AP
CARACAS, VENEZUELA.- Los actos de sepelio de dos simpatizantes del gobierno que murieron baleados durante una marcha opositora se transformaron ayer en una gran protesta, donde miles de manifestantes oficialistas recorrieron las principales calles para exigir castigo por los asesinatos.
Al grito de “justicia, justicia” unos 10.000 partidarios del presidente Hugo Chávez se aglomeraron iracundos frente a la funeraria donde eran velados Jairo Morán y Oscar Gómez.
Entre los asistentes abundaban las boinas rojas y las camisas con la leyenda “Círculos Bolivarianos”, organizaciones civiles promovidas por el gobierno entre sus partidarios y que la oposición acusa de ser violentos grupos paramilitares.
Las dos víctimas murieron por heridas de bala que recibieron en violentos disturbios el viernes frente a la sede de las fuerzas armadas en Fuerte Tiuna, entre opositores que participaban en una manifestación y oficialistas que los interceptaron.
La violencia estalló cuando cientos de partidarios del gobierno lanzaron piedras, botellas y fuegos artificiales contra miles de manifestantes opositores frente al Fuerte Tiuna.
La policía intentó mantener aparte a los dos bandos, disparando balas de goma y gas lacrimógeno. Fue entonces cuando estallaron los disparos.
El gobierno y la oposición se culpan mutuamente. Los partidarios del gobierno afirman que los disparos vinieron de agentes de la Policía Metropolitana, que dirige un alcalde opositor; los opositores afirman que los disparos vinieron de sectores oficialistas.
Tras abandonar las capillas funerarias, el sepelio se dirigió hacia un hotel de la ciudad donde se aloja el secretario general de la OEA, César Gaviria.
El vicepresidente José Vicente Rangel y un grupo de ministros quienes encabezaban la marcha entregaron al jefe de la oficina de la OEA en Caracas, Carlos Carbacho, un documento en el que solicitaron apoyo para enfrentar el brote de la violencia.
Los ataúdes con los dos cuerpos fueron llevados en hombros por Rangel y docenas de simpatizantes chavistas que avanzaban acompasados por un lento ritmo de tambores. “Ni un muerto más, ni un muerto más”, era la consigna que gritaban los participantes.
La Policía de Caracas tuvo que intervenir para calmar los ánimos de los participantes en el cortejo cuando pasaron frente a una de las sedes de la Policía Metropolitana, a la que responsabilizan de los disparos que mataron a las víctimas.
“Solicitamos al doctor Gaviria una condena de estos hechos criminales de los que responsabilizamos a la Policía Metropolitana ... y solicitamos que haga gestiones ante organismos internacionales de derechos humanos para que se sumen a esta condenatoria”, expresó el ministro de Educación Aristóbulo Istúriz.
Rangel declaró a periodistas que el gobierno no permitirá que los crímenes queden impunes, a la vez que pidió mesura a los simpatizantes oficialistas.
“Nosotros respondemos a la violencia con el imperio de la ley, llamamos a que no haya venganzas, retaliaciones; llamamos a la paz, al diálogo y al entendimiento”, manifestó.
Las palabras de Rangel parecieron ser alusión a un confuso incidente la noche anterior cerca de las capillas donde velaban a las víctimas, cuando desconocidos hicieron disparos hiriendo a dos agentes de la Policía Metropolitana. El comandante de esa fuerza policial, Henry Vivas, atribuyó el ataque a partidarios de Chávez.
Julio Rodríguez, un mecánico de 38 años que marchó junto a los féretros, dijo que “nos duele la pérdida de estos compatriotas, de estos militantes de la revolución, pero independientemente del dolor, seguiremos en las calles y ahora más que nunca”.
La población venezolana se ha polarizado marcadamente entre los grupos opositores que abogan por la renuncia del presidente Chávez y por los oficialistas que lo respaldan.
El más grave choque entre grupos antagónicos ocurrió el 11 de abril, cuando una marcha opositora degeneró en violencia en que murieron 19 personas y centenares resultaron heridas de bala, y que llevó a un breve derrocamiento de Chávez.
La oposición inició hace 35 días una huelga que tiene semiparalizada al país. Su fin es conseguir la renuncia del presidente y el adelanto a elecciones.