“El más delicioso de todos los privilegios: gastar el dinero de otra gente”.
John Randolph
Los intelectuales han acusado de inmediato la amenaza y han preparado su lucha en contra de las reformas fiscales propuestas por el presidente Vicente Fox. Se quejan de que un IVA aplicado a todos los productos y servicios afectaría también a los libros, las revistas y las colegiaturas de escuelas privadas. Se han levantado en armas contra la propuesta de eliminar instituciones que han salvaguardado siempre la libertad de expresión, como la agencia gubernamental de noticias Notimex, o entidades prioritarias para enfrentar los grandes males de nuestro país, como el Imcine o los Estudios Churubusco.
Éstas son las protestas que de inmediato han encontrado eco en los medios de comunicación, porque estos grupos interesados en mantener tratos especiales tienen un acceso privilegiado a ellos. No pasará mucho tiempo, sin embargo, para que escuchemos las protestas de los transportistas, de los burócratas, de los agricultores, de los sindicatos, de las empresas que emiten vales de despensa y de muchos otros más que reciben tratos especiales en nuestro complejo sistema fiscal y que no están dispuestos a renunciar a ellos.
El problema en todas estas protestas es que revelan una intención de defender los intereses personales o de grupo en lugar del bienestar y la equidad en el país, ya que a fuerza de darle trato privilegiado a unos o a otros se ha generado un laberinto burocrático que es en buena medida responsable de la ineficiencia y la injusticia de nuestro sistema fiscal.
La mayor parte de quienes ahora protestan estarían de acuerdo, en abstracto, sobre la necesidad de tener un sistema fiscal más sencillo y más justo. Ellos mismos reconocerían —porque muchos son razonables— que un sistema fiscal lleno de excepciones y tratos especiales genera iniquidades y es de difícil y costosa aplicación. El problema es que todos quieren que la simplificación se haga en los privilegios de los demás y no en los suyos propios.
Estas mismas personas sin duda aceptarían en abstracto que el gobierno concentre los pocos recursos que tiene en aquellos programas que hagan más competitivo y próspero al país o que apoyen al 21 por ciento de la población que vive en la miseria. Nuevamente aquí el problema surge cuando se pasa de la abstracción a los programas concretos. Todo el mundo quiere justicia y corrección en el gasto, excepto cuando se afecta su interés personal.
Los intelectuales de nuestro país han tenido siempre una extraña e incluso perversa relación con el gobierno. Por una parte afirman que son independientes ante el poder. Pero por la otra le suplican constantemente al gobierno que les conceda canonjías, subsidios y cargos gubernamentales.
No hay razón por la cual los libros, las revistas, los periódicos o los derechos de autor deban quedar exentos de algún impuesto, como no la hay para que se dé ese trato a los ingresos obtenidos a través de vales de despensa o de prestaciones de cualquier otro tipo. Si de verdad queremos un sistema fiscal más limpio y sencillo, que permita aplicar tasas menores a toda la sociedad y no sólo a aquellos pocos que gozan de cercanía al poder, debemos eliminar todos los tratos preferenciales y exenciones fiscales.
De la misma manera, el gobierno debe utilizar sus recursos —los cuales son bastante escasos, debido en buena medida al sistema fiscal lleno de agujeros que tenemos— para ciertos propósitos muy concretos: proporcionar seguridad a los ciudadanos, ofrecer justicia expedita, impartir educación de calidad, crear aquella infraestructura que la iniciativa privada no pueda o no quiera construir y dar apoyo directo a los más necesitados. Parece absurdo que un país en el cual el crimen es una constante, en el que un juicio de indemnización por una expropiación gubernamental se lleva 14 años, en el que los jóvenes salen de las secundarias sin poder realmente leer y escribir, en el que la falta de infraestructura hace que perdamos empleos frente a otros países y en el que uno de cada cuatro niños se va a la cama con hambre, se gaste dinero de los contribuyentes en proyectos de producción cinematográfica para favorecer a una pequeña élite.
Si realmente nuestros intelectuales tuvieran el sentido social que dicen poseer, estarían exigiéndole al gobierno y a los legisladores que simplifiquen un sistema fiscal ineficiente e injusto. Pero no. En lugar de eso están pidiendo que nadie toque sus privilegios.
Iraq
Hace ya tiempo que ha quedado claro que Iraq no tenía armas de destrucción masiva. También es evidente que Estados Unidos invadió Iraq sin tener idea de qué haría una vez que derrocara a Saddam Hussein.
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