LEn la situación que viven las radios comunitarias -que puede hacer crisis en cualquier momento-se manifiesta el drama de una transición estancada por la fuerza de los poderes fácticos.
Utilizo un caso para desagregar los componentes que tiene el problema. En abril del 2002 la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec (zona Mixe de Oaxaca) pidió permiso al gobernador del estado y al delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para establecer una estación de radio y un canal de televisión. Mientras esperaban la respuesta, prendieron el equipo de transmisión de su radio y se pusieron a trabajar. En agosto del 2002 llegaron al pueblo agentes de la SCT y les confiscaron el equipo. El 10 de marzo del 2003 Luis Fernando Borjón Figueroa, Director General de Sistemas de Radio y Televisión de la SCT les envió un oficio en que respondía la solicitud de esa comunidad Mixe de “instalar y operar una estación de radio y un canal de televisión” con el objetivo de “fortalecer y difundir la cultura de los pueblos indígenas”.
La respuesta de Borjón Figueroa es digna de una antología del centralismo cultural. Hizo saber a los Mixes que la SCT había solicitado a las concesionarias de Televisa y TV Azteca en Oaxaca que instalaran “estaciones complementarias” para que su civilizadora señal llegara a Santa María Tlahuitoltepec Mixe. Cuando un grupo indígena pide un instrumento para fortalecer su identidad, el gobierno que iba a cambiar el orden establecido les ordena su integración a esa homogeneidad cultural difundida por las dos grandes televisoras. En esa lógica ni siquiera se considera como alternativa pedir que algún canal público (el 11 o el 22) instale una repetidora, ni se pide que parte de la programación de Azteca y Televisa vaya en lengua indígena (eso sería interpretado como un atentado a la libertad de expresión que se niega a los indígenas y muchos más). Desde otra perspectiva, el comportamiento de la comunidad Mixe muestra la cultura de la ilegalidad que impregna la vida nacional. Todos los que se acercan al mundo de las comunicaciones conocen las dificultades extraordinarias que aparecen cuando se intenta obtener un permiso o una concesión (la segunda permite la explotación comercial, el primero es para actividades sin fines de lucro). Como la ley tiene enorme vacíos (salvo en los medios comerciales), Comunicaciones y Transportes tiene la costumbre de rechazar o no responder a las peticiones. En consecuencia, los grupos interesados en instalar un medio electrónico presentan su solicitud... y se ponen a transmitir siguiendo la mexicana tradición del hecho consumado.
La democratización ha provocado que crezca el número de grupos que quieren comunicar sus puntos de vista y, por tanto, van aumentando los radios comunitarias (el equipo es muy barato). La mayoría de ellos transmiten programas sobre derechos humanos, equidad de género, medio ambiente, etcétera. Pero como no tienen respuesta legal se incrementan los que operan fuera de la legalidad. De los 48 miembros que tiene el capítulo mexicano de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, casi la mitad funcionan sin el permiso que todas solicitaron. Trabajan, eso sí, con el apoyo de autoridades municipales o grupos sociales y políticos de lo más diverso. Los concesionarios han reaccionado al ver que las radios comunitarias obtienen ingresos de “patrocinadores” y se convierten en competidoras. En las últimas semanas, voceros de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) se han lanzado contra la sección mexicana de AMARC a la que acusan de ser una organización extranjera que fomenta la radio clandestina, pirata y guerrillera que debe ser clausurada por la SCT y el Ejército. Como en algunos casos han participado elementos del ejército es posible que algunas transmisoras sí tengan cercanía con grupos armados. Sin embargo, es a todas luces injusto e impreciso poner a todas estas radios en esa categoría. Como en lugar de transparencia hay rumores, algunas ONG de derechos humanos (entre otros al Centro Nacional de Comunicación Social, CENCOS, y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos) han expresado su preocupación por la posibilidad de que en estos días santos se clausure a las estaciones sin permiso.
Todo sería diferente si hubiera claridad en la legislación. Desafortunadamente, la Ley de Radio y Televisión volvió a quedarse paralizada. Las dirigencias de los partidos y el gobierno siguen posponiendo el asunto porque no desean irritar a los poderosos concesionarios que se han erigido en una fuerza supraestatal que desde hace mucho tiene el privilegio de contar con uno o varios legisladores que representan sus intereses. Paradójicamente, los medios electrónicos públicos tampoco son prioridad para el gobierno.
Las radios comunitarias tienen la simpatía de unos cuantos individuos y grupos pero carecen del respaldo de las grandes formaciones políticas. Hace años, algunos integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se involucraron en su promoción y defensa. Si en la actualidad la funcionaria capitalina Claudia Sheinbaum promociona segundos pisos en el viaducto, en 1994 promovía una “Radio Pirata” que transmitía los sábados desde una de las plazas de Coyoacán. La acompañaba Marco Rascón que durante años impulsó la idea de las radios comunitarias y como diputado del PRD presentó, sin éxito, una iniciativa de ley en este terreno. El activismo perredista se ha ido diluyendo. Aleida Calleja, representante en México de la AMARC comenta que algunos legisladores ven con simpatía su causa, pero que “ninguno quiere tomar la papa caliente de enemistarse con los concesionarios”. Pese a ello, continúa, cuentan con el respaldo internacional de la AMARC, organismo reconocido por la UNESCO -incluso forma parte del Consejo Consultivo de dicho organismo multilateral-que tiene una enemistad histórica con la Asociación Internacional de Radiodifusoras (AIR), que es el equivalente internacional de la CIRT.
Las diferencias podrían resolverse porque en cuadrante y mercado existe espacio para una industria mediática privada, para una pública y para medios de comunicación pequeños que respondan a los intereses y diversidades de las miles de comunidades que tiene el país. Un modelo tripartito tiene más sentido en un siglo en el que una esperanza está en la supervivencia de la diversidad cultural frente a los embates de la homogeneización cultural que viene de Estados Unidos.
Hay actores internacionales que respaldan este enfoque. En un reciente informe del Relator de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se considera que “resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias”. Esa misma relatoría añade que los “Estados, en su función de administradores de las ondas del espectro radioeléctrico, deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades a todos los individuos en el acceso a los mismos”. Ese era uno de los ideales que alimentó una transición que, a juzgar por los hechos, se quedó estancada.
La miscelánea El Grupo Reforma reporta (abril 15, 2003) que en La Habana “Samuel Aguilar, del PRI, y Miguel Rosado, del PRD, rechazaron condenar la aplicación de la pena de muerte en Cuba... porque esa condena es parte del marco legal local”. Con esa lógica tendrán que guardar silencio la próxima vez que en Estados Unidos ejecuten a un mexicano al que se le violaron derechos garantizados en tratados internacionales. A propósito, ¿en que momento se sumó el PRD a la campaña del PRI a favor de la pena de muerte?
sergioaguayo@infosel.net.mx