SALTILLO, Coah.- Los tres proyectos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública presentados ante el Congreso del Estado por el Ejecutivo, el PAN y de forma conjunta por el PRD, PT y UDC, coinciden en la necesidad de dar a conocer datos que antes eran “secreto de estado” o “tabúes” , como las nóminas de las dependencias, su número de empleados y sueldos, así como puestos y funciones. Además, establecen que se informe sobre las licitaciones de obras; inclusive en una de las propuestas se pide tener acceso a la información de la UAdeC, financiera y académica.
En cuanto al número de artículos el proyecto del Ejecutivo, que cuenta con el apoyo de todos los partidos a excepción del partido blanquiazul, es el más grande con 71 artículos; el del PAN, contiene 67 y el del resto de los partidos, 47.
ACCESO A LOS GASTOS DE LOS PARTIDOS
La iniciativa presentada por el gobierno del estado, en su artículo 20 dispone que por interés público toda persona podrá acceder a la documentación e información, sobre los recursos gubernamentales que reciben los partidos políticos y los organismos no gubernamentales.
“La información de los partidos políticos y de las agrupaciones políticas, se sujetará al principio de máxima publicidad y a la transparencia en el financiamiento, conforme a la ley de la materia”, expresa textualmente el citado artículo.
ACCESO A LA INFORMACION CONTABLE Y ACADEMICA DE LA UAdeC
La propuesta del PRD y demás partidos, considera en su artículo 3 que la Universidad Autónoma de Coahuila y demás instituciones de educación pública del estado y de los municipios, son entidades de interés público para los efectos de dicha ley.
En su artículo 13, fracción III, establece que es información pública “la de carácter personal contenida en los registros y expedientes del personal académico, administrativo y de los alumnos de la UAdeC y las demás instituciones de educación media y superior”.
SERVICIO CIVIL DE CARRERA
La iniciativa del PAN, en su artículo 47 hace la propuesta de crear el servicio civil de carrera, “para profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo del Instituto de Acceso a la Información Pública, a fin de garantizar los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, honradez, lealtad y eficiencia”.
En concreto este artículo se refiere a contar con funcionarios con estas características, dentro del citado instituto que se encargará de que se aplique la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de resolver las potenciales controversias que se puedan dar entre ciudadanos e instituciones públicas.
ACCESO A LAS NOMINAS, PRESUPUESTOS Y LICITACIONES
Uno de los puntos coincidentes entre las tres propuestas de ley, es el tema de las nóminas, sueldos y personal que labora en las dependencias públicas.
En el caso del PAN, este partido propone que las entidades públicas, estatales y municipales, informen de oficio. Es decir, por iniciativa propia.
Entre esa “información de oficio”, se daría a conocer la estructura orgánica de las instancias de gobierno, el directorio de sus servidores públicos desde los jefes de departamento o área, incluyendo sus curriculas académica y laboral; los sueldos mensuales de los empleados y las compensaciones.
Asimismo, las entidades públicas deberán informar de oficio, su sistema y resultados de licitaciones y convocatorias para obras públicas, los resultados de sus auditorías y el manejo de su presupuesto, entre otras.
Al respecto, el PRD y el resto de los partidos proponen que ese informe del presupuesto vaya desglosado y se de a conocer con amplitud las licitaciones, compras, enajenaciones, créditos y todos los actos relacionados con el manejo del recurso público.
Esta iniciativa de los tres partidos, sugiere que además de informarse sobre la nómina del personal, se proporcionen datos sobre asesores y consultores externos, peritos y demás auxiliares que no aparecen en el listado de personal.
En cuanto a contratos y licitaciones, la propuesta del Ejecutivo establece que es necesario que se tenga acceso a las consideraciones, opiniones y argumentos contenidos en los expedientes “que justifican el otorgamiento de permisos, concesiones y licencias; así como a las contrataciones, licitaciones y demás procesos de adquisición de bienes o servicios”.
En el caso de las licitaciones, esta ley indica que los resultados de las respectivas convocatorias deberán contener el contrato, el monto, los requerimientos técnicos, los datos del proveedor, el plazo para el cumplimiento de la obra o entrega del bien y los instrumentos de participación ciudadana que se observaron en los términos de ley.
INCERTIDUMBRE SOBRE SU APROBACION
Si bien se presentaron tres iniciativas diferentes, no se ha fijado en que periodo de sesiones del Congreso comenzarían a discutirse por el pleno, sea para su aprobación o rechazo.
Lo más probable, considerando que este es un año político y la gran cantidad de pendientes que tiene la legislatura, este año no sería discutida ninguna iniciativa de ley de acceso a la información pública.
De hecho, el propio secretario de Gobierno Raúl Sifuentes Guerrero, dijo que cuando menos se espera que pueda entrar en vigor para el último año del sexenio actual de esta administración estatal.