Si el propósito real es promover el voto y no la figura presidencial con su implicación partidaria, la solución es sencilla: admítase, sin conceder, que Gobernación tiene facultades para tal promoción. Y obténgase de ella que la realice de modo neutro, sin la presencia de Fox. De esa manera se impediría un conflicto institucional inédito y, lo peor, irresoluble, entre el Gobierno Federal y un organismo constitucional autónomo que puede estallar esta mañana.
Diez de los once partidos en contienda (con la obvia ausencia del PAN) instaron al consejero presidente del IFE José Woldenberg, a convocar para hoy a ese órgano colegiado. Su próxima sesión estaba programada para el seis de julio, pero advertido de la peculiar urgencia de la situación el consejo se reúne esta mañana a las once. Los partidos propusieron “analizar y resolver las medidas legales a adoptar ante la fragante (sic, por flagrante) violación a la Constitución y al Código federal de instituciones y procedimientos electorales, que está (sic, por están) cometiendo el Ejecutivo Federal y la Secretaría de Gobernación al difundir mensajes de promoción del voto, asociados a la campaña propagandística del Partido Acción Nacional”.
Con la cautela del caso, la convocatoria del IFE estipula como único punto sustantivo el siguiente: “Informe acerca de las acciones que ha llevado a cabo el Instituto Federal Electoral respecto de la difusión de mensajes de promoción del voto por parte del Ejecutivo Federal y análisis de las solicitudes de Fuerza Ciudadana y del Partido Revolucionario Institucional. Líneas de acción a seguir”.
La única acción pública conocida de que pueden ser informados los miembros del consejo general es la remisión de una carta que, uno a uno, no como acuerdo del órgano colegiado, firmaron los nueve consejeros electorales. En ella, en cierto modo consentían en que el Gobierno Federal realizara esa campaña. Si bien expresaron su preocupación por el anuncio correspondiente, no erigieron obstáculo legal alguno a que el gobierno emprendiera una “campaña para la participación ciudadana y para la promoción del voto, de cara a los comicios del próximo seis de julio”. Todo lo más que hicieron, amén de una alusión a sus atribuciones constitucionales y legales, fue solicitar atentamente “que los espacios en medios de comunicación que el Gobierno Federal prevé destinar para la campaña antes mencionada, puedan ser cedidos para la difusión de los mensajes que el Instituto Federal Electoral... ha preparado para invitar a la ciudadanía a participar en la jornada electoral”.
No se conoce respuesta a esa petición. Y sí, en cambio, la reiteración, aun en labios del propio Presidente Fox, todavía ayer al mediodía, de su propósito de ir adelante en esa campaña. Ése es el tema de la reunión de esta mañana, si antes no se produce un arreglo político que evite el aumento de la tensión entre Gobernación y el IFE y los partidos.
El Gobierno Federal carece de atribución expresa para la promoción del voto, desde la reforma electoral de 1996. La Ley Orgánica de la Administración Pública incluye funciones de carácter general en que Bucareli pretende fundar su campaña. Dice la fracción XVI del artículo 27 de esa ley (la antigua de secretarías de Estado) que a Gobernación corresponde “fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas, promover la activa participación ciudadana...”. Puede inferirse, interpretarse que en esas funciones se incluye la promoción del voto. Pero eso tendría que declararlo una autoridad que dirimiera el conflicto entre Gobernación y el IFE, y no hay previsión constitucional ni legal sobre un arbitraje así. El IFE no puede ser parte de una controversia constitucional ni iniciar una acción de inconstitucionalidad.
El IFE puede, a su vez, invocar el texto constitucional que le depara ser la autoridad en la materia, responsable de organizar las elecciones. (En cambio, se vería en aprietos el presidente Fox para detallar dónde, como dijo ayer, la Constitución “da un mandato expreso al Presidente de la República para promover en el país una cultura cívica, de promover la participación ciudadana en los procesos electorales”). Podría el IFE, asimismo, aducir que la única atribución explícita en las leyes, referida a la promoción del voto, se halla en el Código electoral. El inciso g) de la fracción primera del artículo 69 incluye entre los fines de ese Instituto, “llevar a cabo la promoción del voto”.
Si se tiene en cuenta, además, que el artículo dos del mismo código establece la obligación de las autoridades federales (estatales y municipales) de ofrecer “apoyo y colaboración” a las electorales, el acuerdo que hoy adopte el consejo general podría encausar el conflicto por la vía de la conciliación simplemente reclamando tal apoyo y tal colaboración para el cumplimiento de ese fin primordial del órgano electoral. No tendría así necesidad de increpar a Gobernación, extremo inimaginable dada la plausible prudencia del IFE, en cuya práctica peca por exceso y no por defecto.
Gobernación debería acatar una instancia de ese género o, por su cuenta, mantener su campaña sin la imagen presidencial, pues promover el voto no requiere el carisma de Fox. Si no lo hace, Bucareli incumplirá su delicada atribución de “favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que... se mantengan las condiciones de gobernabilidad democrática”.