SUN-AEE
MÉXICO, D.F. - Para cortar de tajo cualquier pretensión de los vecinos del norte por abrir Pemex a la inversión extranjera, el gobierno del presidente Vicente Fox aseguró que de “ninguna manera” aceptará una propuesta de ese tipo a cambio de la firma de un acuerdo migratorio.
Refrendó lo que ha venido sosteniendo en múltiples ocasiones de que la industria petrolera mexicana no se vende ni privatiza.
A través de un comunicado de la Presidencia de la República, emitido ayer, no dejó de reconocer que desde el arranque de esta administración ha sido una prioridad lograr un acuerdo migratorio con el gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, “de ninguna manera se aceptará negociar dicho acuerdo a cambio de la apertura de Petróleos Mexicanos a inversiones extranjeras”, dice el texto de la Presidencia.
Con esta precisión se echó abajo el propósito de un grupo de congresistas estadounidenses que el viernes pasado había considerado la posibilidad de ver capital extranjero en Pemex a cambio de un pacto a favor de millones de migrantes.
En Washington, en un Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, se aprobó una enmienda para condicionar la firma de un pacto de esa naturaleza.
Como se sabe, se trata de una resolución que forma parte de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores que fue ratificada por 24 votos a favor y 22 en contra.
Aun cuando es una resolución que estaría apenas en el principio del proceso legislativo norteamericano, porque todavía tendría que pasar al pleno de la Cámara de Representantes y luego al Senado, el gobierno de México aclaró ya su posición.
“Desde el inicio de este gobierno, se han emprendido importantes transformaciones en Petróleos Mexicanos para modernizar su infraestructura y transparentar su administración, y así garantizar que el petróleo se preserve como patrimonio de los mexicanos”.
, afirma el comunicado de la Presidencia de la República.
También reitera que “en este gobierno no se privatizará ni se venderá Pemex”.
Para el gobierno de Fox, la firma de un acuerdo migratorio es una prioridad y continuará buscando llegar a un arreglo con el gobierno de Estados Unidos en esta materia.
Las autoridades mexicanas han considerado necesario la participación de los dos gobiernos para signar un pacto que garantice el respeto a los derechos humanos de migrantes que van al vecino país con el fin de conseguir un trabajo.
El objetivo es regularizar a los cuatro millones de mexicanos que atraviesan con ese propósito la frontera norte.
La propuesta que surgió de un grupo de congresistas norteamericanos, aun cuando alcanzara el visto bueno del pleno de la Cámara de Representantes y del Senado, no tendría carácter obligatorio para el gobierno de George W. Bush.
Es decir, para Bush sólo sería un punto de acuerdo del Poder Legislativo que podría aplicar o no.
Independientemente del destino que tenga en Estados Unidos la idea de los congresistas, el gobierno de Fox pintó su raya y de antemano destacó su planteamiento de que no le entra a una negociación migratoria a cambio de aceptar capital extranjero en Pemex.