Por Martín Chávez Chávez
El Siglo de Torreón
TORREÓN, COAH.- Por considerarlo anticonstitucional, representantes obreros promueven ya amparos en contra del enganche que pretende aplicar el Infonavit a partir del primero de junio; exigen la revisión de dicha determinación, calificada como unilateral, por parte de la Justicia Federal y consideran que es un delito de tipo social, pues está agravando la economía del trabajador.
Como es del dominio público, el primero de junio próximo entrará en vigor el cobro del cinco por ciento de enganche por cada crédito otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el primero de enero del 2004 el enganche será del 7.5 por ciento y en junio de ese año se elevará a diez por ciento.
Al respecto, el dirigente de la Confederación Revolucionaria Obrera Mexicana (CROM), José Reyes Blanco Guerra, mencionó que en su agrupación se han recibido cerca de 600 quejas en contra del citado organismo y sólo esperan la aplicación del citado cobro para de inmediato presentar los amparos por ese acuerdo aceptado por el Infonavit y algunos pseudo líderes obreros, que a todas luces está al margen de la Ley.
“Manuel Borras, director general del Infonavit, debería pedirle un consejo a López Obrador, quien con 120 mil pesos construye casas mucho mejores que ese organismo, a pesar de estar en el Distrito Federal donde todo es más caro”, expresó el dirigente obrero.
Añadió que el cobro del enganche vendrá a terminar con la existencia del Infonavit o bien a incremen-tar las ganancias del monopolio de constructoras que tienen como principales cómplices a los funcionarios del Infonavit, pues las casas siguen siendo reducidas, lejanas, de pésima calidad que no significan ningún beneficio ni seguridad para la clase trabajadora, que a estas alturas está muy sangrada, estimó.
Lo que sigue, explicó, es que la constructora le preste el dinero del enganche al trabajador y de esta manera “amarrarlo” para que acepte sus casas y obviamente, después cobrar de manera ventajosa el respaldo ofrecido.
Blanco Guerra señaló que con esta medida, el Infonavit pierde su sentido social y termina por convertirse descaradamente en agiotista y principal agresor de la economía del trabajador, pues un asalariado ¿de dónde va a juntar siete mil o diez mil pesos para adquirir un crédito?
El movimiento de protesta ya se realiza a nivel nacional, con centrales obreras y otras agrupaciones de defensoría pública, pues el enganche definitivamente significa un atentado a la economía del trabajador, además de que su aplicación es una determinación unilateral y anticonstitucional, sobre todo porque nunca se sometió a discusión en el Congreso de la Unión, concluyó.
Está muy mal, desalienta
Por su parte, Jaime Armando de Lara Tamayo, ex integrante de la Comisión Consultiva del Infonavit, calificó de absurda la decisión y señaló que debe ser analizado con mucho cuidado, antes de aplicarse, sobre todo por el tiempo difícil que se vive.
La base trabajadora en estos momentos está golpeada y el Infonavit, que por cierto, ha mejorado su funcionamiento, estimó, debe tomar en cuenta la situación y explicar bien, sin cobros anticipados, pues es muy difícil que un obrero pueda juntar tanto dinero.
Tal vez la intención es buena, pero por la situación económica, en este momento no se debe aplicar, sostuvo.