Para hacerle frente al problema de las jubilaciones, un estudio actuarial que mandó elaborar la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en el que participaron 30 universidades del país, sugiere aumentar la edad de jubilación y el establecimiento de un salario regular para el cálculo de las pensiones, que se define como el promedio ponderado de los salarios de toda la vida activa del trabajador, previa actualización mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
La propuesta consiste en que el trabajador tenga derecho a la jubilación por edad y antigüedad, que se obtendría cuando la suma de los años por estos dos conceptos sea igual o mayor a 98, y que los trabajadores pudieran jubilarse anticipadamente cuando alcance al menos 65 años de edad, con un mínimo de 20 años de servicio.
Actualmente en los Contratos Colectivos de Trabajo del STEUJED se contempla la jubilación de 5 trabajadores por año, y en el del SPAUJED, 4 igualmente por año. Cada jubilación se basa en el último salario integrado; es dinámica porque comprende los aumentos salariales y prestaciones iguales que al personal en activo. Y el derecho a la jubilación se da actualmente sólo por años de servicio sin importar la edad, es decir, con un mínimo de 30 años para hombres y 28 años para mujeres.
Los resultados de este estudio actuarial, grabados en video, fueron proyectados ayer en la mañana a las dirigencias sindicales del STEUJED y SPAUJED, en el Aula “Laureano Roncal”, en un paréntesis acordado, dentro de la revisión contractual que llevan a cabo con Rectoría, y en donde uno de los puntos torales es la jubilación.
Las autoridades universitarias y los comités ejecutivos de ambos sindicatos universitarios estuvieron por cerca de una hora escuchando la exposición denominada “Sistemas universitarios de pensiones”, por parte de Francisco Miguel Aguirre Farías, de Valuaciones Actuariales, SC.
Al finalizar la proyección no hubo comentarios públicos por parte de Mayela Gómez Burgos, aunque Margarita Valdez, del SPAUJED, reiteró que había coincidencia con la dirigencia del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UJED, en el sentido de que no cederían en ninguna de las prestaciones conquistadas y plasmadas en el Contrato Colectivo de Trabajo.
En la proyección del video, el actuario Aguirre Farías señaló que el valor presente de los derechos ya adquiridos por la generación actual, por concepto de pagos únicos y de pensiones, se estimaba en 77 mil millones de pesos de 2000, que equivalen al 1.3% del Producto Interno Bruto Nacional, esto considerando solamente las 30 universidades valuadas.
Enfatizó que se debe hacer una reforma estructural, profunda al esquema actual de jubilaciones, porque a esta cantidad antes mencionada debe agregarse el pasivo que generará el personal que se incorpore en el futuro, es decir, las nuevas generaciones de trabajadores, que implicará pagos por 125 mil mdp, y faltaría agregar al resto de las universidades que no participaron en la valuación actuarial estandarizada, cuyos pasivos contingentes son de consideración.
En este estudio de las 30 universidades, se determinó que había 11 trabajadores por cada pensionado en promedio, y que había 8 mil 609 trabajadores con derechos a pensionarse contra 7 mil 913 ya pensionados, y que en pocos años habrá 5 trabajadores por cada pensionado y, en algunos casos, un trabajador por c ada pensionado. Por otra parte, las cuotas y aportaciones o primas, en promedio del conjunto de las universidades estudiadas, son de 2.6% de las nóminas del personal activo, mientras que los resultados de la valuación actuarial, indican que deberían ser 43.6%, es decir, 15 veces mayores que las actuales.
Las primeras (cuotas y aportaciones) resultantes del estudio actuarial deberían ser desde el 5% hasta el 134% de las nóminas del personal activo, otra problemática identificada en el estudio es que las pensiones promedio de las universidades evaluadoras van desde mil 100 pesos hasta 11 mil 850 pesos, lo que provoca una situación de inequidad.
DISMINUIR O SUSPENDER LAS PENSIONES
Dentro de las posibles acciones para reformar los sistemas de seguridad social de las universidades, la empresa actuarial sugiere llevar a cabo las modificaciones, tomando en cuenta tres grupos de personal por separado que es el de las personas actualmente pensionadas, la generación actual de trabajadores y las nuevas generaciones de trabajadores.
De llevarse a cabo una reforma, “es recomendable llevar a cabo las siguientes acciones generales, para todas las generaciones de trabajadores: garantizar que el diseño del nuevo plan y su puesta en práctica sea viable; procurar que los trabajadores y las universidades efectúen o aumenten las cuotas o aportaciones periódicas, analizar la factibilidad de aportaciones adicionales de los trabajadores a un fondo individual independiente, así como crear un marco legal adecuado para el fondo de pensiones.
Algunas propuestas concretas para las personas actualmente pensionadas, es que las universidades analicen y, en su caso, suspendan o disminuyan las pensiones que hayan sido otorgadas sin razón alguna o sin contar con facultades jurídicas para hacerlo, y revisar anualmente las pensiones por inhabitación.
Para las nuevas generaciones se recomienda diseñar un nuevo esquema de pensiones, establecer o elevar la edad de jubilación, que deberá estar acorde con la actualidad demográfica y con la mejoría en la calidad de vida, y asociar edad con antigüedad para acceder al programa de pensiones.
También abordó algunos aspectos y criterios que deben considerar las universidades para acceder a los recursos aprobados por la Cámara de Diputados, que el año pasado fue de mil millones de pesos para el fortalecimiento de los sistemas de pensiones de las universidades públicas.
Entre las conclusiones destacan que las universidades deberán diseñar nuevos sistemas de seguridad social lo más apegado posible a las recomendaciones generales; y que prácticamente todas las universidades cuentan con sistemas de pensiones y de pagos únicos desfinanciados. Algunas de éstas, señala el estudio, corren el riesgo de descapitalizarse como consecuencia del mal diseño de dichos sistemas.