La Suprema Corte autorizó la extradición de Ricardo Miguel Cavallo a España donde será juzgado por genocidio y terrorismo. En el histórico fallo desemboca el añejo forcejeo entre impunidad y justicia y se prepara el escenario para la controversia sobre la posibilidad de que en México se castigue a responsables de violaciones gravísimas a los derechos humanos.
En 1983 se estableció en Argentina una “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas” que presidió el escritor Ernesto Sábato. En un solo año prepararon un voluminoso informe que apropiadamente llamaron Nunca Más. Es un texto escalofriante porque muestra en angustioso detalle, la “tecnología del infierno llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutantes”. Esa Comisión reconstruyó un “tenebroso rompecabezas” en el cual estaba la “Escuela de Mecánica de la Armada” (ESMA) donde actuaba Miguel Ángel Cavallo que participó personalmente en varios asesinatos, 108 secuestros y 227 desapariciones forzadas. Tuvieron que pasar 20 años para que Cavallo sea llevado ante un juez español.
Para que eso fuera posible fue necesario el trabajo tenaz de víctimas, familiares y de defensores de derechos humanos que se aprovecharon de una serie de acontecimientos fortuitos. Cavallo llegó a México transformado en un próspero empresario y una de las empresas en que participaba obtuvo la concesión del Registro Nacional de Vehículos (Renave). El torturador actuaba tan confiado de su impunidad que terminó siendo identificado por una de sus víctimas que informó al Grupo Reforma, el que, después de una investigación fulminante, informó en agosto del 2000 que tras la imagen de empresario convencional se ocultaba un temible criminal.
Con la detención de Cavallo se inicia en México una formidable batalla jurídica porque jueces españoles, entre los que destaca Baltazar Garzón, pidieron a México su extradición para juzgarlo en la península ibérica por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura.
Tras el pedido de extradición está la larguísima y tortuosa historia de quienes, en todo el mundo, han combatido las atrocidades y la impunidad a partir de criterios mínimos de decencia fijados por la humanidad. Los hechos y las razones que permitirán que Cavallo sea juzgado en España aparecen en los capítulos X y XI de la biografía de Pilar Urbano sobre Baltazar Garzón (Plaza y Janes, 2000). El juez español cuenta que el caso de las aberraciones argentinas “yo no lo busqué, vino a mi mesa, como una denuncia más”. Lo que Garzón hizo -y con ello le bordó una lentejuela al mantón de la historia- que “buscar un engarce legal” que encontró en un artículo “que establece la jurisdicción internacional de España para perseguir y juzgar delitos cometidos en el extranjero, entre otros, el de terrorismo y genocidio”. Razonamientos de este tipo son los que dan sustento al concepto de “justicia universal”.
Fueron tres años de combate jurídico librado frente a los reflectores y con la atención nacional e internacional. Estaba muy fresco en la memoria el blindaje de impunidad que disfrutaban torturadores y asesinos. En marzo del 2000, cinco meses antes de que Cavallo fuera detenido en Cancún, Augusto Pinochet se escabulló de la justicia española. El dictador chileno había estado 503 días detenido en el Reino Unido y pudo abandonar la isla por la protección que recibió de los gobiernos de Gran Bretaña y Madrid. Con Cavallo se presentaba otra oportunidad de impulsar justicia. Después de tortuosos recorridos por tribunales mexicanos el caso terminó ante la Suprema Corte de Justicia en donde se enfrentaron las estrategias jurídicas de los influyentes defensores de Cavallo, del Ejecutivo mexicano (en particular la Secretaría de Relaciones Exteriores) y de los jueces españoles. En el caso participó una coalición de organizaciones civiles mexicanas, argentinas y españolas que, entre otras actividades, presentaron una muy sólida opinión (Amicus Curiae) a la Suprema Corte. Los once ministros de la Corte (diez hombres y una mujer) discutieron durante meses el caso y finalmente, el martes diez de junio tuvieron una sesión pública. La versión taquigráfica de esa jornada es un elogio a la apertura informativa que vivimos y que nos permite apreciar las diferencias y los matices que tiene la Corte sobre temas sustantivos: ¿cuándo prescribe la tortura, el genocidio, la desaparición forzada de personas? ¿hasta dónde se deben o pueden conciliar los criterios internacionales con la legislación doméstica? ¿qué tan válida es la jurisdicción universal? Aunque la Corte se abstuvo de dar definiciones de fondo sí se pronunciaron porque Cavallo sea juzgado en España por los delitos de genocidio y terrorismo pero lo protegieron de las acusaciones de tortura que, en su opinión, ya habían prescrito.
La resolución del supremo tribunal mexicano ha recibido algunas críticas y muchos elogios. Se considera lamentable que hubieran considerado prescrito el delito de tortura y que no se hubiera pronunciado por los asuntos de fondo. Pese a ello, nadie cuestiona la trascendencia de una decisión que reivindica la justicia universal justo cuando Washington rechaza y exige impunidad para los soldados y funcionarios que construyen un imperio mundial. En una extraordinaria colaboración para la revista Proceso (“Luces y sombras de la Suprema Corte”, 15 de junio del 2003) el juez español Carlos Castresana resume lo positivo del fallo: “La decisión de la Suprema Corte de Justicia es un triunfo de la humanidad. Al menos de esa parte de la humanidad que nos anima a reivindicarnos humanos. Como tal, hay que celebrarlo”. Por supuesto que la historia está lejos de haber terminado. Las deliberaciones se trasladan a Madrid en donde no hay un consenso entre los jueces de instrucción y sentencia. Algunos de ellos tienen posiciones bastante conservadoras y hasta es posible que exoneren a Cavallo.
A nadie escapa que la extradición del represor argentino tiene una ramificación doméstica. En México también hubo una “Guerra Sucia” y los responsables siguen sin ser llevados ante la justicia para que ésta decida sobre su culpabilidad. La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado pidió a un juez regiomontano órdenes de aprehensión contra Luis De la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro (ex directores de la Federal de Seguridad acusados de graves violaciones a los derechos humanos). La petición fue denegada y el asunto está en la Suprema Corte que tendrá que discutir, una vez más, los temas que la condujeron a autorizar la extradición de Cavallo. Será un debate difícil con desenlace incierto. Comparto la esperanza expresada por Castresana de su artículo de que los ministros de la Suprema Corte “serán capaces de dispensar a sus conciudadanos mexicanos una protección jurídica, una tutela judicial, si no mejor, al menos tan buena como la que acaban de dar a los argentinos”. En caso de que no lo hicieran es posible que se intente juzgarlo en el exterior. El caso Cavallo es un golpe tan duro a la impunidad que la pregunta obligada es ¿Quién sigue?
La miscelánea
Mientras el torturador Cavallo, se benefició de un debido proceso, el Tribunal Supremo de Cuba acaba de ratificar las sentencias de 50 disidentes condenados en juicios sumarios que se alejan de los criterios humanitarios internacionales. La condenable agresión estadounidense contra la isla caribeña no debe servir para justificar la barbarie de quienes piensan diferente y se oponen pacíficamente a los gobiernos establecidos. Por otro lado, en Guadalajara falleció el maestro Manuel Rodríguez Lapuente, que además de enseñar estuvo siempre comprometido con la democracia. Horas después, aunque en la capital murió Richard Seid un ser humano excepcional con quien compartí algunas jornadas de Alianza Cívica. Mis profundas condolencias para su viuda, mi queridísima amiga María Victoria Llamas, una defensora de los derechos y la dignidad humana. Que descansen en paz.
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