24 octubre 2003
Washington, (Notimex).- Estados Unidos rechaza las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió hace un año a favor de más de 300 prisioneros detenidos en Guantánamo, Cuba, informó hoy el jurista chileno Jose Zalaquet.
Indicó que "estamos en una situación de continua insistencia en torno a las necesidades de un órgano especial que determina la situación jurídica de los detenidos y una posición discrepante de Estados Unidos".
El rechazo se ha mantenido a pesar de la incorporación de argumentos sobre la presencia de menores de edad entre los 600 prisioneros sospechosos de ser miembros de la red Al Qaeda y del régimen Taliban, que son mantenidos en esas instalaciones.
El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que la revelación sobre la presencia de menores entre los detenidos, fue presentada en una audiencia celebrada en el marco del 118 periodo ordinario de sesiones de la comisión.
Zalaquet recordó en que esa audiencia, Estados Unidos mantuvo su posición de rechazo, aún y cuando en el caso de los menores su ratificación de la Convención de los Derechos del Niño los obliga a observar con los preceptos para proteger a esta población.
Explicó que la posición estadounidense descansa en el argumento de que la comisión no tiene jurisdicción para interpretar los derechos humanitarios, que son los que se refieren a las leyes de guerra, y los que Washington ha invocado en estos casos.
"Nosotros no discutimos que no tenemos jurisdicción sobre los derechos humanitarios, y tampoco que las medidas cautelares son eso, pero concluimos que puede haber muchas personas donde se apliquen derechos humanos porque no son combatientes", explicó.
Lo que estamos tratando de ver, agregó, es quienes caen dentro de la ley de la guerra y quienes no, y con respecto a las medidas cautelares, entendemos que son eso, pero también entendemos que esas medidas cautelares deben cumplirse de buena fe.
Cuando la CIDH emitió las medidas cautelares en marzo pasado, estimó que éstas son apropiadas y necesarias "para asegurar que el status legal de cada uno de los detenidos sea clarificado y les den las garantías legales que les corresponde".
Las medidas fueron dictadas en respuesta a la petición presentada el 25 de febrero del 2002 por las organizaciones no gubernamentales Centro para Derechos Constitucionales, la Escuela de Leyes de Columbia y el Centro de Justicia Internacional.
En su solicitud, las peticiones refirieron las condiciones en que son mantenidos la mayoría de los detenidos, que dijeron no se ajustan a las normas establecidas por la Convención de Ginebra.
Recordaron que aunque la Cruz Roja Internacional raramente hace públicas sus diferencias con gobiernos, esta vez lo hizo dado el rechazo de Washington a tratar a los detenidos como presioneros de guerra, aún cuando estos fueron detenidos durante combate.
En sus resoluciones sobre las medidas, la CIDH se refirió al hecho que el ejecutivo estadounidense se ha negado a conferirles dicho estatus, "sin someter la cuestión a la determinación de un tribunal competente" en apego al derecho interno e internacional.