12 julio 2003
Santiago, (Notimex).- La Corte de Apelaciones de Santiago recomendó estudiar el desafuero del ex dictador Augusto Pinochet (1973-1990) para determinar su eventual responsabilidad en el crimen de un químico que colaboró en forma activa con el régimen militar.
La Octava Sala del tribunal, presidida por el juez Carlos Cerda, le sugirió al magistrado Alejandro Madrid que estudie la posibilidad de pedir el desafuero de Pinochet en el marco de las investigaciones por el asesinato, en 1992 en Uruguay, del químico Eugenio Berríos.
La recomendación tiene por objetivo que Madrid contemple la solicitud de desafuero de Pinochet para interrogarlo sobre su conocimiento de la actividad de Berríos en la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), aparato represor de la dictadura.
Pinochet goza de un fuero similar al parlamentario por su calidad de ex jefe de Estado, razón por la cual la petición debe ser estudiada por la justicia, la cual desaforó en 2000 al octogenario militar para que fuera investigado por decenas de crímenes.
La justicia chilena desaforó el 1 de agosto de 2000 a Pinochet para que fuera investigado como supuesto encubridor de los 75 crímenes cometidos por la llamada "Caravana de la muerte", misión militar que ejecutó a opositores políticos en 1974.
Tras cumplir algunos días de arresto en su casa, ser interrogado por un juez y someterse a exámenes médicos que comprobaron la existencia de una demencia senil, el 9 de julio de 2001 el ex dictador fue beneficiado con el sobreseimiento del caso en su contra.
Berríos fue visto por última vez con vida en Uruguay, país al que llegó junto a miembros del Ejército chileno que tenían por misión evitar que el químico fuera detenido por el crimen del ex canciller Orlando Letelier, ocurrido en Estados Unidos en 1976.
El ex colaborador de la Dina, quien fabricó e el temido gas sarín, desapareció en Montevideo en 1992 y su cuerpo sin vida y maniatado fue encontrado semienterrado en la playa uruguaya de El Pinar, en 1995.
La Corte de Apelaciones de Santiago, además de recomendar el estudio del desafuero de Pinochet, negó la petición de libertad a los suboficiales en retiro Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa, los principales acusados del asesinato y desaparición de Berríos.
El tribunal también recomendó la posibilidad de procesar por secuestro con homicidio, ilegítima privación de libertad, obstrucción a la justicia, asociación ilícita, falsificación de pasaportes y malversación de caudales públicos a 18 personas.
Entre ellos figuran el ex auditor general del Ejército, Fernando Torres Silva, y los oficiales en retiro Enrique Ibarra y Hernán Ramírez Rurange.
Berríos también fue acusado por los hijos del ex presidente chileno Eduardo Frei Montalva (1964-1970) de haber participado en su muerte mediante la introducción de una bacteria en su organismo, supuesto crimen que habría sido ordenado por la dictadura.