciente, que el sindicato petrolero recibió un falso préstamo, una aportación partidaria en realidad, cuyo monto fue depositado en una cuenta bancaria a la cual llegaron, con autorización del tesorero sindical Ricardo Aldana, responsable de la cuenta, un total de seis personas, en las combinaciones de pareja resultantes, que retiraron legalmente entre el nueve y el veinte de junio del 2000, quinientos millones de pesos en efectivo. Cinco de esas personas trabajaban en oficinas del comité nacional priista, la secretaría de Elecciones y la de Administración y Finanzas. Tampoco de eso hay duda. La sexta no estaba empleada allí, pero no era ajena al partido, ya que pertenecía al personal de Nuevo Impulso, una asociación civil presidida por el secretario particular del candidato del PRI a la Presidencia.
Niega ese partido, no obstante tales evidencias, haber recibido aquella cantidad. ¿Qué fue del dinero, entonces? ¿Lo regaló el sindicato, lo hizo el tesorero, a las seis personas que realizaron físicamente los retiros? ¿Ellas dispusieron indebidamente de ese numerario, se lo robaron? Si así hubiera sido, el sindicato ya habría actuado legalmente contra quienes atentaron contra su patrimonio. No lo ha hecho, no lo hizo porque es cierto que, según el testimonio de los propios portadores, lo entregaron en las oficinas del comité nacional del PRI. Eso probó, en un dictamen que no incurrió en presunciones sino que obtuvo la conclusión no visible de hechos que sí lo eran, el consejo general del IFE. Su decisión fue confirmada anteayer por el Tribunal Federal Electoral. Difícilmente hubiera ese órgano judicial proceder de otra manera, aunque lo intentó la ponencia que sólo ganó dos votos más el del autor. Su criterio es que una sanción de este alcance debe basarse en prueba plena, contundente. Pero es imposible que la haya porque precisamente se urdió una trama para evitarla, se tendió un velo para oscurecer los acontecimientos. La sentencia del tribunal levantó ese velo y dejó al descubierto la realidad. El PRI recibió esa aportación colosal y no la reportó. Aun si se hubiera montado una malversación sobre la malversación, es decir que unos cuantos vivos aprovechando la procedencia ilícita de aquellos recursos hubieran dispuesto para sí de ellos, el partido es responsable.
Lo es, reza el fallo del tribunal, “por aceptar, o al menos tolerar, las conductas ilícitas (dolo), o por desatenderlas (culpa)”. ¿O el PRI ha realizado una averiguación interna sobre el destino de ese dinero llegado a sus oficinas y causante, por no haber dado cuenta de él a la autoridad, del contundente golpe que lo dejará financieramente maltrecho? ¿Se buscó fincar responsabilidades a sus dirigentes de aquel momento, en procedimientos paralelos o adicionales a los que sobre el propio partido realizaron las autoridades? No, nada de eso ocurrió. Por dolo o por culpa, el PRI confesó así, en los hechos, ser el destinatario de quinientos millones en canje de los cuales deberá dejar de recibir el doble de esa cantidad.
Además de su trascendencia en el combate al financiamiento irregular, este asunto confirma la solidez de las autoridades electorales, el Instituto y el Tribunal. Sus legítimas discusiones internas, necesarias y propias de los cuerpos colegiados condujeron a decisiones que permiten esperar pasos equiparables respecto de los Amigos de Fox.