El enfrentamiento entre guardias privados y policías municipales que tuvo lugar el fin de semana en la colonia Torreón Jardín de nuestra ciudad, implica responsabilidad para sus autores. El comportamiento indebido de los guardaespaldas y de la persona que protegían, obliga a presentar una denuncia penal por parte de la administración que encabeza el alcalde Guillermo Anaya, ante la Procuraduría de Justicia de Coahuila.
En efecto, en el caso resultan cometidos al menos los delitos de resistencia de particulares y amenazas, más otros que pudieran resultar de la práctica exhaustiva de la investigación penal que el caso amerita. Los hechos que son objeto de comentario, deben servir de precedente y lección para los Gobiernos de Coahuila y Durango, responsables de habilitar, regular y vigilar a esta clase de cuerpos de seguridad.
El hecho de que la ola delictiva que padece la sociedad haga que determinadas personas requieran protección especial en virtud de circunstancias particulares, no debe generar un problema adicional en materia de seguridad. Quienes se encuentran en el caso de requerir esta clase de vigilancia, son responsables del comportamiento de los agentes a su servicio y de hecho, el carácter y comportamiento del protegido, suele reflejarse en su escolta.
La imposibilidad práctica y legal en el sentido de prohibir las concentraciones masivas de ciudadanos, que tienen lugar por razones recreativas o de cualquiera otra índole, no releva a la autoridad de la obligación que tiene de regular esta clase de eventos y prevenir la comisión de ilícitos. En todo caso, a la sociedad corresponde apoyar los esfuerzos de la autoridad en ese rubro, como indispensable condición del éxito que se espera de los operativos que con ese propósito se instrumenten.