La Convención Nacional Hacendaria programada en un inicio para principios del próximo año se adelanta. Hay razones para ellos, los gobernadores quieren fijar de manera conjunta sus posturas ante la inminente discusión de la Reforma Hacendaria en el próximo periodo legislativo. Los gobernadores argumentan que el pacto federal tiene que revisarse, que el statu quo es insostenible. Tienen razón, pero las cuestiones de fondo son un tanto distintas a las que ellos esgrimen. El pacto fiscal federal tiene que revisarse porque genera incentivos perversos, porque alienta el gasto improductivo y porque existe poca transparencia y rendición de cuentas sobre el mismo. La relación fiscal entre la federación estados y municipios tiene que replantearse pero no solamente en el sentido que los gobernadores quieren. Seria deseable que la Convención Nacional Hacendaria a la que convocan, fuera un espacio de discusión sobre estos temas y no solo una palestra en la que los gobernadores piden más sin dar nada a cambio.
Los ejecutivos estatales reclaman la autonomía que sin duda les corresponde, pero no abrazan con igual entusiasmo las obligaciones de la que esta viene acompañada. Por años, se vieron sujetos a un tutelaje por parte del gobierno federal que redujo casi hasta desaparecer sus márgenes reales de decisión. Es legítimo que reclamen su mayoría de edad en la conducción de los asuntos que les competen. Pero también debería serlo el que se hagan responsables de las tareas más elementales que corresponden a todo estado moderno como es la recolección de impuestos. El esquema actual los deja en el mejor de los mundos: con muchos derechos y pocas obligaciones.
Más de 90 por ciento de los ingresos de los estados provienen de transferencias del gobierno federal.
La peculiar distribución de potestades tributarias y responsabilidades de gasto son producto de la historia, de la acumulación de reformas en la que las partes involucradas en el pacto federal han buscado acomodo, pero también de un cambio en la distribución del poder, en la que el Presidente de la Republica fue perdiendo sus tradicionales mecanismos de control y poder con los ejecutivos estatales. La creciente transferencia de recursos federales a estados y municipios pocas veces siguió un plan preconcebido cuyo objetivo fuera una mayor eficiencia en el ejercicio del gasto. Mas bien fueron producto de un estira y afloja, que se intensifico después del 2000, una vez que el PRI perdió la presidencia dando por resultado lo que tenemos: un esquema en el que se debilitaron los lazos de control federal, pero en el que no se han creado los mecanismos de control a nivel local; un esquema en el que los ejecutivos estatales se llevan las glorias que acompañan el ejercicio del gasto, sin pagar el costo político de recaudar esos recursos. Uno en el que no están obligados a rendir cuentas al gobierno federal porque el ejercicio soberano de su autoridad y sus atribuciones no les obliga a ello y porque no existe el vinculo local de pago de impuestos con la exigencia de rendición de cuentas que este trae aparejado.
Este desempate es costoso y tiene consecuencias concretas en la manera en que el gasto público es ejercido. La competencia política electoral a nivel estatal o local es un mecanismo necesario más no suficiente para obligar a los políticos a rendir cuentas sobre su desempeño. Es necesario revisar de manera integral el esquema de potestades fiscales y responsabilidades de gasto de manera que se eliminen los vicios que el esquema actual presenta.
Es por iniciativa de los gobernadores que convocan a una nueva Convención Nacional Hacendaria. Un buen momento para abrir la caja de Pandora del federalismo fiscal y para que se creen los cimientos de una transformación que redunde en bienestar para todos. Es tiempo de otorgar la mayoría de edad a nuestra naciente democracia, que mejor que empezar por la vía de lo fiscal.
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