“Las leyes no pueden exigir obediencia si no conceden protección”.
Juan Donoso Cortés
¿Y todavía nos preguntamos por qué México es un país pobre? Basta ver el caso de la familia Jones-Wersch en Chiapas para entenderlo. En México no existe ningún respeto para los derechos de propiedad, especialmente cuando el despojo lo realizan grupos que se presentan bajo una bandera política.
Dos ciudadanos estadounidenses, Ellen Jones y su marido Glenn Wersch, establecieron hace ocho años un pequeño hotel de ecoturismo, Rancho Esmeralda, en un terreno de diez hectáreas y media en el municipio chiapaneco de Ocosingo. Éste es el tipo de inversión que podría ser el sueño para una zona como Ocosingo y para muchas otras áreas rurales del país. El pequeño establecimiento genera empleos a través de un turismo no contaminante: deseoso incluso de entender a las comunidades indígenas del lugar. Quienes trabajan en el hotel y en las actividades que realizan sus huéspedes, no tienen ya que preocuparse de los vaivenes de los mercados agrícolas o de la pobreza que surge del cultivo de subsistencia del maíz. Pero resulta que un grupo de vecinos se sintió atraído por la modesta prosperidad de Rancho Esmeralda. Alentados por la impunidad con la que se puede robar en nuestro país cuando se emplea un membrete político -ya sea Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Frente Popular Francisco Villa o cualquier otro-, estos vecinos, que no estaban originalmente vinculados al EZLN, se convirtieron repentinamente en “zapatistas” y le informaron a la familia Jones-Wersch que habían decidido “expropiar” su rancho.
Éstos, conversos al zapatismo, ordenaron el desalojo del lugar y como no se les obedeció han procedido a secuestrar, golpear y hostigar a dueños y empleados así como a establecer un bloqueo en el camino de ingreso de la propiedad. No hay por supuesto ninguna base legal para esta supuesta expropiación. El predio dista mucho de tener las 100 hectáreas que son el límite de extensión establecido por la ley para predios rurales. El turismo no es todavía, por lo menos que me haya yo enterado, una actividad prohibida en nuestro país.
Lo que estamos viendo es un simple y llano despojo, el cual, en un régimen de derecho, debería haber llevado a una inmediata respuesta por parte de las autoridades. Sólo que en este caso, como los ladrones ondean la bandera zapatista, los funcionarios municipales, estatales o federales pretenden lavarse las manos. Las declaraciones que la prensa nos ha traído de las autoridades son realmente indignantes. El presidente municipal, Omar Burguete, ha tratado pacientemente de explicarle a los estadounidenses que tienen que entender que en Chiapas no hay ley. El delegado de la Secretaría de Gobernación, Germán de la Rosa, le advierte a los dueños de Rancho Esmeralda que no se les puede dar protección porque los del EZLN son “intocables”. El gobernador, Pablo Salazar, minimiza la importancia del problema porque dice que la mayoría de los turistas en la zona son europeos y no estadounidenses. Emilio Zebadúa, el secretario estatal de Gobierno, dice que va a buscar una negociación. No recuerdan los funcionarios que, al asumir sus cargos, todos juraron cumplir y hacer respetar la ley.
Hoy habría que cambiar ese juramento por el de cumplir y hacerla respetar, excepto en los casos en que la violen políticos, porque entonces habrá que negociarla. No es ésta la primera vez que vemos este tipo de despojos en Chiapas. Después de la rebelión neozapatista del primero de enero de 1994, algunos grupos de ejidatarios y comuneros exigieron a la autoridad la expropiación de algunos “latifundios”. Resultó que éstos se encontraban perfectamente dentro de la ley: había uno, incluso, de apenas dos hectáreas. Pero lo que ambicionaban los supuestos neozapatistas era apoderarse de la prosperidad, aunque fuese modesta, de su producción. El Gobierno decidió finalmente, por razones políticas, comprar obligatoriamente -que no expropiar- los predios para entregárselos a estos grupos. En muchos de esos casos los ranchos están ahora sin producir. Es muy probable que lo mismo ocurra con Rancho Esmeralda. Quienes hoy exigen su entrega, probablemente no podrán llevar a cabo el trabajo personal que ha permitido el éxito de su actividad ecoturística. Pero lo realmente triste es el mensaje que nuevamente se manda al mundo: en el campo mexicano y especialmente en Chiapas, no hay ley. Y ése es finalmente el mensaje que ha traído la pobreza rural a nuestro país.
Crisis en el campo
En realidad el presidente Fox tiene razón: no hay crisis en el campo, porque no ha habido un cambio drástico en su situación en los últimos años o décadas. Lo que sí hay es una pobreza abrumadora que no tiene nada que ver con el TLC.