GÓMEZ PALACIO, DGO.- Para verificar la claridad y transparencia en el manejo de los pagos para la libertad bajo caución, se lleva a cabo una auditoría a cinco agencias del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Justicia del Estado.
Rafael Urista Dávalos, contralor interno de la Procuraduría General de Justicia del Estado, estará coordinando los trabajos de revisión de los expedientes donde los inculpados se acogieron al beneficio constitucional.
Las agencias auditadas son las dos mesas de Delitos Diversos y las tres mesas de Delitos Patrimoniales. “El mes pasado implementamos un sistema para que el Ministerio Público no tenga contacto con el dinero”, señaló el funcionario estatal.
La Procuraduría de Justicia tiene una cuenta donde se depositan todas las finazas de los inculpados, las mismas son regresadas o consignadas según la resolución final en cuanto a la procedencia del delito.
Por su naturaleza, la citada cuenta es calificada como un fondo “parásito”, el cual no permite su aplicación como recurso económico, toda vez que el dinero es regresado a los afianzados mediante un cheque.
Las auditorías en las agencias del Ministerio Público se realizarán durante la presente semana y será en un lapso de 15 días cuando se obtengan los resultados, mismos que serán emitidos por la autoridad correspondiente.