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MÉXICO, DF.- Las fracciones del PRI y PAN en el Senado descartaron la posibilidad de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar una controversia constitucional en contra del acto de emisión de convocatorias de Pemex Exploración y Producción para siete licitaciones públicas internacionales.
Se trata de las convocatorias en las que se invita a participar al capital extranjero para que invierta en la llamada Cuenca de Burgos –que abarca territorios de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León-, mediante la firma de Contratos de Servicios Múltiples.
En opinión de la presidencia de la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Bartlett, no tendría éxito un recurso de esa naturaleza como lo ha pedido el de la Revolución Democrática (PRD) porque se estarían cuestionando solo las bases de un concurso y no una decisión del ejecutivo.
Sin embargo, se buscaría otra forma para tratar de que sea atendida su protesta. El propio Bartlett habló de la posibilidad de echar mano de la denuncia en contra de los servidores públicos que estuvieran involucrados con la firma de esos contratos, en los términos que establece la ley de responsabilidades.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) comparte la posición del gobierno en el sentido de que esos contratos no violan ninguna ley ni están entregando la empresa petrolera al capital extranjero.
Por su parte, los senadores perredistas Jesús Ortega y Antonio Soto Sánchez sostuvieron que son inconstitucionales. Esperan que en la próxima sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se vote su punto de acuerdo para que éste órgano resuelva si acude o no ante la Corte con el recurso de controversia constitucional.
Ortega informó que los panistas de antemano le avisaron que no apoyarán su propuesta. La única esperanza que le queda al perredista es que el PRI cambie de opinión.
Esas licitaciones tienen que ver con la explotación de la Cuenca de Burgos. Pemex ha utilizado los Contratos de Servicios Múltiples para atraer la inversión extranjera.
El temor del PRD, explicó Antonio Soto, es que a través de ese mecanismo administrativo se entreguen recursos petroleros al capital externo, porque se le estaría otorgando un plazo de 20 años para sacarle provecho a la Cuenca de Burgos.
Para esta semana, agregó, los perredistas tienen previsto reunirse con Raúl Muñoz Leos, director de Petróleos Mexicanos (Pemex), para ahondar en el tema.