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Rechaza la CDHC más facultades

SALTILLO, Coah.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHC), Miriam Cárdenas Cantú, rechazó que se les otorguen a estos organismos en el plano nacional (CNDH) como en los estados, facultades extra constitucionales para la investigación de delitos penales que deriven en violaciones a los derechos humanos, “porque sería romper con su esencia”.

Esta propuesta fue presentada por la senadora del PRD, Leticia Burgos Ochoa, en el Senado, en la sesión del pasado día 4 de este mes, donde propuso que las citadas comisiones en los casos en que las mismas violaciones a los derechos humanos sean constitutivas de delitos puedan investigar, y hasta ejercitar acciones penales. Además, pidió las reformas necesarias a la Constitución y a las leyes de la materia.

Sobre esto, Cárdenas Cantú, expresó: “Me parece que rompería con la esencia de lo que es la propia Comisión. La naturaleza de un “ombusdman” es la de ser un mediador cuando una autoridad ha realizado un acto que vulnera los derechos humanos, no cuando los particulares no cuando los particulares lo hacen”.

Dijo que cuando hay violaciones graves a los derechos humanos, como atentar contra la libertad, la vida y la integridad física de las personas; en estas ocasiones sólo se investiga por parte de la CDHC qué tantos elementos violatorios existen para acreditar que tal o cual autoridad está vulnerando los derechos de un ciudadano.

Consideró que el otorgar las facultades que se piden para las comisiones, quitarle el sentido que tiene y dirigirla a otros fines.

Indicó que lo mejor es pedirle a las procuradurías, federal y de los estados, que hagan bien su trabajo, que cumplan con sus funciones y que se les den más apoyos materiales, técnicos, científicos y humanos y que se les mejoren sus presupuestos.

“Pero no es posible pretender otorgar facultades a otro tipo de organismos, porque una institución no esta funcionando”, puntualizó.

Añadió, que además las comisiones quedarían como una institución investigadora y persecutoria, alejada totalmente de sus fines para los cuales fueron creadas; es decir, de velar por que los servidores públicos no violen los derechos humanos y de promover entre las autoridades y la sociedad la cultura de respeto a los derechos humanos.

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