BBRASILIA, (AP).- La aprobación en el Congreso de reformas a la seguridad social causó el miércoles violentos incidentes en el recinto legislativo por parte de funcionarios que se oponen a los cambios que impulsa el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Grupos de manifestantes armados con palos y piedras tomaron áreas del edificio del Congreso y rompieron los vitrales y las puertas, enfrentándose con los agentes del seguridad de la legislatura. Las fuerzas de la policía, que movilizó 5.000 efectivos, se mantuvieron en el interior del edificio.
El comandante de la unidad policial, coronel Jorge Eileen, emplazó a los manifestantes a desalojar el lugar. Cuatro funcionarios y dos agentes de seguridad del Congreso resultaron heridos con la caída de los vitrales.
Por primera vez en poco más de siete meses en el poder, Lula, ex líder sindical, fue blanco de las críticas de trabajadores, que se trasladaron a la capital desde Sao Paulo, Río de Janeiro, Fortaleza, Bahía y otros estados.
En una marcha por la explanada de los Ministerios, Congreso y el palacio de Planalto, los manifestantes portaban gigantescos carteles con leyendas como "Traidor, fuera Mister Lula", "Gobierno de rodillas ante el capitalismo" y "Ahora es Lucha" , en alusión a uno de los lemas de la campaña presidencial que señalaba "Ahora es Lula". Los manifestantes portaban un ataúd escrito con el nombre del presidente.
Alejandra María Rossi, secretaria de una institución gubernamental, dijo a la AP que votó por Lula "con la ilusión de que cambiaría el país y respetaría a los trabajadores, pero estoy decepcionada".
Rodrigo dos Santos, un funcionario que vino desde Río de Janeiro, manifestó que Lula prometió que iba a luchar para derrotar al hambre del pueblo "pero lo que hace es combatir las ilusiones del pueblo".
"Me faltan apenas dos años para jubilarme, pero ahora decidieron ampliar los años de servicio y encima debo pagar un impuesto al estado por la pensión que recibiré. Es un asalto", señaló el conductor de vehículos Roger Soares, de 51 años.
El presidente de la Asociación de empleados públicos federales, Gilberto Jorge Gomes, subrayó que las reformas "derrumban los derechos de los trabajadores al imponer obligaciones responsabilizándoles por el déficit en el sistema de seguro social y pensiones".
El ministro de Seguridad Social, Ricardo Berzoini, señaló que se espera que las reformas disminuyan el déficit de 24.000 millones de dólares en unos 18.500 millones en 20 años. Gomes calificó a las reformas de "inhumanas, porque crean un impuesto del 11% para los jubilados con pensiones superiores a los 1.200 reales (400 dólares)".
Entre otras reformas al sistema, figuran un incremento de la edad de jubilación de los funcionarios de 48 a 55 años para las mujeres y de 53 a 60 para los hombres, además de una permanencia mínima de 25 años en el servicio público y 35 años de contribuciones al seguro social.
Los jueces estaduales criticaron el miércoles la fijación del 85,5% de los salarios para la fijación de pensiones de jubilación y advirtieron con iniciar una batalla legal hasta forzar una paridad con las pensiones de los magistrados federales, que llega al 90,25%.
El principal dirigente de los jueces, Jorge Baldino, manifestó que el gobierno "incumplió su palabra de fijar 90,25% de los salarios a las pensiones, como sucede con los magistrados federales".
El frente gobiernista aún debe analizar con detalle algunas medidas de las reformas como las pensiones de los jueces y el cobro de impuestos a los inactivos, antes de pasar la decisión al Senado.