Este pasado martes 23 de septiembre participé en un panel organizado por el comité de finanzas del Senado de los Estados Unidos sobre el aumento de las medidas proteccionistas de México contra los productos del campo estadounidenses. Uno a uno los representantes de las industrias del maíz, la alta fructosa, el puerco, la res, la manzana y el arroz dieron testimonio de una letanía de quejas sobre las medidas proteccionistas que México ha impuesto o ha tratado de imponer en estos campos.
Todos reconocieron que el libre comercio en Norteamérica ha abierto oportunidades comerciales importantes; pero todos pidieron al comité, presidido por el senador Charles Grassley de Iowa, que tome medidas agresivas en contra de México por sus persistentes violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Y la verdad es que, si bien en el pasado México podía argumentar que Estados Unidos violaba el TLCAN por su persistente negativa a aceptar la apertura acordada al transporte camionero, al aguacate, al atún o al cemento, hoy queda claro que México también se ha convertido en culpable de incumplimiento.
Por presiones de distintos grupos de productores y de organizaciones políticas México ha tomado una serie de medidas ilegales para proteger a distintos sectores agropecuarios de nuestro país. Éstas han incluido juicios frívolos por supuesto dumping, barreras sanitarias sin sustento científico y —quizá el peor de todos los casos— un punitivo impuesto especial a la fructosa tanto nacional como extranjera que no tiene más propósito que proteger a nuestra obsoleta industria de la caña de azúcar.
Estas medidas proteccionistas son malas para México por dos razones. Por una parte han llevado a un punto de exasperación a los productores agropecuarios estadounidenses, los cuales están exigiendo medidas punitivas contra productos mexicanos que, en caso de aplicarse, afectarían a productores nacionales inocentes y podrían poner en riesgo el Tratado de Libre Comercio, con todo y su superávit comercial de más de 30 mil millones de dólares anuales con Estados Unidos. La otra razón es que se está afectando directamente a los consumidores mexicanos.
El proteccionismo cierra el acceso de productos competitivos a nuestro país, lo cual hace que los productores mexicanos puedan vendernos bienes de menor calidad y a un precio superior al que deberían tener.
La experiencia nos dice, como lo señalaba esta semana un editorial del periódico The Wall Street Journal sobre el también lamentable arancel especial de Estados Unidos sobre el acero importado, que el proteccionismo distribuye costos en toda la sociedad para beneficiar a unos cuantos.
Las medidas proteccionistas que México ha aplicado a los productos agropecuarios estadounidenses parten de un supuesto equivocado: que la pobreza del campo mexicano es consecuencia del libre comercio. Las estadísticas disponibles, sin embargo, comprueban exactamente lo contrario. Las exportaciones agropecuarias mexicanas se han duplicado con el TLCAN y las de productos industrializados del campo, que son las que más y mejores empleos generan, casi se han triplicado.
Es verdad que el sector agropecuario es el único en el cual México no tiene un superávit comercial en el TLCAN. Pero esto no es culpa de las importaciones estadounidenses, sino de una política agraria equivocada por parte de nuestro país. Es muy difícil, si no imposible, que México pueda competir en el mercado agropecuario con una tierra fragmentada por decreto gubernamental. Somos un país que prohíbe las granjas irrigadas de más de 100 hectáreas y tenemos un sistema en el que más de la mitad de la tierra —el ejido— no cuenta con derechos cabales de propiedad y no puede, por lo tanto, ser garantía de crédito. Estamos en un momento muy delicado de nuestra historia contemporánea. La apertura comercial ha generado millones de empleos y nos ha dado la oportunidad de disminuir la pobreza que nos afecta desde hace siglos. Pero unos cuantos grupos políticos están empeñados en destruirlo todo al impulsar una política que implica sacrificar el largo plazo por el corto y el interés general por el particular.
Gángsters
La Federación Mexicana de Futbol está violando el derecho al trabajo —garantizado por la Constitución— al inhabilitar al árbitro Felipe Ramos Rizo por el pecado de haber recurrido a su derecho constitucional de denunciar un delito. ¿Cómo puede la FMF violar de manera tan abierta la Constitución sin que nadie haga algo? Hemos permitido que la FMF se convierta en un Estado dentro del Estado. Correo electrónico: sergiosarmiento@todito.com