La visita del alcalde Guillermo Anaya al sitio de la macro invasión de terrenos en el Ejido Zaragoza es un hecho positivo pero tardío, lo que obliga al edil a instrumentar una estrategia para recuperar el tiempo perdido. El problema en cuestión debe resolverse con la concurrencia de los niveles Estatal y Municipal de gobierno, así como con la buena y activa disposición de los protagonistas, es decir, propietarios y precaristas.
Por ello la invitación que hace el Alcalde a los propietarios de los terrenos para que se sienten a la mesa del diálogo es pertinente pero incompleta, si al propio tiempo no señala la responsabilidad que corresponde a la parte invasora. Equivoca también el Alcalde al no definir qué aporta su administración, puesto que al gobierno le toca asumir y ejecutar la política de vivienda popular.
El Gobierno de Coahuila carga con su propia omisión y responsabilidad al respecto, pese a lo dicho por el secretario de Gobierno Raúl Sifuentes en el sentido de que en el caso no existe indolencia ni apatía del Estado. La expresión se produce en el marco de una visita del funcionario a nuestra ciudad, en la que además de meras declaraciones no aporta acción concreta alguna para resolver el problema.
En vista a la falta de coordinación mostrada en el caso que nos ocupa, el Secretario de Gobierno manifiesta que la relación entre Estado y Municipio es buena y que cualquiera apreciación en contrario es causada por terceros que desean “amarrar navajas”. Lo expresado por el funcionario estatal está sujeto a ser probado en el terreno de los hechos, mediante acciones de ambos niveles de gobierno en beneficio de la sociedad que disipen toda duda.