En esa Procuraduría General de la República en la que sospechosamente se filtra de manera misteriosa lo que no debiera de filtrarse y en cambio se guarda herméticamente lo que debiera ser conocido públicamente. En esa PGR que por ineficiencias de algunos de sus funcionarios o por convenirles así en muchos de los casos indagados, integran inadecuadamente los expedientes de implicados en graves delitos, por lo que dejan en infinidad de ocasiones desarmado al órgano jurisdiccional por los graves defectos legales de forma de sus actuaciones y con ello que colaboran al imperio de la impunidad en nuestro país: En esa Procuraduría General de la República se intenta a toda costa, que no se llegue a conocer la verdad en torno al asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas.
La más reciente de las jugarretas con las que ha actuado la PGR, desde los aciagos tiempos en que Carpizo fungió como abogado de la nación, es la filtración con todo lujo de detalles de oficios membretados y con sellos de la dependencia de una investigación a fondo en contra del cardenal Juan Sandoval Íñiguez, sus familiares cercanos, incluida su difunta madre y los abogados que junto al arzobispo de Guadalajara han propugnado que se conozca la verdad real, no la virtual del “Nintendo Carpiziano” en torno al asesinato del príncipe de la Iglesia católica.
Una nota publicada por la organización periodística Reforma-Norte fundamentada a decir de ellos en documentos de los que se poseen copia, afirma que “desde hace tres semanas la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada y la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, rastrean todas las cuentas bancarias del prelado así como de su familia.
Mediante un oficio clasificado como “Urgente y Confidencial”, girado a Jonathan Davis, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría le solicita un estado pormenorizado de todas las cuentas bancarias y operaciones financieras desde el año de 1996 y a la fecha, tanto de Sandoval Íñiguez, como de su mamá, fallecida en diciembre del 2000 y de 10 hermanos y hermanas del prelado.
En el documento también se solicita a la CNBV una relación de los movimientos bancarios o crediticios de José Antonio Ortega Sánchez, abogado del Cardenal en las pesquisas que realizó la PGR en torno al caso del Cardenal Posadas Ocampo, así como del empresario y dueño del hipódromo de Ciudad Juárez, José María Guardia López así como del actual diputado federal panista, Fernando Guzmán Pérez-Peláez y hasta del antecesor del cardenal Posadas Ocampo: su Eminencia José Salazar López a pesar de que su muerte acaeció en 1991”.
No es la primera vez en que se procede a investigar oficialmente a estos personajes, ni tampoco es inédito el hecho de que varios de ellos han sufrido en carne propia los efectos de ese afán por intimidarlos para que no llegue a aflorar la verdad.
Tanto los licenciados Ortega como Guzmán han sido víctimas de intentos de asalto o secuestro y bien sabemos que el cardenal Sandoval sufrió un intento de envenenamiento por el que incluso tuvo que estar internado en un hospital algunas semanas.